IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

  • El norte de todas las medidas públicas debe ser el sostenimiento de los puestos de trabajo

El importante contenido de las medidas anunciadas por los gobiernos europeos y por la propia Comisión para luchar contra las subidas de los precios de la energía y la solemnidad con que adornan su presentación, son una buena muestra del tamaño de las dificultades a las que nos enfrentamos. Causaba sorpresa esta semana ver a la presidenta de la Comisión, perteneciente al Grupo Popular Europeo, cómo renegaba de sus principios tradicionales y proponía impuestos especiales a las empresas del sector e intervenciones bruscas en la fijación de los precios de sus productos. En un debate celebrado hace unos días al que asistieron todos los líderes de la energía en este país, hubo un consenso bastante general a la hora de negar que fuese un desacople profundo entre la oferta y la demanda de gas el causante de las tensiones en los precios. Más bien se referían a una logística absurda, fruto de decisiones pasadas erróneas que entregaron a Rusia la responsabilidad de abastecer de gas a Europa y hacerlo por gasoducto. Era tal la confianza que hubo países que decidieron el cierre de sus centrales nucleares, de minas y plantas de carbón. Decisiones que facilitaban el alcance de los objetivos de descarbonización, pero fragilizaban el abastecimiento hasta límites que se han demostrado muy peligrosos dado el cuasimonopolio que se otorgaba a Rusia y la debilidad física del tubo como vía de transporte.

Ahora que Rusia se ha transformado de aliado en enemigo (lo mismo pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial), vemos cómo el mercado se tensiona y se atasca, los precios suben y causan graves trastornos en el bienestar de los ciudadanos y en los márgenes de las empresas consumidoras, y nos obligan a los europeos a modificar por completo el mapa de nuestras urgencias. Hay que diversificar suministros, añadir nuevas vías de entrada, recuperar almacenamientos, imponer rebajas en el consumo y lidiar con las alzas en los precios. Todo ello, además, con un calendario estresante, sobre el que pende la incógnita del desenlace de una guerra que Rusia no puede perder, pero que Ucrania quizás pueda ganar.

Da idea de las dificultades que enfrentamos que Von der Leyen reniegue de sus principios

El Gobierno se ufana porque, aduce, Europa sigue la senda de sus propuestas. Es muy cierto que los grandes titulares -recortes de consumo y aumento de la presión fiscal sobre las empresas- coinciden. Pero también que existen diferencias importante entre ambos planteamientos, y quizás el mayor sea el que en España se piensa gravar los ingresos y en Europa se apunta a los beneficios. Hay compañías gasistas que perdieron dinero en los últimos ejercicios (por ejemplo, Repsol). Si se repitiera la situación en el próximo futuro, ¿tendrían que pagar ese extra impositivo dado que tuvieron ingresos, aunque no beneficios? Es verdad que no es previsible que suceda tal cosa, pero sirve como ejemplo de lo equivocado del enfoque.

De todas las maneras y orgullos aparte, pienso que hay dos cosas relevantes. Una es que la eficacia de las medidas se verá en los abaratamientos que consiga. Dos, más importante que proteger al consumidor es garantizar el empleo. No quiero decir que haya que negar ayudas a quienes se vean imposibilitados de pagar las facturas energéticas, sino que la prioridad máxima y el norte de todas las medidas públicas ha de ser la de mantener el máximo número de empleos, de tal manera que se sostenga también el mayor flujo posible de ingresos propios de los ciudadanos. A este Gobierno le encanta vanagloriarse de la cantidad de personas a las que ayuda. Está muy bien y es muy progresista, pero sería mejor que pudiéramos enorgullecernos todos de la cantidad de empleos que mantenemos/creamos. Porque, no lo dude, en el empleo vive el futuro.