ABC – 12/10/14
· Dignidad y Justicia dice que Casanova no podía acceder a un cargo público hasta 2016.
La Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el sustituto de Laura Mintegi en el Parlamento vasco, Iker Casanova, ha cumplido la pena de inhabilitación que le impuso en sentencia firme el Tribunal Supremo por pertenencia a ETA. Lo contrario supondría que, al ocupar su escaño, habría incurrido en un delito de quebrantamiento de condena. Las diligencias están ahora en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, después de que se las haya remitido la Audiencia Nacional. Fue Dignidad y Justicia la que alertó al Ministerio Público de que el hecho de que Casanova hubiera cumplido la pena de cárcel, al computarse el tiempo que pasó en prisión preventiva, no significa que haya hecho lo propio con la de inhabilitación.
Iker Casanova tomó posesión de su cargo en la Cámara de Vitoria el pasado 2 de septiembre. Sustituía a Laura Mintegi, que se vio obligada a renunciar porque no se atenía al guión que le trazaban los dirigentes de Bildu. Con la designación de Casanova, Rufino Etxeberria colocaba a un duro, fiel intérprete de la versión más integrista de la «izquierda abertzale». Y con ello, Bildu-Sortu se quitaban, una vez más, la capucha con la que lograron colarse en las instituciones por la puerta que les abrió el Tribunal Constitucional. Atrás quedó el intento de blanquear su pasado mediante la presentación de candidaturas lo menos contaminadas posibles. La «izquierda abertzale» volvía a sus orígenes e instalaba en el Parmanento vasco a un expreso de ETA, como en los «años de plomo».
Sentencia confirmada
En el escrito remitido a la Fiscalía, Dignidad y Justicia recuerda que el 19 de diciembre de 2007 la Audiencia Nacional condenó a Iker Casanova a 11 años de prisión y a inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, por un delito de integración en banda terrorista. El 22 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, aunque rebajó la pena a siete años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el mismo tiempo. Es decir, durante ese tiempo Iker Casanova no podría desempeñar ningún cargo público, entre los que está, evidentemente, el de parlamentario autonómico.
Según los datos aportados por la asociación que preside Daniel Portero, Casanova fue detenido el 13 de septiembre de 2002 y el día 16 fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, cuyo titular ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Permaneció en esa situación hasta el 12 de julio de 2003. De nuevo en la calle fue arrestado por otra causa, y el 11 de octubre se dictó contra él prisión provisional incomunicada. Quedó en libertad el 26 de junio de 2006. Finalmente, recuerda DyJ, pasó otro periodo en prisión preventiva, desde el 30 de noviembre de 2007 hasta el 31 de mayo del año siguiente. Y a partir del 1 de junio de 2009 ya se señaló el inicio de cumplimiento de condena.
ABC – 12/10/14