El ministro Jesús Caldera ha dicho que Mariano Rajoy «no sería nada» si no existiera ETA. Aparte de ser este tipo de acusaciones tan injustas ahora como cuando los nacionalistas se las dedicaban a los socialistas, resultan de gran inoportunidad política. Si se produjera un atentado, como temen responsables policiales, más de uno puede lamentar no haber estado callado.
Una de las acusaciones habituales al nacionalismo ha sido que, en el debate político, actuaban como un frontón frente a los argumentos de sus contradictores. Cuando alguien discutía sus planteamientos, los nacionalistas, con frecuencia, se limitaban a reafirmar sus tesis originales sin molestarse en refutar las críticas, ni en confrontar sus propios argumentos con los ajenos. Daba igual lo que se alegara, que estuviera fundamentado o no. Simplemente, se ignoraban las críticas y se actuaba como si no existieran.
Ahora el que se ha apuntado al modelo frontón de debate público es el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El domingo pasado, en Tudela, esgrimió en apoyo del Gobierno la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ANV asegurando que este órgano había dicho «tajantemente» que la ilegalización de este partido hubiera sido «desproporcionada e inconstitucional».
Nadie menos adecuado que el ministro de Justicia para ignorar el domingo que, cuarenta y ocho horas antes, el Tribunal Constitucional había retirado de su resolución el párrafo en el que se afirmaba precisamente que la ilegalización de ANV resultaría «desproporcionada». Ese párrafo aparecía en el borrador original de la sentencia, pero los magistrados acordaron eliminarlo. Por error no se hizo así en el primer texto distribuido, por lo que se vieron obligados a rectificar el viernes pasado. Pero Fernández Bermejo, fiel a la técnica del frontón, no quiso que la realidad le estropeara un buen mitin.
No es el único tic dialéctico que ha pasado de las filas nacionalistas a las socialistas. En los últimos tiempos se ha extendido la costumbre de acusar al PP de beneficiarse de la existencia de ETA, la misma imputación que antaño realizaban los nacionalistas a los propios socialistas, además de a los populares. Otro ministro, Jesús Caldera, aseguraba este fin de semana que Mariano Rajoy «no sería nada» si no existiera ETA.
Aparte de ser estas acusaciones tan injustas ahora como lo eran cuando las recibían los socialistas, resultan de una oportunidad política harto discutible. Un juez de la Audiencia Nacional acaba de establecer en un auto que los últimos etarras detenidos tenían instrucciones para no atentar contra miembros del PSOE -salvo algunas significativas excepciones de personas que no comparten la línea oficial- ni contra el resto de partidos, con la excepción del PP que figura a la cabeza de los objetivos de ETA. Si se produjera un atentado terrorista, como temen algunos responsables policiales, es posible que más de uno lamentara haber perdido la oportunidad de estar callado.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 15/5/2007