La Fiscalía ha estrechado aún más el cerco al Govern por los preparativos para el referéndum independentista que pretende convocar este año. Ayer presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y contra el secretario general de Gobernación, Francesc Esteve, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. La querella considera que el reciente anuncio de licitación para la compra de urnas por parte del Govern «supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista» que es contraria a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
La Fiscalía Superior de Cataluña pidió esta acusación, que puede extenderse a otros representantes del Govern, tras constatar el anuncio del Diario Oficial de la Generalitat de 9 de mayo en el que se publicitaba un acuerdo marco para que las empresas participen en una licitación de unas 12.000 urnas, de metacrilato o de cartón, por 200.000 euros.
La querella indica que la consejera impulsó un trámite «constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado, extravagante de las genuinas funciones de las que estaban investidos conforme a la Constitución y al Estatut y que conduce al pueblo español y a todos los ciudadanos de Cataluña a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura». El fiscal cree que se posibilita «la celebración de un referéndum ilegal como paso esencial en el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, desvinculando a las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional y dinamitando el sistema de distribución de competencias».
A diferencia de los procedimientos abiertos en el TSJC contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o algunos miembros de la Mesa, la Fiscalía considera que Borràs y Esteve pudieron cometer una malversación de dinero público, lo que conlleva penas de prisión. En este sentido, creen que actuaron de forma consciente para iniciar «los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista que saben que no sólo es contrario al ordenamiento jurídico, sino que vulnera frontalmente los mandatos del Constitucional». Remarcan que los cargos del Govern tienen una «pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución».
Incluso lamentan que la Generalitat licitase la compra de urnas «pese a tener pleno conocimiento de la inconstitucionalidad de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación y de las expresas advertencias del Tribunal Constitucional». La Fiscalía recuerda que el Govern tiene un acuerdo con el Estado paras recibir urnas cada vez que hay elecciones y remarca que por eso el anuncio de la Generalitat no concretaba «el destino para el que iban a ser utilizadas y que, además, aparentara no implicar una disposición de fondos».
El TSJC debe decidir si admite la querella en los próximos días y si cita a Borràs y Esteve como investigados, y a la interventora de la Generalitat como testigo, así como la aportación de documentos de la licitación de la compra de urnas. De momento, la consejera acusó al Estado de «tener miedo a las urnas» y de actuar de forma «dictatorial», ya que el proceso del anuncio público es «impecable». «Estos hechos son propios de otra época, en el sentido de que el Estado no permite el debate en el Parlament y persigue un acuerdo para el suministro de urnas; es un Estado urnafóbico», dijo Borràs.