EL CORREO 17/09/13
Torres Dulce aprovechó su discurso de apertura del año judicial para reclamar un plan de medidas de lucha contra la corrupción
El fiscal general del Estado metió de lleno el pulso soberanista catalán en el primer minuto del solemne acto de apertura del año judicial. Los dos párrafos iniciales de su discurso, con la excusa de saludar a la figura del Rey, que es quien siempre preside el acto, se convirtieron en un compendio de los artículos de la Constitución de 1978 que predican «la unidad de la nación» y el papel del Monarca como «jefe del Estado» y «símbolo de su unidad y permanencia».
El arranque de la intervención de Eduardo Torres Dulce destacó que «Monarquía y Estado, nación y Constitución, son fundamento de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Eso sí, no cambió de tema antes de remarcar que pronunciaba estas palabras en el salón de plenos del Tribunal Supremo, la cúspide de la Justicia. El jefe del Ministerio Público quiso recordar el papel central que la Justicia tendría ante cualquier tentación de Cataluña de adoptar consultas que vulneren la Carta Magna. Es el segundo año que el soberanismo toma protagonismo en el comienzo del curso. En 2012, fue el Rey quien anunció haber colgado una carta en la web de La Zarzuela, en la que calificaba las pretensiones nacionalistas de «quimera».
La tensión entre el Gobierno y Cataluña compartió este año protagonismo con otro tema: la lucha contra la corrupción. Torres Dulce denunció la trascendencia social de esta lacra y dedicó un tercio de su discurso a reclamar un amplio plan de actuación judicial y administrativo contra los corruptos, porque cree que los tribunales quedan «en evidencia» cuando no son capaces de dar «un respuesta solvente y tempestiva» a muchos casos, ya que defraudan las expectativas ciudadanas. Recordó que el número de investigaciones de corrupción ha crecido un 50% en los últimos seis años y las sentencias en un 151%, pero reclamó más medios humanos y materiales. Además, pidió más mecanismos de control en la Administración, incompatibilidades más duras y competencias de investigación y sanción para el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, y en su discurso de despedida como presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner exigió a los partidos un pacto de Estado por la Justicia y abogó por el «consenso» y no las tradicionales «cuotas» ideológicas como sistema para renovar antes de noviembre a los 20 miembros del órgano que él ha dirigido.