Ignacio Camacho-ABC
- La resistencia a rebajar impuestos es una declaración de prioridades que pone por delante los dispendios clientelares
La resistencia del Gobierno a rebajar los impuestos de la luz y los carburantes -de los demás ni se plantea- obedece a su pavor por la simple posibilidad de verse obligado a reducir el gasto. Sánchez ha preferido volver a desdecirse de una promesa, cosa que nunca le ha costado el menor trabajo, antes que renunciar al ingreso extraordinario que proporcionan unos precios disparados. La «excepción ibérica» que ha autorizado a regañadientes y con bastantes reparos la Unión Europea supone volver a incurrir en el famoso déficit de tarifa que algún día, aunque sea ‘ad calendas graecas’, habrá que compensar a las eléctricas, pero permite al Ejecutivo mantener una estructura fiscal diseñada para repartir regalías a su clientela. Esta misma semana, por ejemplo, ha sido aprobado el bono cultural a los jóvenes recién llegados a la mayoría de edad, una partida de más de doscientos millones de euros asignada sin rubor en plena huelga de camioneros y mientras se aplazan las medidas de abaratamiento del consumo energético. Hace quince días fueron veinte mil los millones destinados a un plan de fomento de las políticas de género. Un descarnado retrato de prioridades que pone en primer plano la subvención directa a los nuevos votantes y retrasa ayudas de otra clase a despecho del clamor de la calle. Al menos ya no podrá alegar nadie que desconoce la prelación de los intereses gubernamentales.
Obligados a trabajar a pérdidas, los transportistas autónomos son despreciados como agitadores de ultraderecha. La factura de la electricidad asfixia a familias, comercios y pequeñas empresas, y llenar el depósito de gasolina requiere un sacrificio propio de la época en que era un lujo salir a la carretera. La inflación jibariza los salarios y descuadra los presupuestos del Estado, elaborados sobre flagrantes errores de cálculo y previsiones ilusorias que la realidad ha deconstruido a cortísimo plazo. Cualquier español barrunta en la economía, la individual y la del país, indicios inquietantes de colapso pero el dispendio institucional sigue intacto pese a la evidencia de que el dinero de los demás se está acabando, que es el punto de inflexión a partir del cual el socialismo, según el célebre adagio de Thatcher, se dirige directo al fracaso.
La negativa a recortar el IVA de ciertos productos es una declaración de principios sobre la intangibilidad del gasto público. La bajada de tributos obligaría al sanchismo a racionalizar la distribución arbitraria de los recursos y supondría una hipoteca para el futuro. No el de los ciudadanos: el suyo. El de un modelo de sociedad subsidiada embellecido con la etiqueta fraudulenta del progresismo. Un mecanismo exactivo cuya necesidad de recaudar sin respiro exige que los contribuyentes vacíen sus bolsillos para sufragar un proyecto político asentado sobre una mezcla de incompetencia, malversación y capricho.