La petición de la Cámara quedará, sin embargo, aparcada a la espera, según fuentes de Presidencia, de un estudio legal exhaustivo. El Ejecutivo, en cualquier caso, no tiene obligación jurídica de dar cumplimiento a las proposiciones no de ley.
El Gobierno no sólo se ampara en que este tipo de iniciativas sólo sirven para «orientar políticamente» su acción, sino que además menciona las importantes dificultades de tipo legal que podría plantear la familia de Franco ante la posibilidad de desenterrar sus restos, así como el hecho de que esta propuesta no figura en la Ley de Memoria Histórica, que el PSOE quiere reactivar.
A todo ello, las fuentes consultadas añaden que precisamente de acuerdo con el artículo 16 de dicha ley, aprobada bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el Valle de los Caídos perdía su condición de monumento funerario político para pasar a regirse exclusivamente por las normas que afectan a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
Dicho artículo, en su apartado segundo, añade que «en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo».
En definitiva, que, en contra de lo que mantiene la proposición no de ley aprobada ayer por el Congreso, las fuentes gubernamentales recuerdan que el Valle de los Caídos no es ya un «lugar de memoria franquista y nacional católica». Al menos sobre el papel.
El PSOE opina todo lo contrario. Los socialistas mantienen que en el sentir de la ciudadanía el monumento sigue siendo un referente de la dictadura franquista y, en consecuencia, consideran necesario «resignificarlo» a fin de que sea visto como un espacio «en favor de la reconciliación y de la democracia» que reconozca a las víctimas de la Guerra Civil y de la etapa franquista.
Para conseguirlo, el primer paso imprescindible es, según el diputado socialista Gregorio Cámara, retirar del mismo los restos de Franco y reubicar en un lugar «no preeminente» de la basílica los de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange. Cámara admite que las proposiciones no de ley no obligan «jurídicamente» al Gobierno, pero advierte de que sí lo hacen «políticamente». «El Ejecutivo», dijo, «debe cumplir con el mandato del Parlamento». Cosa distinta es cuándo.
La portavoz adjunta de su grupo, Isabel Rodríguez, insistió en la misma tesis al señalar que el Gobierno «no puede mantenerse ajeno a la presión de la oposición». La diputada socialista llegó incluso a recomendar a la familia Franco que «vaya pensando» dónde ubicar los restos del dictador.
La iniciativa del PSOE recabó ayer el apoyo, no sin reticencias, de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y ERC, que optaron por la abstención, si bien por motivos muy diferentes.
Los populares, tal y como argumentó en el debate de la proposición la diputada Alicia Sánchez-Camacho, creen que con esta propuesta se rompe el compromiso clave de la Transición por el cual no se utilizaría la historia como argumento político arrojadizo entre unos y otros.
ERC, por su parte, pretendía que la propuesta fuera mucho más allá. En esta posición se situó también inicialmente Unidos Podemos, aunque ayer esta formación optó por dar el visto bueno a la iniciativa del PSOE «por responsabilidad». El PDeCAT y el PNV también le concedieron un respaldo «crítico».
El PP intentó que los distintos puntos de la proposición se votaran por separado, ya que ello les permitiría apoyar algunos, pero el PSOE finalmente no aceptó la sugerencia.
En realidad, el texto aprobado recoge de forma condensada los principales puntos incluidos en la Ley de Memoria Histórica, con el añadido polémico de la exhumación de los restos de Franco. Así, el objetivo último del PSOE es el de conseguir que dicha ley se reactive, puesto que el Gobierno del PP, con el argumento de la precariedad presupuestaria impuesta por la recesión, retiró los fondos para su ejecución.
La proposición no sólo pide recuperar los trabajos de localización y exhumación de las fosas comunes de la guerra, creando además un banco de ADN para el cotejo e identificación de restos, sino también volver a expedir las declaraciones de reparación a las víctimas y excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce la figura de Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Igualmente, plantea que se estudie la nulidad de las condenas penales dictadas por los tribunales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y que se cree una Comisión de la Verdad para determinar la realidad de lo sucedido en materia de violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y a lo largo de la dictadura, especialmente todo lo referente a las desapariciones forzadas.
El Congreso de los Diputados, al aprobar la proposición no de ley, reclama también al Gobierno que establezca el 11 de noviembre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo e insta a que en los programas educativos se recoja convenientemente la memoria histórica.