EL MUNDO 22/10/13
· Fernández Díaz dice que la sentencia no cambia el hecho de que ETA ha sido derrotada.
El golpetazo inmediato, las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot a corto y a medio plazo son tan difíciles de tragar que las verdades como puños –sobre la ETA vencida – esgrimidas ayer por los ministros de Justicia e Interior, «lamentando» la decisión del Tribunal, supieron a poco. De modo que el equilibrio de la situación quedó fiado a una frase pronunciada por el titular de Interior: «Nunca voy a permitir que personas que no han pedido perdón y no se han arrepentido sean recibidos como héroes». «Eso la ley lo impide», concluyó. Quedó fiado a esa promesa, y a la voluntad de no pagar un duro a los etarras que aleguen haber sido perjudicados por el Estado.
Una hora después de que se supiera que la Corte Europea había dado la razón a Inés del Río, abriendo la puerta para que salgan de prisión 137 asesinos en serie, Jorge Fernández Díaz recordó que esa sentencia «no cambia el estado de la cuestión, que la ETA que hemos sufrido ya no existe, ha sido derrotada y ya no volverá»; y Alberto Ruiz-Gallardón le secundó argumentando que «los demócratas hemos ganado y nunca volverá a ocurrir que un asesinato tenga un año de reproche penal».
Recordaba así el titular de Justicia que las leyes cambiaron para endurecerse en 1995 y reivindicaba la pertinencia de la última reforma del Código Penal, en la que ha introducido la prisión permanente revisable, que tanta controversia ha generado. Pero ambas cosas iban unidas en su reflexión a una división terrible: la realizada entre el número de asesinatos realizados por la terrorista Del Río Prada y los años que ha pasado en prisión. Y ni siquiera le sale un año por muerto. De hecho, Gallardón quiso resaltar que la sentencia «únicamente» afecta a los que fueron juzgados con el Código Penal de 1973. Pero lo cierto es que ese «únicamente» abarca a decenas de los peores etarras.
La solución para mitigar esta realidad «del pasado» aunque con «dolorosos» efectos en el presente fue, por una parte, anunciar que «las posibles excarcelaciones no supondrán impunidad». El ministro del Interior se refería con ello a que no se permitirán actos que enaltezcan el terrorismo y humillen a las víctimas. Puso como ejemplo la operación policial realizada recientemente contra Herrira, la organizadora de hasta 112 homenajes para recibir a los etarras que iban cumpliendo condena. No explicó qué pasará si el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, agasaja como una gudari a Inés del Río como hizo, sin consecuencias, con los miembros de Herrira.
Por otra parte, Gallardón anunció que no pagarán a la terrorista los 31.000 euros de indemnización por haber estado seis años más en prisión. Inés del Río se declaró insolvente desde un primer momento y nunca pagó a sus víctimas. Esa carga fue «adelantada» por el Estado y, según el ministro, «todavía no se ha producido una prescripción del derecho del Estado para reclamar».
Los dos aseguraron que el Gobierno había utilizado «todos los recursos de los que disponía» y hablaron de «repugnancia» e insistieron en que la doctrina les sigue pareciendo «justa y útil». Sobre el acatamiento a la sentencia, quisieron dejar claro que se trataba de un «recurso personal». Pero en todo momento quedó claro que eran conscientes de su repercusión y también de la función que les corresponde. Resaltaron que «las consecuencias prácticas han de ser aplicadas por la Audiencia Nacional». Y que el Constitucional y el Supremo ya han establecido «cómo han de aplicarse las sentencias definitivas de Estrasburgo».
Se les preguntó si creían que la sentencia hubiese sido la misma hace dos años, cuando ETA todavía no había anunciado el cese definitivo. Y Gallardón recordó que no hay ni una línea en la sentencia que haga referencia a la coyuntura. Tampoco quisieron realizar un análisis de cuáles pueden ser sus efectos dentro del proceso para el fin definitivo de la banda. Díaz aseguró que la política penitenciaria no va a cambiar y que el Gobierno va a «seguir actuando hasta la disolución» de ETA.
Expulsado del PP por insultar
El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón recibió ayer más de 10 «amenazas de muerte» contra él o de «violaciones» a miembros de su familia por alabar el fallo del TEDH en la red social Twitter. Como anunció anoche, Garzón las va a denunciar a la Policía. Entre ellas, recibió las amenazas de un militante de Nuevas Generaciones (NNGG), Jaime Mora, que le dijo: «Matarte a ti o a todos los de tu calaña nos va a salir igual de caro. Igual no va a ser tan malo… Payaso». NNGG inició ayer el procedimiento para su expulsión.
EL MUNDO 22/10/13