Tonia Etxarri-El Correo
Un fiscal general del Estado, el primero imputado en la democracia, negándose a responder como si fuera un sospechoso habitual , solo contribuye a ahondar, aún más, el nivel de desprestigio al que está llevando Álvaro García Ortiz a una institución tan respetable hasta hace siete años. Pero eso fue lo que ocurrió ayer en la sede del Alto Tribunal. Que el imputado negó al instructor la oportunidad de interrogarle mientras le acusaba de estar actuando de forma «predeterminada». Campaña contra el juez como arma de intimidación. Esa fue su reacción ante la investigación por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos con la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Con la táctica de presentarse como víctima del registro que sufrió en su despacho por parte de la UCO y que le sirvió de excusa a la teniente fiscal para no plantear ninguna cuestión al imputado. Todo bajo control, mientras el ministro Bolaños le defendía en el juzgado paralelo de un plató de la televisión pública, vendiendo su honorabilidad y manifestándose esperanzado de que muy pronto, en este caso, prevalecerá la justicia. Que, traducido a su román paladino particular, quiere decir que si García Ortiz resulta inocente de las acusaciones, se habrá hecho justicia.
En caso contrario, no. Desde las redes sociales, los foros judiciales no cesaban de interpelar al ministro: «No se puede llamar delincuente confeso a alguien que no haya confesado ningún delito delante de un juez». Y, como en el caso de González Amador, eso todavía no ha ocurrido, ministros y ministras, conténganse un poco.
Responder ante el Supremo sólo a las preguntas de su defensa (la Abogacía del Estado, en su caso) es un derecho que le asiste y es normal que lo ejerza. Otra cosa es que el ciudadano, fiscal general del Estado, arremeta contra el juez enmendándole la plana, alegando que su instrucción es nula. Preparando ya su recurso ante el Constitucional. Una declaración gruesa para defenderse en todas direcciones.
Si no tuviera nada que ocultar, ¿qué problema habría en responder a las preguntas del juez Hurtado? Pues que seguramente le habría formulado preguntas incómodas sobre los seis indicios que le atenazan. Desde las conversaciones de su móvil, el borrado de los mensajes, el cambio de terminal, la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el móvil del socialista Juan Lobato hasta sus prisas por emitir la nota de prensa que desvelaba datos reservados de un contribuyente. Difícilmente habría salido airoso.
El caso es que su declaración, negando haber filtrado correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dejó muchas incógnitas que despejar. Al no responder ayer al juez, creyéndose impune, va perdiendo su relato. Se le va enredando el horizonte penal. Pero, sin duda, mantiene la esperanzas en que el polémico proyecto de ley de su jefe, Pedro Sánchez, que pretende desactivar la acusación popular y la de partidos políticos y asociaciones de jueces y fiscales, le allane el camino y pueda, ¿quién sabe?, irse de rositas. De dimisiones, ni hablamos.