EL CORREO 12/03/13
El fiscal general JeanFrançois Ricard pidió ayer al Tribunal Especial de lo Criminal de París penas que totalizan 166 años de prisión para los diez presos del aparato militar de ETA, con sus exjefes Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ y Mikel Karrera ‘Ata’ a la cabeza, que son juzgados desde el 18 de febrero. Los acusados no asistieron al maratoniano informe oral de la acusación, de siete horas y media de duración, ya que provocaron su expulsión nada más iniciarse al ponerse de espaldas a la Corte y al Ministerio Público.
Las condenas más elevadas, de 20 años, fueron solicitadas contra ‘Txeroki’, ‘Ata’, Aitzol Iriondo ‘Gurbitz’, presunto lugarteniente del primero al frente de los ‘comandos’ armados, y Luis Iruretagoiena ‘Suni’, considerado experto en explosivos. Para Ander Mujika, Oihan Barandalla y Alaitz Aramendi, detenidos el 1 de setiembre de 2007 en Cahors en una casa de taller de megabombas como la que estalló en la T-4 de Barajas, pidió 18 años de reclusión.
En estos siete casos requirió la imposición de un período de seguridad de dos tercios de las penas, lo que implica que el cumplimiento íntegro durante ese período antes de acceder a la posibilidad de disfrutar de beneficios penitenciarios. Por último, solicitó 18 años contra Aitzol Etxaburu ‘Txikitxe’, diez contra Itziar Plaza ‘Idoia’ y ocho contra Jurdan Martitegi ‘Arlas’.
La petición fiscal quedó lejos de la cadena perpetua, pena máxima contemplada por el Código Penal francés para los delitos imputados al concurrir las circunstancias agravantes de terrorismo y transporte de explosivos en banda organizada. Salvo Plaza y Martitegi, los otros ocho procesados están acusados de haber participado en el secuestro en Francia de una familia guipuzcoana a finales de agosto de 2007 para robarle su autocaravana con el propósito de convertirla en un coche-bomba cargado con media tonelada de amonal para cometer un atentado, finalmente fallido, en Oropesa del Mar (Castellón).
El fiscal planteó que toda tentativa de clemencia en favor de los acusados justificada por la evolución actual de la situación en el País Vasco «debe quedar abocada al fracaso». A su juicio, los imputados formaban un grupo sumido en «una espiral de violencia extrema» y «no tienen derecho a recuperar en su beneficio lo que siempre combatieron, incluso cuando dirigían el aparato militar de la organización».
«Lo que ha pasado en estos dos últimos años se ha producido sin ellos y contra ellos», subrayó Ricard, quien se preguntó «¿por qué no renunciaron a la lucha armada cuando estaban al frente de ETA?». Enfatizó que ‘Txeroki’ y ‘Ata’ presentan un historial de «dos terroristas de los más extremos» y recordó que en el pulso interno sostenido con los jefes del aparato político se caracterizaron por «la afirmación de la más violenta acción armada» con la apertura de un frente contra Francia, la extensión de los objetivos a profesores, periodistas y magistrados así como la comisión de «atentados ciegos».
El representante del Ministerio Público insistió en que los juzgados «nunca ha sido actores del contexto que hoy conocemos, siempre se han situado en la dirección opuesta y jamás han cesado de preconizar la acción violenta». Argumentó que «saben muy bien donde están los zulos pero no han hecho ningún gesto de entrega de las armas pese a que no tendría ningún riesgo ni dificultad».
Ricard opinó que la «distinción repugnante» hecha por ‘Txeroki’ en el inicio del juicio entre víctimas colaterales y deliberadas «es exactamente contraria al discurso que se inscribe en un proceso de fin del terrorismo». Desde su punto de vista, esa fijación de dos categorías de víctimas supone una regresión, un retroceso y una marcha atrás que se explica por la voluntad de Aspiazu de «tener peso en el debate interno que existe en ETA» y representa «otra línea distinta a la línea oficial».
Texto en recuerdo de Anza
Antes de forzar su expulsión, la acusada Itziar Plaza leyó en francés un texto con los demás procesados puestos en pie en el que denunció la petición de archivo por la Fiscalía de Toulouse del ‘caso Jon Anza’ de cuya localización en la morgue de un hospital se cumplió ayer el tercer aniversario. Afirmó que Anza «fue asesinado», «probablemente por guardias civiles o policías españoles», y lo puso como «ejemplo de lucha y sacrificio militante», «una estrella que nos guía en la noche».
Previamente el abogado de la acusación particular, Frédéric Forgues, había pedido en nombre de la familia de Orio secuestrada una sentencia condenatoria y lamentó que los acusados no hubieran dado explicaciones al «multiplicar los incidentes y provocaciones con una defensa de ruptura». Resaltó que sus patrocinados sintieron «miedo, angustia permanente y la humillación de estar atados 72 horas con una cadena como perros» antes de destacar que «seis años después aún presentan secuelas psicológicas».