EL CORREO, 17/9/12
El adiós de Maixabel Lasa y la creación del Instituto de la Memoria amenazan con poner fin a los once años de andadura de la oficina
La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco dio sus primeros pasos hace poco más de una década. Su objetivo: mejorar las ayudas que, hasta esa fecha, se dispensaban en Euskadi a favor de los damnificados y fomentar su reconocimiento social. Mucho ha llovido desde que a finales de 2001 el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, nombrara a Maixabel Lasa cabeza visible de este nuevo departamento, adscrito a la consejería de Interior -la oficina empezó a funcionar de manera efectiva a principios de 2002-, cargo en el que ha repetido esta legislatura con el Ejecutivo de Patxi López. La incógnita reside ahora en qué futuro le deparará a esta dirección cuando se va a cumplir el primer aniversario del cese definitivo decretado por ETA y el reconocimiento institucional de las víctimas es ya una realidad.
LAS CLAVES
LOS INICIOS Lasa se involucró en 2001 en la vida política, tras el asesinato de su marido Juan Mari Jáuregui
EL VALOR DE LA EMPATÍA Tendió puentes entre el Gobierno vasco del PNV y las víctimas tras años de abandono
ÚLTIMA ETAPA Ciertos colectivos ven ahora a la oficina más preocupada por los presos disidentes de ETA
Dos son las claves que marcarán el devenir de esta oficina. Por un lado, la decisión de Lasa (Legorreta, 1951) de abandonar la política en cuanto termine esta legislatura, independientemente del Gobierno que resulte de la próxima cita con las urnas o del interés que pueda tener el futuro lehendakari en contar con sus servicios. La directora del organismo, que considera cumplido su cometido, se involucró en la vida institucional poco después de que ETA asesinara a su marido, el que fuera gobernador civil por Gipuzkoa, Juan Mari Jáuregui. Dos pistoleros le descerrajaron sendos disparos en la nuca el 29 de julio del 2000, mientras tomaba un aperitivo junto a su amigo Jaime Otamendi en el bar Frontón de Tolosa. Lasa decidió no esconderse ni guardar silencio. Participó en la polémica manifestación que en octubre de ese mismo año recorrió las calles de Bilbao bajo el lema ‘Paz. ETA no’. Convocada por Ibarretxe, fue tildada por socialistas y populares como un intento del lehendakari de reforzar su «estrategia de resistencia», después de que Euskal Herritarrok le retirara su apoyo en el Parlamento vasco. El PSE, no obstante, sí asistió al acto. Ella fue la encargada de leer el manifiesto final de la marcha, un mensaje en favor de la unidad frente al terrorismo. «Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», proclamó. La viuda de Jáuregui se convirtió dos meses después en la primera, y única, responsable de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco.
Su extenso mandato ha estado repleto de luces y sombras. En estos once años se han logrado avances como la Ley de Reconocimiento y Reparación de las víctimas del Terrorismo, que el Parlamento vasco aprobó por unanimidad en 2008, o la celebración de los primeros homenajes del Ejecutivo autónomo a los afectados -Ibarretxe pidió «perdón» a las víctimas en nombre de toda la sociedad vasca-. Pero la Dirección también ha dejado su impronta en proyectos como el Día de la Memoria, la selección de las víctimas que acuden a dar su testimonio a las aulas, la puesta en marcha de un mapa de la memoria, para que todos los municipios en los que se ha producido un atentado recuerden a los damnificados, o su colaboración con Instituciones Penitenciarias para impulsar los encuentros entre víctimas y presos disidentes de ETA. La lista, no obstante, es mucho más larga. La implicación de Lasa en este delicado cometido la convirtió en objetivo de la banda, que en un comunicado la señaló como «militante antiabertzale que derrama lágrimas de cocodrilo». Esta amenaza obligó a Maixabel a llevar escolta, de la que prescindió hace poco.
Críticas de asociaciones
La trayectoria de la oficina también está repleta de duras críticas por parte de algunas asociaciones, que no solo no veían con buenos ojos la gestión del equipo de Lasa, sino también la decisión, en la mayoría de los casos, de mantenerse al margen de las diferentes polémicas que marcaban los devenires de la actualidad. Dos son sus personas de confianza: Jaime Arrese, hijo del político de UCD del mismo nombre asesinado el 23 de octubre de 1980 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, y Txema Urkijo. Este último se incorporó como asesor en 2006.
Las tensiones con el PNV fueron especialmente notorias en la primera legislatura de Lasa al frente de la oficina. Los colectivos de víctimas acusaban a la formación jeltzale de estar más cerca de los terroristas que de los damnificado y de verse relegadas al olvido. La labor de la dirección fue especialmente dura en aquella época. Los puentes entre el Gobierno vasco y las víctimas estaban completamente rotos y la viuda de Jáuregui y su equipo se afanaron en tejer complicidades, aunque siempre con sus altibajos.
Los dos últimos encontronazos entre el equipo de Lasa y algunas asociaciones se produjeron con el PSE en Ajuria Enea y fueron especialmente sonados. En marzo de 2011, la AVT anuló la reunión que tenía previsto mantener con ella porque, según aseguró este colectivo, ella había pedido a otros damnificados que aceptasen que era mejor que Sortu fuera legal a que ETA siguiese matando. La representante de Lakua se vio obligada a salir al paso de las críticas. Lo hizo durante una comparecencia en el Parlamento vasco, en la que rechazó haber pedido a las víctimas «generosidad» con los terroristas. Y es que la apuesta de la izquierda abertzale por las vías exclusivamente políticas y la legalización de sus marcas electorales -tanto de Sortu como de Bildu- despertó viejos temores para la inmensa mayoría de los damnificados, que no cree que el proyecto de la antigua Batasuna sea sincero.
La apuesta del Gobierno vasco por la ‘vía Nanclares’ también derivó en una nueva polémica. La decisión de Consuelo Ordóñez de entrevistarse con el preso disidente de ETA Valentín Lasarte, que participó en el asesinato de su hermano, el concejal del PP Gregorio Ordóñez, fue duramente criticada por la Dirección de Víctimas. En una carta hecha pública por algunos de los impulsores de los encuentros entre reclusos y damnificados -Txema Urkijo, Jaime Arrese y Maixabel Lasa-, advirtieron de que «nada bueno podía salir» del cara a cara entre ambos. «Por sus palabras les conoceréis. Yo lo que pido es que se cambie el nombre de la Oficina de Desatención, perdón, Atención a las Víctimas del Terrorismo por el de Atención a Victimarios», replicó Ordóñez. La propia Maite Pagazaurtundua salió en defensa de la hermana del edil popular.
Lo cierto es que en esta última etapa, máxime a raíz del final de ETA -aunque todavía queda pendiente su disolución-, los pasos dados por la dirección han causado ciertos recelos entre parte de los colectivos de afectados, que les ven «más preocupados por los presos arrepentidos de la banda y por reconocer a otras víctimas -en alusión a las personas que sufrieron abusos policiales- que por defender la memoria y los intereses de los damnificados por el terrorismo», censuran algunos afectados consultados por este periódico.
Evitar duplicidades
El nuevo escenario abierto tras el cese de la actividad armada de ETA es, de hecho, la segunda clave a tener en cuenta al hablar del futuro de la oficina que dirige Lasa. La decisión de PNV, PSE, IU-Ezker Anitza y los tres parlamentarios expulsados de Aralar de impulsar un Instituto Vasco de la Memoria que aborde todas las violencias sufridas en Euskadi desde la Guerra Civil amenaza con suponer la desaparición de la Dirección de Víctimas del Terrorismo. La iniciativa se encuentra en fase de aportaciones en el Parlamento vasco con el fin de incorporar al resto de grupos, si bien parece difícil que PP y UPyD se sumen al proyecto.
El centro, dependiente del Gobierno vasco, tendría como función gestionar y coordinar todas las políticas públicas que se llevarán a cabo en el País Vasco para reconocer, reparar y asesorar a las víctimas, pero también sería el encargado de promover la defensa de los derechos humanos en todos los campos. Dichas tareas son, en buena parte, asumidas por la oficina de Lasa y la Dirección de Derechos Humanos, que en la actualidad lidera Inés Ibáñez de Maeztu. En aras de evitar duplicidades, máxime en plena crisis económica, ambos departamentos podrían dejar de existir de cara a la próxima legislatura. El PNV -al que las encuestas dan como futuro inquilino de Ajuria Enea-, no descarta esta posibilidad. La decisión, en cualquier caso, recaerá en el Ejecutivo vasco saliente de la próxima cita con las urnas.
EL CORREO, 17/9/12