EL MUNDO 29/10/14
EDITORIAL
EL GOBIERNO ha hecho bien al solicitar un informe al Consejo de Estado sobre la impugnación del sucedáneo de consulta promovido por Artur Mas. El presidente de la Generalitat está llevando a cabo una pantomima para intentar pasar con la mayor dignidad el fiasco de no poder celebrar ese referéndum independentista que él y los partidos soberanistas pretendían, pero la obligación del Gobierno es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de todos los españoles, como afirmó el pasado lunes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por el contrario, el Govern se muestra firme en seguir adelante con lo que denomina ahora «proceso participativo». El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, afirmó ayer que, a diferencia de la consulta, que colgaba de un decreto firmado por el presidente Artur Mas, la nueva convocatoria del 9-N no se articula sobre ningún documento rubricado por el Govern, por lo que «la votación no puede ser prohibida». En un alarde de tergiversación de la realidad, Homs añadió que el Gobierno «está desafiando al Estado de Derecho y a la propia democracia», al intentar impugnar ese sucedáneo. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que el «proceso participativo» es tan ilegal como la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, porque tiene las mismas preguntas, que no se pueden plantear legalmente, y porque lo promueve la Generalitat, que es una institución del Estado. Por tanto, la preparación del mismo, desde las campañas publicitarias hasta la colocación de las urnas, son actos de desobediencia a la legalidad vigente. Los dirigentes políticos que participen en esos actos incumplen la ley y así lo harán, entre otros, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el secretario general de CDC, Josep Rull, quienes iniciarán esta noche la campaña del partido con una pegada de carteles que llevarán el lema «Un día para vivirlo».
Al margen de lo que dictamine el Consejo de Estado sobre la impugnación, Mas está haciendo equilibrios sobre un alambre con sus argucias. Llevar el proceso hasta el límite es una irresponsabilidad que no le conduce a nada y en el mejor de los casos sólo provocará un gran desengaño en parte de la sociedad catalana.