EL MUNDO – 03/02/16
· Estima que incurrieron en prevaricación y desobediencia y también implica a Homs.
Artur Mas apunta al banquillo de los acusados. Así lo considera la Fiscalía Superior de Cataluña, que ha concluido en un escrito que el ex presidente de la Generalitat desobedeció al Tribunal Constitucional (TC) al mantener la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N pese a la suspensión de los magistrados.
Los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres han presentado un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tramita esta causa, en el que detallan la participación de los tres imputados: Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau.
Sobre Mas, indican que conoció cuatro días antes la decisión del TC de no autorizar la consulta y que «incumplió la obligación que como convocante le atañía de dejar sin efecto» el 9-N. Sobre Ortega, la Fiscalía indica que «asumió el control público» de la jornada de votación, coordinando el trabajo de los funcionarios públicos implicados, además de impulsar actuaciones administrativas para permitir las votaciones. Respecto a Rigau, los fiscales afirman que utilizó el Departamento de Educación para que los directores de instituto abrieran las puertas la jornada de votación y «se encargó» de que ese día hubiera 6.695 ordenadores portátiles en los centros.
Para el Ministerio Público, los tres imputados se sirvieron así de «las potestades propias de sus respectivos cargos» para permitir los preparativos «imprescindibles» del 9-N pese a la suspensión del Constitucional. «Si bien es cierto que las votaciones fueron materialmente gestionadas por voluntarios, la instrucción ha revelado que, sin los medios de la Administración autonómica empleados antes y después de la suspensión cautelar, la votación no hubiera podido tener lugar en los términos pretendidos», concluye la Fiscalía, quien acusa a Mas, Ortega y Rigau de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Pero el escrito fiscal va más allá y considera que también existen indicios penales en la actuación del entonces conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ya que en una carta remitida el 6 de noviembre de 2014 a otro miembro del Govern, Felip Puig, se escudaba en los servicios jurídicos de la Generalitat para determinar que se podía seguir adelante con los preparativos de las votaciones, considerando que «no están explícitamente afectados por la providencia» del TC.
La Fiscalía cree que Homs «irrazonablemente legitimó la continuación de los trabajos» que culminaron con las votaciones. Por ello, ha pedido al TSJC que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre las responsabilidades penales del actual diputado en el Congreso por Democràcia i Llibertat. Por este cargo Homs es aforado y su imputación la decide el Supremo, aunque fuentes de la Fiscalía explicaron a este diario que sólo debería investigarse en este tribunal el presunto delito del ex consejero, mientras que el resto de la causa seguiría en el TSJC.
La Fiscalía detalla que Homs se escudó en los servicios jurídicos de la Generalitat y en «otros expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional, habrá que entender que externos a la Administración», para justificar la continuación del 9-N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.
Para la Fiscalía, esta petición de asesoramiento judicial indica «un comportamiento de indudable trascendencia, en tanto que denota un actuar consciente e intencionalmente encaminado a garantizar que las actuaciones materiales de preparación de la votación convocada para el 9 de noviembre continuaban su curso, soslayando la suspensión constitucional». Por eso, los fiscales creen que hay indicios de que Homs cometió un delito y piden al TSJC que razone su imputación al Supremo. Además, recuerdan que no han recibido de la Generalitat ningún informe judicial respecto al proceso soberanista usado por la Administración pese a que el TSJC los solicitó.
EL MUNDO – 03/02/16