EL MUNDO – 27/02/15
· Rebaja la pena a la que se enfrenta por integración en banda terrorista.
El máximo responsable de Sortu, Hasier Arraiz, se enfrentará pronto en el País Vasco a un juicio por un presunto delito de integración en banda terrorista por el que la Fiscalía superior de Euskadi ha rebajado su petición de pena de 10 a seis años de prisión e inhabilitación como cargo público.
El escrito de la acusación provisional está firmado por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, competente en la materia después de que la Audiencia Nacional haya desgajado el caso del macrojuicio contra una treintena de líderes de Batasuna, ANV y PCTV, al ser el líder de Sortu parlamentario vasco y por tanto aforado. Por eso lo juzgará de forma separada el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), previsiblemente a finales de año o principios del siguiente. El ponente será Roberto Saiz, magistrado del caso Ibarretxe y que hace poco emitió un voto particular contra la decisión del tribunal autonómico de sobreseer una causa abierta contra Arraiz por enaltecimiento del terrorismo.
El fiscal Calparsoro ha rebajado en cuatro la pena de 10 años que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en julio de 2010 para Arraiz y sus compañeros. Fuentes de la Fiscalía vasca apelan a la «unidad de actuación» del Ministerio Público para explicar esta decisión, vinculada a la «jurisprudencia» emanada del casoBateragune.
Las razones
En aquella causa, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebajó la condena que la Audiencia Nacional había impuesto al líder abertzale Arnaldo Otegi hasta los seis años y medio de prisión. Los medios consultados señalan que Arraiz no ostentó el liderazgo de Otegi: se le sitúa como jefe de la ilegalizada Batasuna en Álava, por lo que no cabría pedir para él igual pena. Esgrimen además el principio de «prudencia» y también que «las circunstancias han cambiado»: ETA ya no está activa y Arraiz preside un partido cuyos estatutos rechazan la violencia de la banda.
El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu en la Cámara vasca se enfrenta a esta causa por haber formado parte de la estructura que presuntamente intentó reconstruir la ilegalizada Batasuna de cara a las elecciones de 2005 y 2009, «actuando al servicio de las actividades y finalidades de ETA» de forma «coordinada» con la banda. El acusado formó parte de la «clandestina Mesa Nacional de Batasuna» como responsable del territorio alavés y actuó «de forma coordinada con la organización terrorista ETA para conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia».
Como ejemplo, cita que en aquella época «el entramado Batasuna-ETA» orquestó una campaña contra el Tren de Alta Velocidad desde todas las instancias del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), que se tradujo en el asesinato del empresario Inaxio Uria.
El fiscal indica que el líder de Sortu fue identificado en 28 reuniones y que en el registro de su domicilio, en octubre de 2007, se le intervinieron nueve piezas documentales, entre ellas un documento titulado: Argumentos para aclarar las quejas sobre la línea armada.
Como pruebas, Calparsoro solicita al juez que interrogue a Arraiz y llame a declarar como testigos a los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufi Etxeberria y José Luis Elkoro, y a funcionarios y peritos de Inteligencia de la Policía Nacional. Dignidad y Justicia y la AVT están también personadas en el caso y deberán trasladar al TSJPV sus respectivas peticiones.
Sortu consideró ayer «inaceptable» la decisión del fiscal de pedir seis años de cárcel para su presidente. Según el partido, Juan Calparsoro «deja en evidencia» que «se sigue amenazando a militantes políticos por su actividad». La formación acusó a jueces, fiscales, delegados del Gobierno y policías de «seguir acosando y amenazando» a la izquierda abertzale.
EL MUNDO – 27/02/15