EL MUNDO 12/04/13
· Son los jueces los que deben ejecutar el auto del TSJC pero instará al fiscal si desobedece.
El Gobierno está determinado a actuar contra la Generalitat de Cataluña en el caso de que, tal como viene declarando la consejera de Educación, finalmente se niega a aplicar el último auto de una ya larga serie de resoluciones que la obligan a normalizar el castellano en las aulas.
Las distintas fuentes consultadas en el Ejecutivo coincidían ayer en subrayar que, hoy por hoy, la pelota está en el tejado de los jueces y de las propias partes personadas en el proceso, que son las que deberían instar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ejecutar su propio auto. Insistían, además, en que antes que el Ejecutivo, corresponde al Poder Judicial, a través de su Consejo, ejercer su potestad para hacer cumplir lo dictado.
«La Constitución dice en su artículo 117.3 que son los juzgados y los tribunales los que tienen que hacer cumplir las sentencias. Por lo tanto, es algo en lo que ni el Gobierno de la Generalitat, ni el Gobierno de España entran», rezaba un argumentario interno del Ejecutivo. Sin embargo, llegado el caso, los populares no dudarán en instar a la Fiscalía para que proceda contra Artur Mas o, más previsiblemente, contra la propia consejera por un delito de desobediencia, que lleva aparejadas penas de inhabilitación.
Así se aseguraba ayer en los citados medios gubernamentales, con inédita contundencia y al mismo tiempo en que la propia líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, advertía al Gobierno de Artur Mas de que exigirá «por medios judiciales» cumplir las sentencias lingüísticas si la Generalitat insiste en no acatarlas. Tras acusarle de insumisión frente a la Justicia por «incumplir reiteradamente» las resoluciones judiciales, Sánchez-Camacho subrayó que el TSJC no obliga a sustituir el catalán por el castellano en las aulas, sino a aplicar el modelo «de los colegios privados en los que ha estudiado el señor Mas y sus hijos, que tienen una proporcionalidad de catalán, castellano, inglés y francés en las asignaturas».
Desde el Gobierno, el único en hacer declaraciones fue el ministro de Educación, José Ignacio Wert. «La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer», afirmó.
En este mismo sentido, desde el propio Ministerio se aprovechaba ayer para reivindicar el texto del Anteproyecto de la LOMCE (la nueva Ley de Educación), que muy pronto llegará al Congreso para su debate y que hoy se encuentra en trámite de consulta al Consejo de Estado. En concreto, reivindicaba la Disposición Adicional 38, para la «protección legal» de la lengua castellana y de las lenguas cooficiales, que obliga a las «Administraciones educativas a garantizar» el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas «en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
La Disposición obliga también a «adoptar medidas» para que el uso del castellano y de las demás lenguas «no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación». Además, y aunque reconoce a las consejerías establecer el horario y el currículo, la Ley sólo les permitirá impartir las asignaturas no lingüísticas en lengua cooficial si existe una «alternativa» de escolarización real y «razonable» en castellano.
EL MUNDO 12/04/13