ABC 21/07/13
· La Delegación del Gobierno ha pedido un informe sobre el asunto a la Abogacía del Estado.
· Dudas legales La Constitución impide la utilización partidista de las instituciones y de los espacios y bienes públicos.
Declarar Cataluña como sujeto político soberano, consultas secesionistas, municipios que se niegan a abonar los impuestos a la Agencia Tributaria española… La espiral independentista en Cataluña que promueve el Gobierno de Artur Mas suma desafíos y desacatos. Pero ahora ha entrado en un terreno aún más espinoso, que afecta a menores de edad. Las escuelas.
Algunos centros escolares de Cataluña lucen, o han lucido, en sus fachadas la bandera independentista catalana, la «estelada». No son los únicos edificios públicos que lo hacen. Ayuntamientos como el de Vic (Barcelona), presidido por Josep Maria d’Abadal, que abandonó UDC por su tibio apoyo al soberanismo y que preside la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), también lucen tal bandera en su balcón. Además, varios parques de bomberos, como el de Vic o Gerona, también han optado por izar la «estelada» en sus instalaciones.
La polémica sobre las «esteladas» en las escuelas arribó al Parlamento catalán en el pleno del 3 de julio. Ciutadans y el PPC denunciaron, exhibiendo fotos como prueba, la colocación de este símbolo en varios escuelas. Como el Instituto Escola Sant Jordi de Navás o el CE La Sínia de Vic, en la provincia de Barcelona, o el CEIP Les Escoles (Lérida).
De entrada, la consejera de Educación, Irene Rigau, contestó que no le constaba la presencia de «esteladas», a lo que la diputada García Cuevas replicó exhibiendo una fotografía hecha dos días antes en que se veía la bandera independentista en la fachada de la escuela El Frigolet, de Porqueres (Gerona). Una semana después de la denuncia, la bandera se ha retirado de la fachada, pero se exhibe en un poste ubicado junto al perímetro del colegio, según constató ABC (ver imagen).
La respuesta de Rigau también quedaba en entredicho porque el día anterior un semanario digital había publicado que el Instituto Escuela de Navàs había reconvertido en «señeras» (la bandera catalana) unas «esteladas» que adornaban una pancarta que exhibía tras recibir una llamada admonitoria de un responsable de Educación.
Tras la sesión parlamentaria, la diputada del PPC María José García Cuevas y el portavoz del partido, Enric Millo, entregaron a la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, una carta en la que piden que intervenga sobre el asunto. Consultada por ABC, fuentes de la Delegación han confirmado que la delegada ha pedido ya un informe a la Abogacía del Estado para que la asesore sobre posibles acciones a emprender contra estas prácticas. «Adoctrinar a los niños es algo únicamente propio de regímenes totalitarios que aprovechan la vulnerabilidad de menores en edad escolar», censuró García Cuevas.
«Está claro que exhibir esteladas en escuelas no es legítimo, y podría ser ilegal», sostiene la diputada popular. «El mandato contenido en el artículo 103 de la Constitución impide la utilización partidista de las instituciones y de los espacios y bienes públicos, lo que podría estar siendo vulnerado por la colocación de esteladas en fachadas de edificios públicos o en plazas, rotondas, jardines o carreteras, todos ellos espacios públicos», argumenta. El citado artículo señala que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales» e insta a los funcionarios públicos –como profesores o bomberos– a servir con «imparcialidad».
Sin norma específica
Con todo, García Cuevas asume que jurídicamente la cuestión es compleja, «porque no existe una norma específica que explicite la prohibición». Un vacío legal que en el caso de las banderas que deben lucir en ayuntamientos y otras sedes públicas –otro desacato habitual en Cataluña– fue subsanado con la Ley de Banderas de 1981.
En cuanto a las «esteladas» que ondean en algunos parques de bomberos, una acción auspiciada por colectivos como Bomberos por la Independencia, la respuesta de la Generalitat no ha sido negar su existencia, sino avalarla.
También en el pleno de Parlamento autonómico del día 7, el consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, fue inquirido al respecto por el PPC. «Tienen derecho a ponerla y no incumplen la ley», dijo Pelegrí. Una afirmación que cuestionó el PPC y que también podría ser estudiada por los servicios jurídicos del Gobierno.
ABC 21/07/13