DIARIO VASCO, 1/5/12
La reinserción preparará a los internos para «resistir la estigmatización» por su disidencia. Interior asegura que la prioridad es socavar el «control» de ETA sobre sus reclusos y que los presos «rompan con los valores» de la banda
El Gobierno central no sólo perfeccionará la vía Nanclares, sino que asumirá una de sus medidas más singulares. El Plan Integral de Reinserción de presos de ETA incluirá encuentros entre los etarras y las víctimas para que los miembros de la organización terrorista pidan perdón, según consta en el programa de cinco páginas diseñado por el Ministerio del Interior. De esta forma, el Ejecutivo del PP dará continuidad a unos encuentros restaurativos que comenzaron bajo el mandato socialista. Las reuniones serán facultativas y solo tendrán lugar a iniciativa de las víctimas, que podrán reclamar que el etarra arrepentido que participó o colaboró en el atentado contra él o su familia le pida perdón. No obstante, la petición de indulgencia, como estaba previsto, no será condición indispensable para que el recluso pueda entrar en la primera fase del programa de reinserción, para el que será suficiente con que reniegue de forma pública de la banda terrorista y optar así al acercamiento a una cárcel más del País Vasco o más cerca de esa comunidad.
Las reuniones entre presos y víctimas han suscitado reacciones contrapuestas entre los familiares de asesinados por ETA. Algunos las ven con buenos ojos y otros expresan su recelo, cuando no su rechazo. En el primer grupo, por ejemplo, está Josu Elespe, hijo del edil del PSE-EE de Lasarte-Oria Froilán Elespe, que el pasado diciembre detalló en este periódico algunos detalles de su experiencia, de la que salió «contento», aunque su reunión no fue con el autor material del asesinato de su padre.
El texto del denominado «programa para el desarrollo de la política de penitenciaria de reinserción individual» establece que la administración penitenciaria «arbitrará los procedimientos para que las víctimas que así lo deseen, puedan recibir el perdón de los penados dispuestos a pedirlo». Un gesto que, como explica en el documento, tiene «efectos jurídicos» para los miembros de ETA, pues más allá del acercamiento, para el que sólo se pide el desmarque de la organización terrorista, el arrepentimiento es condición imprescindible para el acceso al tercer grado o régimen de semilibertad.
El programa establece «encuentros destinados a satisfacer esta exigencia legal», primer paso hacia los beneficios penitenciarios, pero siempre con la «aceptación» e iniciativa por parte de la víctima, que solo podrá ser la directamente perjudicada por el delito o «sus allegados más cercanos». «De la misma forma, el penado que otorga el perdón tiene que ser el autor material o el cooperador directo del hecho delictivo que ha causado el daño», establecen las órdenes de Interior.
Herramienta esencial
Ese delicado encuentro irá precedido de la «preparación necesaria» para que, en ningún caso, esa reunión «pueda suponer un incremento del estado de aflicción de la víctima». El Gobierno, tras las críticas recibidas por las asociaciones de víctimas por el hecho de que no se exigiera el perdón para el traslado, insiste en que «la reparación victimológica» debe «entenderse como una parte esencial del cumplimiento de la sanción penal impuesta porque puede coadyuvar a conseguir el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad». Para Interior, estas reuniones de «reparación moral» además, tendrán efectos «muy positivos» tanto en la víctima como para los terroristas.
El departamento que dirige Jorge Fernández defiende en el documento que el plan de reinserción se va a convertir en una herramienta esencial para socavar el «control» de ETA sobre sus presos. Esta iniciativa es parte de una «estrategia específica» para intentar enfrentarse a una «organización» que «no se ha disuelto, cuenta con un cierto apoyo social y aspira a mantener la cohesión y disciplina de sus militantes encarcelados proyectando una estrategia de imposición al Estado en el diseño y ejecución de su política penitenciaria».
Según Instituciones Penitenciarias, ha llegado el momento de, sin modificar la ley ni los «requisitos» para obtener beneficios penitenciarios, «alentar evoluciones positivas de separación respecto al control que las organizaciones criminales mantienen sobre sus presos».
La «reeducación y reinserción social» que persigue el plan estarán dirigidas sobre todo a «conseguir romper la identificación de estos internos con un orden de valores corrupto y criminal e inculcar actitudes y conductas características del orden de convivencia democrático», apunta el Interior.
El documento que se ha enviado o se enviará a todos los centros penitenciarios recuerda que la reinserción sigue siendo una «obligación legal» también para los presos terroristas y de organizaciones criminales, pero que sumarse a esa «reeducación» es siempre una opción «voluntaria e individual», por lo que solo podrán participar en este programa los etarras que «lo acepten de forma expresa» y que cumplan los requisitos de «acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido o con la que ha estado relacionado». «Quien no quiere reinsertarse no tiene sentido que forme parte del programa, ya que su desarrollo requiere una actitud activa del interno», afirma la instrucción.
«Reversible»
La denominada «fase de incorporación de internos» se realizará en todos los centros que alberguen reclusos vinculados con organizaciones terroristas. No obstante, según las órdenes del departamento que dirige Ángel Yuste, el desarrollo del programa se realizará «preferentemente» en cárceles vascas, si bien se ampliará a otros centros próximos al País Vasco «en función de las características de los penados que se incorporen al programa».
La inclusión en este proyecto que abre las puertas al acercamiento será siempre «reversible», ya que el equipo de tratamiento de la cárcel podrá «expulsar» al interno si constata «una actitud contraria a los objetivos de reinserción del programa propondrá su exclusión» o comprueba que su actuación no es «auténtica».
Los objetivos reeducadores de prisiones pasarán por siete puntos: concienciación de la magnitud del daño ocasionado; asunción por parte del penado de su responsabilidad; superación de los elementos que le llevaron a justificar la violencia; progresiva asunción de valores cívicos; preparación para «resistir la estigmatización» que les va producir la «disidencia de los que asumen el compromiso con la legalidad»; entrenamiento en habilidades pacíficas para solucionar situaciones conflictivas; y aprendizaje para la adopción de «decisiones personales».
Para el desarrollo de estas actividades, Instituciones Penitenciarias podrá solicitar la participación de «personas o instituciones que, desde la pluralidad, hayan obtenido reconocimiento o relevancia social en la defensa de los valores que hayan contribuido a la erradicación de la violencia como legitimadora de cualquier idea, que hayan apoyado el reconocimiento del dolor de las víctimas.
DIARIO VASCO, 1/5/12