ABC 11/11/14
· El Gobierno advierte a Mas de que no obtendrá «ninguna ventaja política» tras la farsa del domingo y rechaza el diálogo sobre otro referéndum ilegal
Desde la página 1 La Fiscalía Superior de Cataluña, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultimaba ayer una querella que podría ser presentada en las próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los hechos delictivos que pudieron cometerse durante la jornada del 9-N. La Fiscalía ya había advertido de que estaría muy pendiente del desarrollo del simulacro de consulta, después de que el Tribunal Constitucional prohibiera su celebración y todos los preparativos. Al mismo tiempo, el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo su posición frente al desafío independentista y advirtió de que Artur Mas no obtendrá «ninguna ventaja política» tras la farsa del domingo, según fuentes de Moncloa.
Fuentes jurídicas confirmaron a Efe que, como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el domingo y de las diferentes denuncias presentadas en los juzgados de guardia, «las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas». En concreto, la Fiscalía abrió diligencias el sábado para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta podía constituir delito. En esa línea, pidió a la Generalitat que aclarase si ordenó ceder escuelas para el 9-N y a los Mossos d’Esquadra que identificasen a los responsables de la apertura de locales públicos que se usaron para colocar urnas. Tras la jornada de votación, siguió recabando datos tras las diferentes denuncias presentadas para analizar si concurren responsabilidades penales.
De momento, se han incoado diligencias contra Artur Mas y contra los consejeros de Educación y de Interior de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau y Ramón Espadaler, respectivamente, por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Mientras tanto, ayer arreciaron las críticas contra el Gobierno de Rajoy por no haber intervenido en la consulta alternativa del domingo, y por no dar una respuesta contundente durante toda la jornada. En el Palacio de la Moncloa se mantenía la calma, y también la misma postura que ha defendido el presidente Rajoy desde el principio. Fuentes próximas al jefe del Ejecutivo quitaron importancia a las críticas internas que se escucharon ayer dentro del PP, y comentaron que no es bueno dejarse impresionar por las imágenes de participación que se vieron, cuando hay cuatro millones de personas que podían haber votado también y decidieron quedarse en su casa. Esa es la mayoría en la que se fija el Ejecutivo ahora mismo. Rajoy, por cierto, tendrá una comparecencia pública antes de viajar a Australia el próximo jueves para valorar lo ocurrido en Cataluña.
Nada ha cambiado en el discurso de Rajoy respecto al desafío independentista, por mucho que al final se hayan colocado urnas y 2,3 millones de personas hayan depositado en ellas sus papeletas con su opinión sobre la independencia, algo que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional.
«Lo que tenía que hacer»
Desde el Gobierno se mantiene que el Ejecutivo «ha hecho lo que tenía que hacer» en todo momento, ha acudido al Tribunal Constitucional y ha pedido la suspensión del referéndum original y de la consulta alternativa posterior. Ahora es el turno de la Justicia y de la actuación de la Fiscalía. Según el Gobierno, la prueba más evidente de que al final todo ha sido un simulacro de consulta sin validez es que lo primera que ha hecho Artur Mas es pedir un «referéndum definitivo».
Respecto a la nueva fase que pudiera abrirse ahora en las relaciones con la Generalitat de Cataluña, el mensaje de Rajoy en rotundo: «No va a haber ninguna