El fiscal pide imputar a la etarra arrepentida Guisasola por un asesinato de 1990

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido al juez Ismael Moreno que impute a la etarra arrepentida Carmen Guisasola, líder de la vía Nanclares, y a otros tres miembros de ETA por el asesinato del policía nacional Ignacio Pérez Álvarez, perpetrado el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya).

El fiscal jefe ha presentado esta semana un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 solicitando la reapertura del caso, sobreseído provisionalmente desde el 5 de febrero de 1993 y que iba a prescribir el próximo martes. La clave del informe policial en el que se basa la petición -las confesiones de dos etarras- estaba desde 1991 en manos de los investigadores, pero entonces la Fiscalía no lo utilizó y llegó a pedir el archivo.

Cuando fue asesinado, Ignacio Pérez Álvarez, nacido en Villagatón (León), tenía 39 años y tres hijos de cuatro, 10 y 14 años. Llevaba 11 años destinado en el cuartel de Basauri. Murió tras tomar algo con unos amigos en el bar Los Claveles por la explosión de una bicicleta bomba. Era la primera vez que ETA mataba de este modo. Se abrió una investigación, pero tres años después el fiscal del caso pidió su archivo por falta de autor conocido. El caso siguió en un cajón hasta que el pasado 21 de enero la Fiscalía solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre los datos que permitieran atribuir el atentado «a individuos o comandos concretos», con vistas a su posible reapertura.

El fiscal recibió el informe esta semana. En él consta que el asesinato fue cometido por el comando Txalaparta, integrado por Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez García, Francisco Javier Goitia (Kabi) y Nagore Múgica Álvarez.

Los dos primeros fueron detenidos en octubre de 1991, después de que Abad resultara herido y Kabi muriera al estallarles un artefacto. En sus declaraciones policiales, Abad y Martínez «reconocieron su participación» en el atentado de Galdácano -también en otros- e indicaron que la bicicleta con el explosivo «les fue proporcionada por Carmen Guisasola Solozábal y Julián Achurra Egurola (Pototo)».

En el informe aparecen también otros documentos incautados que corroboran estas declaraciones, según el fiscal jefe, que solicita al juzgado que reabra la causa con urgencia y cite como imputados a Gisasola, Pototo, Abad y Martínez. También le pide recabar del Juzgado Central 5 el testimonio de «todas las declaraciones policiales y judiciales» de Abad y Martínez.

La Fiscalía ha impulsado la reapertura de este caso sin resolver gracias a una pista proporcionada por la asociación vasca de víctimas del terrorismo, Covite. La plataforma que dirige Consuelo Ordóñez está embarcada en una investigación sobre algunos de los 326 crímenes de ETA que permanecen abiertos (el 40%). Covite descubrió esta información en una nota policial del año 2006 -cuando Francia entregó a Pototo temporalmente- y advirtió de ello al fiscal, que ha recabado la información pertinente.

Abad está libre tras cumplir sus condenas, mientras que Martínez y Pototo siguen entre rejas. Guisasola, condenada por tres asesinatos, disfruta de permisos de salida. Rompió con ETA, ha pedido perdón a las víctimas y exige al resto de presos que hagan lo mismo. Entre los requisitos para disfrutar de beneficios penitenciarios está colaborar con la Justicia para aclarar atentados. En su comparecencia ante el juez tendrá oportunidad de hacerlo.

EL MUNDO 01/02/13