DIARIO VASCO, 11/2/12
Aparca los recelos y sigue la línea del PSOE para desmarcar de ETA a los reclusos. Fernández se convierte en el sexto recluso en cinco años que goza del régimen de semilibertad tras pedir perdón a las víctimas del terrorismo
El Gobierno de Mariano Rajoy va a mantener la vía Nanclares como estrategia para la reinserción de todos aquellos presos de ETA que aspiren a beneficios penitenciarios. La concesión del tercer grado penitenciario a José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, crítico con la violencia y que ha pedido perdón a las víctimas, es el primer gesto que refleja el compromiso del Ejecutivo con esta estrategia impulsada tras el fallido proceso de paz de 2006 por el Gobierno socialista para favorecer el alejamiento de los reclusos respecto a ETA. Así lo quiso visualizar ayer el Ejecutivo del PP con su sorpresivo anuncio.
Desde 2007, Prisiones sólo ha aplicado este beneficio a seis internos relacionados con ETA
Pese a sus recelos iniciales, el nuevo Ejecutivo del PP ha decidido proseguir la línea iniciada por el exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para favorecer entre los reclusos el desmarque de la violencia y la petición de perdón a las víctimas. Por el contrario, el colectivo de presos de ETA y la izquierda abertzale no comparten esta vía y llaman a abordar la situación de los internos de la mano de un proceso de desarme de las estructuras etarras y de reconocimiento del daño causado a las víctimas, pero sin exigencias que consideran un «chantaje».
No obstante, con la decisión de ayer hacia un preso al que se había aplicado la doctrina Parot, que alarga la estancia en prisión, Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Rajoy quieren hacer ver a los presos por dónde pasa el camino para mejorar su situación: por mostrar «signos inequívocos» de «repudio» al terrorismo y por «una petición expresa de perdón a las víctimas», como recoge el artículo 90 del Código Penal. La concesión del tercer grado o régimen de semilibertad es algo excepcional con los reclusos relacionados con ETA. De hecho, desde 2007 sólo ha concedido a seis, uno de ellos por padecer una enfermedad incurable.
De esta forma, Fernández Pérez de Nanclares disfrutará de un régimen de salidas diario, en fines de semana y una ampliación de permisos. Y esta situación le abre la puerta para la libertad condicional y la posterior reinserción social. El preso integró el comando Bizkaia en distintas épocas y fue condenado por la Audiencia Nacional a dieciocho años de cárcel por ser cómplice de los asesinos del guardia civil José San Martín Bretón en 1992, año desde el que cumple condena.
Son aproximadamente 38 los presos disidentes de ETA nucleados en torno a la cárcel alavesa y la de Pamplona, y que han dado pasos importantes asumiendo la necesidad de pedir perdón a las familias de los asesinados y, en algunos casos, reuniéndose incluso de forma privada con ellos. Este grupo, marginado por el colectivo oficial (EPPK), lo forman relevantes exmiembros de la organización armada como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola, Kepa Pikabea, Iñaki Rekarte o ‘Txelis’.
Presiones y dudas
Tras su llegada en diciembre a La Moncloa, el Ejecutivo del PP abrió un debate sobre la necesidad o no de continuar con la estrategia emprendida por Rubalcaba. Las reticencias principales venían motivadas por las resistencias surgidas en un importante sector de víctimas de ETA próximas al PP a la hora de abordar una flexibilización de la política penitenciaria. De hecho, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya advirtió ayer, tras conocer el beneficio concedido a Fernández Pérez de Nanclares, que «vigilará» el uso que se haga de la vía Nanclares. A estas dificultades se sumaba también la presión de cierta opinión pública de Madrid.
El nuevo director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, encuadrado en el sector más ortodoxo del PP, tuvo dudas sobre si mantener el criterio de su antecesora, Mercedes Gallizo, con este grupo de reclusos. Finalmente, y pese a algunos titubeos, el ministro Jorge Fernández Díaz ha venido asumiendo en los últimos días, de manera más o menos explícita, la conveniencia de mantener la vía Nanclares. Por el contrario, el Gobierno popular de momento dilata cualquier movimiento de ficha en otras cuestiones como acercar presos a Euskadi o mejorar la situación de los reclusos enfermos, en línea con lo defiende el Gobierno Vasco o el PNV. El Ejecutivo no quiere que la presión de la izquierda abertzale le marque el terreno y apuesta por gestionar sus propios ritmos, pero sin cerrar la puerta a una flexibilización de posturas a medio plazo.
El Gobierno español es consciente asimismo de la diferente visión que la cuestión suscita en Euskadi. Por ejemplo, la estrategia de Nanclares cuenta con un significativo apoyo social en el País Vasco. De hecho, Gallizo condujo el tema de la mano de la Oficina del Gobierno Vasco de Atención a las Víctimas del Terrorismo. El PP vasco también ha estado informado de los pasos dados y en ningún momento ha interferido negativamente. La estrategia impulsada por los socialistas estuvo, además, cerca de concitar nuevos apoyos entre otros reclusos, en un momento en el que el debate sobre la inutilidad de la violencia y el futuro que esperaba a los presos estaba a flor de piel en las cárceles. Finalmente, el anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad armada cerró cualquier nueva fuga y posibilitó que la amplísima mayoría de sus presos se articule en torno a una estrategia unitaria.
Desde la izquierda abertzale dudan de la eficacia de la vía Nanclares y recuerdan que muy pocos del grupo de disidentes han accedido al tercer grado. Lo cierto es que desde 2007 sólo se ha concedido a seis internos: uno en 2007, otro en 2008, dos en 2010, uno el pasado octubre, y el de ayer. No obstante, el nuevo paso del Gobierno invita a pensar en su aplicación a nuevos presos si avanzan en su desmarque del terrorismo.
DIARIO VASCO, 11/2/12