«Esos servicios no se deberían haber prestado nunca» dijo ayer jueves Javier Tebas, el presidente de LaLiga, tras conocerse la noticia de que el F.C. Barcelona habría pagado hasta siete millones de euros desde 2001 al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira a través de la empresa Dasnil S.L., de la que este es socio junto a su hijo.

Tebas ha afirmado que esos pagos no pueden ser sancionados por LaLiga al haber superado ya los tres años máximos que el organismo determina para su prescripción. «Otra cosa es el ámbito de la jurisdicción penal» ha añadido a renglón seguido.

El apartado 4 del artículo 286 bis del Código Penal, efectivamente, castiga con penas de entre seis meses a cuatro años de prisión a «los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva (…) así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva».

Tebas ha dejado la puerta abierta a una posible personación de La Liga como acusación particular en caso de que la Fiscalía decida imputar a los implicados por un delito de amaño deportivo. Pero, prescritos o no, los hechos son de la suficiente gravedad como para que LaLiga los investigue y, en su caso, responda con contundencia en el ámbito de sus competencias. Y eso con independencia de su posible trascendencia penal.

El Consejo Superior de Deportes parece haberse puesto de perfil frente a un escándalo que siembra algo más que sospechas sobre el F.C. Barcelona. Como informa hoy EL ESPAÑOL, Enríquez Negreira habría ofrecido sus servicios a varias federaciones insinuando que en su mano estaba influir en el ascenso y el descenso de los árbitros.

El puesto de «asesor arbitral» es habitual en varios equipos europeos. Pero nunca con esos honorarios y nunca personificado en alguien con responsabilidades directas en el órgano de gobierno de los árbitros. Baste saber que el actual asesor arbitral del Barcelona cobra un salario de 50.000 euros anuales. Una remuneración muy alejada de los siete millones de euros que Enríquez Negreira cobró por sus «servicios».

¿Hasta dónde llega la mano del F.C. Barcelona? ¿Afecta también a otras secciones, como por ejemplo la de baloncesto? ¿Hasta cuándo van a seguir fingiendo LaLiga y el CSD que esto es un caso «éticamente» reprochable pero sin consecuencias deportivas?

¿Acaso hemos de fingir que el pago de siete millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que además presumía públicamente de influir en el destino profesional de los árbitros, no ha tenido consecuencias deportivas en beneficio del F.C. Barcelona? ¿Que los resultados de LaLiga no están hoy bajo sospecha? 

LaLiga no puede permitirse la sospecha de que la competición está tan adulterada como lo estuvo la liga italiana durante el más que sospechoso reinado de la Juventus de Turín. No puede permitirse tampoco un Calciopoli como el que afectó en 2006 a la propia Juventus, al AC Milan, a la Fiorentina, a la Lazio y al Reggina por amañar partidos mediante la designación de árbitros «receptivos» a sus intereses deportivos.

El sentido común dice que no existe justificación alguna para las exorbitantes cantidades que el Barça pagó a Enríquez Negreira por unos informes con un valor de mercado muy inferior al facturado. ¿En concepto de qué, entonces, le pagó el Barça?

Que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y aunque eso implique el descenso del F.C. Barcelona. Porque todas las competiciones deportivas españolas en las que participa alguna sección del Barça están hoy bajo sospecha.