El Gobierno allana el diálogo con Cataluña pero marca líneas rojas

Diálogo y ley. Esas han sido las dos patas de la respuesta del Gobierno desde que Artur Mas se lanzó a desafiar al Estado con su aventura secesionista. Ayer mismo, Mariano Rajoy volvió a recordar que no permitirá que se juegue con los artículos 1 y 2 de la Constitución, con la soberanía nacional que corresponde a todos los españoles. Al mismo tiempo, la vicepresidenta allana el camino para favorecer un diálogo con la Generalitat de Cataluña, eso sí, con unas líneas rojas muy claras: la agenda se refiere a servicios públicos, infraestructuras, inversiones, relaciones entre administraciones y política económica, pero nada que sobrepase o pretenda superar la Carta Magna.
Los contactos entre el Gobierno y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida (copresidente de la Comisión Bilateral), han sido especialmente fluidos desde la vuelta del verano. Es el contacto de Artur Mas en Madrid, pese a sus divergencias en la hoja de ruta independentista. Duran ha contactado con Rajoy, la vicepresidenta Santamaría y con el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba; con este último la semana pasada de forma pública en el Congreso. Las últimas semanas han servido para que tanto Gobierno como Generalitat tanteen las posibilidades de diálogo, los límites, las materias sobre las que se puede hablar y la voluntad de acuerdo o aproximación. Los gestos se han multiplicado por ambas partes. Pueden considerarse guiños «amistosos» para rebajar la tensión.
Así lo ha interpretado CiU, por ejemplo, cuando Montoro se comprometió a facilitar el pago a proveedores, que permite sanear, entre otras cosas, la asfixia que sufren las farmacias catalanas por los impagos de la Generalitat. En el último Consejo de Ministros, se aprobó el primer tramo del nuevo plan, y Cataluña está a la cabeza de las Comunidades, con 1.489 millones de euros, que empezará a recibir de forma inmediata para pagar facturas. Desde CiU se ve otro signo de acercamiento en el posible retoque de la reforma educativa durante su tramitación del Senado, tal y como el ministro Wert anunció que podía suceder.
Por último, la convocatoria de una Comisión Bilateral es otro paso que da el Gobierno de la Nación. Lo anunció la «número dos» de Moncloa el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros. Santamaría se había reunido con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para estudiar el contenido de esa Comisión bilateral Estado-Cataluña, prevista en el Estatuto, que aún no se ha reunido esta legislatura, pese a que en la ley autonómica se establece que debe celebrar al menos dos sesiones plenarias al año, «y siempre que lo solicite una de las dos partes». Santamaría y Montoro concluyeron que hay materia suficiente para convocar la Comisión. No obstante, desde Moncloa se aclara que solo se reunirá si acepta CiU el orden del día, que se centrará en asuntos «que afectan a los ciudadanos», y no en cuestiones independentistas o que superen el marco legal.

Nuevo contacto esta semana
La vicepresidenta se pondrá en contacto con Duran esta semana para ofrecerle la convocatoria de la Comisión, lo que sería un paso decisivo en la normalidad institucional y en el encauzamiento de los desvaríos nacionalistas, según se entiende en Moncloa. La Comisión permitirá canalizar el enfrentamiento hacia un diálogo sobre cuestiones básicamente económicas, a punto de iniciarse la revisión del sistema de financiación autonómica.
Por parte de la Generalitat y de CiU, en las últimas semanas se han observado otros gestos de aproximación, que han distendido el tenso ambiente. Por un lado, Artur Mas aplazó, al menos hasta octubre de 2014, la consulta ilegal soberanista, por problemas logísticos. Todo lo que sea dejar de concretar un asunto como el del referéndum ilegal es un paso que al menos no eleva la tensión. Además, CiU votó en contra recientemente de una propuesta para aprobar una convocatoria unilateral de referéndum en Cataluña, esto es, sin permiso.