EL MUNDO 13/11/14
· La Fiscalía General espera para hoy un texto final que se centrará en la desobediencia al TC
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene previsto remitir hoy a la Fiscalía General el texto ultimado de la querella que, a su juicio, procede interponer contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por incumplir la resolución en la que el Tribunal Constitucional suspendía la celebración de la consulta del 9-N.
Éste es el resultado práctico de la reunión que tuvo lugar ayer en Madrid entre el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a la que también asistieron el jefe de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno, y el teniente fiscal de Cataluña, Francisco Bañeres.
La reunión, que se prolongó durante una hora y media, se celebró a petición de los fiscales catalanes, que propusieron venir a Madrid a explicar las razones por las que consideran que la querella debe acotarse –tanto en lo relativo a los posibles delitos como en lo que afecta a las personas– respecto a los borradores preparados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y que han sido debatidos por los fiscales de Barcelona.
Romero de Tejada y Bañeres sostuvieron que la acción penal debe limitarse a Mas y Ortega por ser los responsables de la Generalitat a los que de manera inequívoca pueden atribuirse concretos actos personales constitutivos, presuntamente, de un delito de desobediencia. Quedarían excluidos la consejera de Educación, Irene Rigau, y el consejero de Interior, Ramon Espadaler, a los que sí incluían los borradores elaborados por la Secretaría Técnica.
No obstante, la postura definitiva de los fiscales catalanes aún debe concretarse porque, de hecho, se ha ido modificando desde el pasado lunes. Por ejemplo, en un principio ellos eran partidarios de incluir el delito de malversación de fondos públicos –que los borradores de la Fiscalía General no contemplaban– junto a la prevaricación y la desobediencia. Ayer, sin embargo, plantearon actuar sólo por esa última infracción.
El delito de desobediencia castiga a las autoridades o funcionarios «que se nieguen a dar el debido cumplimiento» a las resoluciones judiciales o a las órdenes de la autoridad superior. Está castigado con multa e inhabilitación especial para cargo público, lo que le costaría la carrera política a Mas y Ortega en caso de ser condenados. Así le ocurrió al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, a quien se aplicó ese delito por desobedecer la orden del Tribunal Supremo de que disolviera el grupo parlamentario de Batasuna.
Fuentes de la Fiscalía General negaron que haya tensiones y restaron dramatismo a lo que consideran meras diferencias de criterio, del todo habituales cuando se trata de cuestiones jurídicas de cierta complejidad.
Las mismas fuentes recordaron que Torres-Dulce siempre ha dejado que los fiscales a los que corresponden los asuntos fijen su criterio de forma autónoma «y así será también en este caso». La Fiscalía General esperará a que los fiscales de Cataluña determinen qué es lo que hay que hacer y luego el fiscal general tomará la decisión definitiva.