EL MUNDO – 23/04/15
· Insta al Tribunal Superior catalán a inquirir al Govern sobre los cinco millones que se gastó en la votación.
La Fiscalía Superior de Cataluña tiene claro que más allá de la autoinculpación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre la consulta del 9-N, los funcionarios son quienes están detrás de toda la burocracia. Por eso, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inste al Govern a entregar los expedientes administrativos de la organización de las votaciones. Y por si esta documentación no aparece o no existe, el Ministerio Público ha requerido que un funcionario responsable emita el certificado correspondiente, en previsión de que se pueda exigir algún tipo de responsabilidad.
Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled reclaman una «certificación firmada por funcionario debidamente identificado donde se indique el importe y concepto de los gastos concretos efectuados con cargo a la partida de 5.075.000 euros que figura imputada a gastos corrientes de bienes y servicios en la aplicación 2270004 processos electorals i consultes populars». De esta forma, los representantes del Ministerio Público quieren conocer en qué se gastó el Gobierno de Mas esta cantidad directamente relacionada con las votaciones del 9-N.
En el escrito que ha presentado al juez, la Fiscalía reclama esta documentación para determinar si se ha producido un delito de desobediencia a autoridad judicial y otro de malversación de caudales públicos, tal y como indica en su querella. El TSJC debe decidir sobre si unifica las numerosas acusaciones populares que hay en esta causa –como las que representan a Vox, UPyD, Manos Limpias, Plataforma per Cataluña o dos sindicatos policiales– en una sola y si les pide algún tipo de fianza. Después, el magistrado ponente estudiará la petición.
Si prospera la petición de la Fiscalía, la Generalitat deberá presentar ante el Tribunal los expedientes de contratación realizados por la Administración para organizar las votaciones, como por ejemplo los encargos para confeccionar las papeletas y las urnas que se hicieron a la empresa pública que gestiona el trabajo dentro de las cárceles; el funcionamiento de la página web y los datos informáticos que se incorporaron; la identificación del administrador y de su mantenimiento; el servicio del transporte y distribución del material; las pólizas de seguro contratadas por posibles accidentes relacionados con la votación; el equipo informático de cada punto de votación y qué se ha hecho con él; el alquiler del centro de prensa de Montjuic, así como las personas encargadas de gestionar el acceso a los locales.
También se destaca en la petición fiscal los puntos de votación en el extranjero y se reclaman las circulares internas sobre la gestión técnica del proceso participativo y las comunicaciones del Departamento de Enseñanzaa los directores de centros públicos para la cesión de los colegios y otros edificios como espacios para las votaciones. Reclaman por último al Tribunal Constitucional el procedimiento sobre el 9-N.