EL MUNDO – 16/07/15
· La Abogacía del Estado tiene orden de impugnar cualquier acto relacionado con las elecciones.
El Gobierno reactivó ayer unas alarmas que, en realidad mantiene encendidas desde hace meses, para escudriñar y recurrir en su caso cualquier paso en falso que caiga en el terreno de la inconstitucionalidad por parte de las fuerzas independentistas catalanas.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy da por aprendida la lección que le supuso esperar hasta el último minuto para intentar frenar la consulta independentista del 9-N y ahora está dispuesto a cortar de raíz cualquier avance en el camino auspiciado por Artur Mas, y su recién estrenada lista electoral, hacia el soberanismo.
La Abogacía del Estado tiene orden ya de impugnar cualquier acto relacionado con las elecciones autonómicas, que previsiblemente convocará el presidente de la Generalitat para el próximo 27 de septiembre. El primer objetivo será analizar escrupulosamente, «hasta el último detalle», como señalan desde La Moncloa, el decreto de convocatoria que debería publicarse el próximo 3 de agosto para dar cumplimiento al plazo constitucional de 54 días antes de la cita con las urnas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo advirtió ayer. Se impugnará cualquier paso que suponga «un incumplimiento» de la Ley. En realidad, en el Gobierno no creen que Artur Mas y sus aliados cometan el error de publicar un decreto de convocatoria que pueda ser jurídicamente atacable.
Más bien apuestan por la posibilidad de incurrir en errores políticos en el curso de los días siguientes, es decir, en la precampaña y en la campaña electoral. Por ello, cada decisión, cada declaración pública, especialmente si se hace desde tribunas oficiales, será escudriñada por los servicios jurídicos del Estado a fin de garantizar el cumplimiento estricto de la letra, del espíritu de la Constitución y del ordenamiento jurídico.
El Gobierno además recalca que, en ningún caso, han de presentarse las próximas elecciones catalanas como una suerte de plebiscito, una figura que no existe en el ordenamiento español. Los comicios son para elegir, como ha recalcado en múltiples ocasiones el presidente Rajoy, a los representantes de los catalanes que han de sentarse en el Parlament. Y nada más. «No puede haber otro formato distinto de ese», precisó ayer Catalá.
El Gobierno ha valorado también la posibilidad de que las elecciones se lleven a cabo sin sorpresas y dentro del marco legal, y que sea posteriormente cuando la Cámara surgida de las mismas, si es mayoritariamente independentista, apueste por una declaración de soberanía unilateral. En ese caso, la batalla jurídica se emprendería directamente contra cada acto del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno de la Generalitat, tal y como se ha hecho en los últimos meses recurriendo y anulando en el terreno del Tribunal Constitucional prácticamente toda la hoja de ruta trazada por Artur Mas.
El ministro de Justicia puso además ayer voz al convencimiento que tiene el Gobierno respecto al abandono que ha hecho Convergencia (CDC) de su «espectro ideológico» al propiciar una candidatura que exclusivamente gira en torno a la propuesta de la independencia. En Moncloa aseguran que Mas ha dado con su lista «cremallera» –sucesivamente se han situado representantes de las fuerzas políticas y de las asociaciones civiles que respaldan el independentismo–, el paso definitivo para «dividir» a los ciudadanos catalanes y tratar de «arañar los restos electorales que propicia la Ley D,Hont» aún a costa de dilapidar la esencia ideológica de su propia formación.