El fiscal y la fiscala

Cuenta Manuel Adorni, el irónico y sagaz portavoz del actual Gobierno argentino, que entre los casos prodigiosos que se encontró al levantar las alfombras de la Casa Rosada, había el de un chófer que tenía su propio chófer. Esto es, que después de cumplir con sus labores como conductor de un alto cargo kirchnerista, se iba a su despacho en el vehículo oficial conducido por otro chófer que tenía asignado a su cargo. Incrédulo ante semejante dislate, el siempre templado Adorni tuvo que revisar varias veces los listados del departamento de personal para confirmar que tal cosa era cierta y no un delirio del realismo mágico tan frecuentado por el peronismo.

También ha provocado por aquí unánimes chanzas la noticia del nombramiento de una directora de Gabinete del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, el departamento que conduce con mejorable habilidad Félix Bolaños. La página del BOE que publicaba esta designación ha cosechado más visitas en las redes que la actitud suplicante del Cholo Simeone ante la animosa barra brava del Atleti, empeñada en ofrecerle lumbre a Courtois pese a ser conocedora de que el portero del Madrí no fuma. Ana Ruipérez Núñez se llama la elegida para tan singular puesto, politóloga y experta en memoria democrática e investigadora del callejero franquista. Calle Crucero Baleares por Barco Sinaia, ya saben.

El comandante del Ministerio Público ordenó la publicación de ese texto para desmentir ‘los bulos e infundios’ publicados por El Mundo, Libertad Digital y Vozpópuli», según el escrito ahora enviado al Supremo por su mano derecha

El fiscal general del Estado también tiene su miniyo, su fiscala favorita, María Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, que no ha dudado en salir en defensa de su inmediato superior ante la inminencia de que el Alto Tribunal le abra una causa por presunta revelación de secretos, tras ordenar la difusión de una nota informativa sobre un posible pacto de la fiscalía con el novio de Ayuso por una cuestión tributaria.

El argumento seguido tanto por el fiscalón García como por su número dos Sánchez-Conde es tan parejo como su rizoso y armónico look capilar. El comandante del Ministerio Público ordenó la publicación de ese texto para desmentir «los bulos e infundios» publicados por El Mundo, Libertad Digital y Vozpópuli, según el escrito ahora enviado al Supremo por su mano derecha. Todo cuanto hizo, señala en su nota, fue en respuesta al «interés general suscitado en la opinión pública» y habida cuenta de que esas comunicaciones entre la pareja de Ayuso y la fiscalía ya eran de público conocimiento. ¿De verdad? Quizás se refiere Sánchez-Conde a que fue la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien las desveló en sede parlamentaria, muy acalorada y fogosa ante un grupo de periodistas unas horas antes de que un digital afín al sanchismo las divulgara.

El fiscal general García está a dos minutos de ser imputado por el Supremo, una anomalía quizás superlativa hace unos años, pero una incidencia que será aceptada como un episodio menor en el agitado panorama judicial del sanchismo. Si no produce escándalo alguno que el Gobierno pacte con un prófugo en Suiza una impensable ley de amnistía para pulverizar las condenas de los golpistas catalanes, menos sorpresa causará el hecho, al parecer inevitable, que un fiscal general imputado siga ejerciendo en su cargo como si tal. Así lo ha anunciado el susodicho y así le avaló en su momento el propio Sánchez, quien no ha disimulado jamás su férreo control sobre esta instancia clave del poder judicial que se maneja desde hace tiempo con indisimulado sometimiento a las sugerencias que le llegan desde el Ejecutivo.

¿A quién le importa? El mundillo de los tribunales se ha convertido ya en el menú imprescindible de la oferta informativa nacional, la rutinaria realidad por la que se pasea cotidianamente la fauna que rodea al caudillo del progreso, una espesa maraña de juicios, querellas, denuncias, condenas y lo que está por venir que, en cualquier país vecino habría impulsado la renuncia de responsable de toda esta organización. He aquí algunos titulares, mínimo muestrario, de lo difundido este martes en todo tipo de publicaciones. «La fiscalía arremete contra Vozpópuli y otros medios para defender a García Ortiz de revelación de secretos», «El Gobierno cree que el retraso en el caso Begoña Gómez refuerza la tesis de prevaricación del juez Peinado«, «El Supremo rechaza amnistiar la malversación del procés», «La número dos de García Ortiz airea un bulo en un intento de salvarlo de la imputación», «La mitad de los españoles justifica la investigación judicial a Begoña Gómez». Un ambiente invivible, un rosario de situaciones que no colaboran precisamente al buen funcionamiento de las instituciones de un país maltrecho y anhelante del gran cambio.

Si la anunciada ‘ley Begoña’, ese Fahrenheit 451 que ya preparan, mano a mano, Bolaños y Urtasun, estuviera ahora mismo operativa, ya habría algunos mártires en esta batalla por la libertad

Resultan razonables estos nervios que muestra la fiscalía porque son la réplica de los que se detectan en los despachos principales de La Moncloa. Óscar López, defenestrado del Gabinete presidencial, se ha sumado al abigarrado coro de la trompetería de la prevaricación y lawfare contra el titular del juzgado 41, eje de todas las tormentas, que ahora dispone de un mes más para escarbar en los bajos fondos de la actividad empresarial de la imputada. La ofensiva contra la información libre y los jueces independientes sube de tono. La fiscala ya menciona en su escrito nombres de medios, algo que hasta ahora no había sucedido. Sánchez tan sólo se refiere a ‘pseudomedios’, ‘tabloides digitales’, pero sin explicitar su identidad. Ya vendrá. Si la anunciada ‘ley Begoña’, ese Fahrenheit 451 que preparan, mano a mano, Bolaños y Urtasun, estuviera ahora mismo operativa, habrían caído ya los primeros mártires en esta batalla por la libertad. La caza de brujas se ha puesto en marcha, el hostigamiento a la información incómoda es creciente, las advertencias, amenazas, sé dónde vives, me he quedado con tu cara, se han convertido en la prosa habitual del Gobierno y sus adláteres periféricos. La relación del presidente con las libertades ha degenerado en algo entre neurótico y patético con un final que se adivina muy complicado.

Ocupar emisoras, cerrar periódicos

Sánchez, ofuscado por los sinsabores de su cónyuge en los tribunales, tiene todo listo para la embestida. Por eso sus palabras en la fiesta de La Vanguardia, ejemplo genuino de la prensa del movimiento que en lugar de querellas recibe fondos, tenían un deje burlesco, casi caricato, ese algo hipócrita que tanto agrada en la casa. «Todos los intentos de golpe de Estado, de acabar con la democracia comienzan cerrando periódicos y ocupando emisoras de radio y televisión. No es casual», aseveró impostada circunspección. Bueno, en eso anda.