EL CORREO 11/06/14
· Dice que los tres antiguos dirigentes de la banda no tienen «ningún derecho» a beneficiarse del cese de la actividad armada «porque combatieron esa evolución»
· Acusó a los procesados de haber impulsado «la radicalización más violenta» de la organización
La Fiscalía francesa pidió ayer penas que suman 53 años de prisión para Ainhoa Ozaeta Mendikute ‘Kuraia’, Igor Suberbiola Zumalde ‘Kartxi’ y Jon Salaberria Sansinenea juzgados desde el 12 de mayo en París por formar parte de la cúpula política de ETA cuando fueron detenidos en Burdeos en mayo de 2008. El acusador público invitó al Tribunal Especial de lo Criminal a no tener en cuenta en su deliberación la renuncia a la lucha armada porque «no se juzga al pueblo vasco ni al movimiento nacionalista en su conjunto sino a tres personas por hechos criminales».
La petición fiscal se desglosa en 20 años para Ozaeta y 18 para Suberbiola por haber pertenecido desde la primavera de 2005 al comité ejecutivo ‘Zuba’ en su calidad de jefes de los aparatos financiero y político, respectivamente. Para Salaberria la solicitud es de 15 años por haber colaborado directamente con sus compañeros de banquillo, en especial al ejercer funciones en el entramado ‘Halboka’ que incluye el frente jurídico y la gestión de los presos.
El fiscal Jean-François Ricard planteó que los procesados cumplan íntegros dos tercios de las condenas antes de acogerse a beneficios penitenciarios y que no puedan residir en Francia tras salir de la cárcel. También aceptó la fusión parcial de las penas con otras sentencias anteriores impuestas en París lo que supone en la práctica que Ozaeta tendría que cumplir siete años más que los decididos por el tribunal y Suberbiola otro año adicional.
«Voluntad de matar»
«Afirmo aquí que los acusados no tienen ningún derecho a beneficiarse de la reciente evolución en el País Vasco español porque combatieron esas orientaciones que se produjeron en dirección totalmente contraria a sus posiciones cuando estaban al frente de ETA», dijo en alusión al abandono de la violencia anunciado en octubre de 2010. «Por el contrario, impulsaron la radicalización más violenta y dieron prioridad a las acciones terroristas por lo que hoy no pueden acogerse a una evolución de la que han sido espectadores y a una situación actual de la que son totalmente ajenos», expuso.
«La voluntad de matar y de cometer atentados es la firma de aquella dirección de ETA», insistió el representante del Ministerio Público en un informe oral de conclusiones definitivas de siete horas y media de duración. En esta línea, señaló que «el aparato militar disfrutó de un régimen favorable al máximo durante la gestión financiera de Ozaeta que nunca frenó las capacidades de la organización terrorista».
De la línea estratégica definida por el aparato político bajo la responsabilidad de Suberbiola destacó su «grado de fanatismo completo» y «las riendas muy cortas con las que ETA sujetaba a la izquierda independentistas en esa época».
Ricard opinó que «sólo los mafiosos son parecidos a las actividades de extorsión» practicadas en aquellos años por ETA para financiarse. Recordó que en la documentación intervenida figuraban 1.047 fichas de víctimas del ‘impuesto revolucionario’ hacia las que los imputados «no han pronunciado una sola palabra». El juicio continúa hoy con los alegatos de las defensas.