El fiscal investiga a Mintegi por enaltecer a ETA

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, para que investigue a la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, y determine si pudo incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo (de uno a dos años de prisión) al referirse la semana pasada al asesinato del socialista Fernando Buesa. Mintegi calificó el crimen como una «muerte por causas políticas» que podría haber sido «evitable» si se hubiera «dialogado» sobre el «conflicto político».

«Se considera necesario investigar las circunstancias y el contexto en que se realizaron esas manifestaciones para determinar si pudo cometerse por la misma u otras personas un delito de enaltecimiento o de justificación del terrorismo o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo», explica Calparsoro en el decreto de apertura de diligencias de investigación, promulgado el pasado martes y trasladado a la Cámara vasca para que colabore con las pesquisas y aporte a la Fiscalía una copia del acta de la sesión plenaria.

Las palabras de Mintegi fueron calificadas de «penosas» por el PNV -«una muerte es una muerte, pero un asesinato es un asesinato», dijo Joseba Egibar- y de «reprochables» por parte del PSE-EE. PP y UPyD fueron más allá y vieron en ellas la prueba de que la izquierda abertzale continúa justificando los crímenes de ETA. Mintegi, que luego pidió perdón en privado a los socialistas, pero se ratificó en público en su teoría del conflicto, dinamitó así la constitución de una ponencia de paz y convivencia en el Parlamento y emponzoñó el debate que se librará hoy en la Cámara, una sesión monográfica sobre la «resolución del conflicto político» en la que tocará consensuar un «suelo ético» para encarar la gestión del final de ETA.

La noticia trascendió ayer por la mañana, cuando la presidenta de la institución, Bakartxo Tejeria (PNV), emitió un comunicado para blindar a Mintegi y manifestar su «malestar y preocupación» por la investigación. «Menoscaba la inviolabilidad parlamentaria», argumentó sintéticamente Tejeria para criticar la apertura de una investigación. Los servicios jurídicos de Presidencia, basándose en una sentencia anterior del Supremo sobre unas palabras del diputado Jon Salaberria, añadieron que «la inviolabilidad no es sólo una prescripción que exime de responsabilidad, sino incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento».

Sortu, EA, Aralar y Alternatiba, los cuatro partidos que conforman EH Bildu, convocaron una rueda de prensa urgente para arropar «sin fisuras» a su portavoz. PSE-EE, PP y UPyD, por el contrario, respaldaron la actuación de la Fiscalía.

El enaltecimiento del terrorismo constituye una de las líneas rojas que trazó el Tribunal Constitucional como motivo de ilegalización cuando admitió el registro de Sortu como partido en la sentencia de junio de 2012. El Ministerio del Interior siempre ha avisado de que las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía estarían «vigilantes» ante los movimientos de la izquierda abertzale por si traspasaran esas conductas, pero parece improbable que esta investigación pueda suponer un problema para Sortu. Primero, porque Mintegi no es militante de este partido -optó por no afiliarse por ser la portavoz de cuatro formaciones- y segundo porque, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, sus palabras no constituyen indicio suficiente de reproche.

El precedente de Salaberria

El 12 de abril de 2002, el parlamentario de Sozialista Abertzaleak Jon Salaberria vino a decir lo mismo que Laura Mintegi pero con más crudeza: «La lucha armada de ETA responde a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco». La Fiscalía se querelló contra él y el Tribunal Superior vasco le impuso siete años de inhabilitación y uno de prisión. El Supremo lo anuló: según la jurisprudencia, la inviolabilidad del parlamentario está por encima de todo. Según el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Eduardo Vírgala, la ley «protege de manera absoluta la libertad de expresión» del parlamentario si habla en las Cortes.

EL MUNDO 22/03/13