EL CORREO 21/03/13
· Cree que sería posible cierta «ingeniería jurídica» para eludir una sentencia negativa, argumento que usa la defensa de Inés del Río para exigir una condena a España.
Hay «margen» legal para eludir una nueva sentencia contraria a la ‘doctrina Parot’. Así lo cree el Gobierno de Mariano Rajoy que ayer mismo, mientras se celebraba la vista oral en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la presa de ETA Inés del Río, anunció la posibilidad de aplicar «ingeniería jurídica» para sortear una hipotética anulación del sistema instaurado en 2006 para descontar los beneficios penitenciarios a los reclusos con mayores delitos. Representantes del Ejecutivo central y del PP como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la portavoz del partido en el Parlamento vasco, Arantza Quiroga, advirtieron que los tribunales españoles tendrán cierta «libertad» para aplicar o no la resolución que se dicte dentro de unos meses en la Corte de Estrasburgo.
En un intento de lanzar un mensaje tranquilizador a quienes temen una excarcelación masiva de etarras, Fernández Díaz aseguró que las autoridades españolas podrían aplicar «ingeniería jurídica» para buscar la fórmula de que los 53 presos de ETA –y otros 23 reclusos vinculados a los GAL, los GRAPO, el Ejército Guerrillero o con asesinatos o violaciones múltiples en su haber– encarcelados aún en aplicación de la ‘doctrina Parot’ sigan cumpliendo sus condenas. «Es evidente», dijo, que hay «margen» dentro de la «libertad» que los tribunales tienen en España para «interpretar» las decisiones que se adoptan en la Corte europea.
«Tribunales diferentes pudieran tomar decisiones diferentes», sugirió durante una jura en Madrid de nuevos inspectores jefe de Policía. Una idea en la que abundó Quiroga al subrayar que, de sufrir un traspiés en Estrasburgo, se deberían buscar «fórmulas» para garantizar que la Justicia española sea «justa» con las víctimas.
El Gobierno central y el PP trasladan así la sensación de prepararse para una sentencia contraria, algo que tardará en conocerse alrededor de un año si se cumplen los plazos de anteriores casos abordados en la Gran Sala con la Administración de España como protagonista.
Víctimas e izquierda abertzale, juntos durante dos horas de vista oral
Jueces de Francia, Rusia, Ucrania y Turquía presenciaron una sesión rodeada de enorme expectación.
Estuvieron juntos, aunque apenas se rozaron. Dos horas de vista oral permitieron a víctimas del terrorismo y a representantes de la izquierda abertzale y sus coaliciones Amaiur y EH Bildu compartir un mismo espacio, aunque prácticamente ni se mirasen. A un lado, tras los abogados de la presa de ETA Inés del Río, en primera fila, se sentaron los diputados en el Congreso Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Rafa Larreina, el parlamentario vasco Oskar Matute y el representante de Bildu en Navarra Maiorga Ramírez. Errekondo y Matute portaban las mismas pegatinas por los presos que lucen en sus escaños en Madrid y Vitoria.
Al otro lado, tras los miembros de la Abogacía del Estado, la directora del servicio de víctimas del Gobierno, Sonia Ramos, y las portavoces de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, AVT, Ángeles Pedraza, y Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
En medio, varios cientos de espectadores, entre los que figuraban delegaciones de jueces que visitaban las instalaciones y que no quisieron perderse la sesión, como advirtió al inicio de la vista el presidente del tribunal, Dean Spielmann. Había magistrados de Turquía, Francia, Rusia y Ucrania. Los periodistas asistieron a la sesión desde otra sala, a través de un sistema de televisión.
Buena parte de los presentes echaron mano del servicio de intérpretes para seguir el juicio. Se pudo escuchar en inglés, francés, español y hasta ruso. Ni siquiera los magistrados del tribunal se libraron de utilizar un auricular para entender los argumentos de las partes en liza. Lo tuvieron más fácil para seguir las intervenciones de los tres abogados de Del Río –cuyos sueldos abona Sortu–, que hablaron en inglés, junto al francés, idioma oficial para las comunicaciones de la Corte de Estrasburgo. A diferencia de causas anteriores en las que la representación española utilizó el inglés, los dos miembros de la Abogacía del Estado se emplearon en español, idioma en el que sólo se maneja con soltura uno de los 20 jueces que siguieron la vista de ayer, Luis López Guerra, ex alto cargo del Gobierno español con José Luis Rodríguez Zapatero.
El procedimiento, muy tasado, apenas deparó novedades. Quizá lo único sorprendente es que sólo un magistrado hiciera dos preguntas a la defensa de España. Quería saber qué pasará con los presos de ETA si se reafirma la nulidad de la ‘doctrina Parot’.
EL CORREO 21/03/13