El Gobierno apura el último tramo antes de que el Consejo de Ministros apruebe de forma inminente los indultos a los políticos catalanes presos por el ‘procés’ y trabaja en esta última fase para blindar su argumentación ante los previsibles recursos que presentarán contra ellos los partidos de la oposición. El objetivo es atar la medida de gracia dirigida a Oriol Junqueras y el resto de condenados, de forma que la Sala Tercera del Supremo, la encargada de revisar las impugnaciones en su contra, no encuentre argumentos para desactivarlos. Para ello, el Ejecutivo cuenta con cuatro puntales que complicarán las intenciones del PP y de Vox: la utilidad pública basada en la convivencia en Cataluña, el mantenimiento de las penas de inhabilitación, la individualización de motivos y de condenas de prisión para cada uno de los afectados y la exigencia del cumplimiento futuro de las leyes. 

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la combinación de estas cuatro premisas provoca que el éxito de los recursos sea algo «casi imposible». La legitimación de los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal ya está en duda. Una motivación basada en la convivencia, respaldada por el sentir mayoritario de la sociedad catalana, incluso la no independentista, que ha ido quedando patente en las últimas semanas, dificultará aún más el apoyo de la Sala de lo Contencioso a la impugnación.

Los tres factores que acompañan a la utilidad evidente de favorecer la concordia sirven, en opinión de estas fuentes, para redondear la eficacia de la gracia. Como adelantó este domingo ‘El País’, los planes del Gobierno incluyen que sean parciales, de forma que cada uno de ellos obtendrá el perdón por la pena pendiente por cumplir, distinta en cada uno de los casos, pero se mantendrá la prohibición de que accedan a cargo público por el tiempo completo de las mismas. Así, en el caso de Junqueras, la inhabilitación completa será de 13 años, la de Romeva, de 12 años, Turull y Bassa mantendrán la de 11 años y seis meses, el mismo tiempo que Forcadell; 10 años y seis meses en el caso de Forn, y nueve respecto a Rull, Sànchez y Cuixart. De ese plazo quedará descontado el tiempo cumplido, tres años y medio en la mayoría de los casos. 

La guinda final es la reversibilidad: los indultos desaparecerían si hay reincidencia y los beneficiados reproducen las mismas conductas que les valieron las condenas u otras distintas delictivas.

Los consultados señalan, además, que la capacidad de análisis de la Sala Tercera sobre los indultos está muy acotada. Los magistrados de contencioso del alto tribunal únicamente pueden estudiar los requisitos formales del indulto, es decir, si se han cumplido todos los trámites del procedimiento, si se han pedido los informes preceptivos al tribunal y al fiscal y si la motivación existe y no es arbitraria, contradictoria o irrazonable, es decir, si se dan los elementos reglados. En ningún caso puede entrar en la procedencia o improcedencia de la decisión de fondo. 

La guinda final es la reversibilidad: los indultos desaparecerían si hay reincidencia y los beneficiados reproducen las mismas conductas

La única incógnita por despejar en este panorama que protege en el plano jurídico el mantenimiento a largo plazo del perdón es la capacidad del Gobierno para distinguir y diferenciar la situación particular de cada condenado. A efectos de la revisión judicial a través de eventuales recursos, la concreta justificación jurídica que se dé en cada caso resultará clave. En este aspecto, el Gobierno tiene un camino para salvar el escollo. Puede optar por desarrollar esta individualización de argumentos cuando desarrolle su razonamiento sobre por qué mantiene la inhabilitación en cada caso separado. 

La combinación de esta ‘personalización’ y un encabezamiento que justifique que la razón de utilidad pública es la misma no debería ser un problema para el objetivo de proteger la decisión frente a los recursos. Las fuentes señaladas recuerdan que el delito es único, los hechos coincidentes y las circunstancias también y, por tanto, las razones en ese extremo también lo serán.

Las previsiones

A nivel práctico, el escenario más probable sobre los indultos es el siguiente: el Consejo de Ministros los aprobará mañana, 22 de junio, o el próximo martes 29, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los explicará el día 30 en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esos ocho días desde la aprobación en el Consejo hasta el debate en el Parlamento pueden desfigurar el argumentario que lleva días estudiando el mandatario socialista. Demasiado tiempo para que interfieran mensajes y consignas de quienes rechazan las medidas. Eso ha provocado que en el seno del Ejecutivo surjan dudas acerca de los plazos. 

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, están analizando ya aspectos muy técnicos de los expedientes de cada uno de los presos, y, por tanto, de sus correspondientes indultos, que serán parciales. Con la premisa de la eliminación de las penas de prisión que quedan pendientes y la preservación de la inhabilitación, Junqueras y los demás saldrán de la cárcel, pero estarán varios años sin poder desempeñar cargo público.

Hasta aquí el paisaje en el que ahora mismo se está moviendo el Gobierno y que ya habría compartido con la Generalitat de Cataluña y con ERC en un ámbito absolutamente reservado y discreto. Sánchez ha pedido que no haya filtraciones, así que muy poco del contenido de los expedientes está trascendiendo. Para el presidente del Gobierno y su equipo, resulta esencial el control de los tiempos. Desde hace un mes, se ha discutido mucho, incluso en el propio Ejecutivo, sobre cuál sería el mejor momento para lanzar a la opinión pública el debate de los indultos y cuál sería el de su aprobación. En Moncloa, tenían claro desde hace semanas que había que empezar por anunciar la decisión, o cuando menos confirmarla, ya que se había adoptado mucho antes. 

Al principio, influyó poco en la redacción del calendario la hostilidad con que reaccionó la oposición. Se daba por hecha la actitud beligerante de Vox, así como la del PP y la de Cs. La convocatoria de un gran acto en la plaza de Colón en Madrid, por tanto, apenas alteró la hoja de ruta. Pero el desenlace del evento y la visibilización de las rencillas que entre sí guardan los partidos de este marco ideológico animaron al Gobierno a acelerar un poco los plazos. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, declaró en una emisora de radio que los indultos estaban a punto, señal de que Sánchez ni siquiera iba a esperar a julio. Carmen Calvo incluso puso fechas: o el Consejo del 22 o el Consejo del 29 de este mismo mes.

En Moncloa, tenían claro desde hace semanas que había que empezar por anunciar la decisión, o cuando menos confirmarla 

La buena relación con el gabinete del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y de la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, con el de ERC, Gabriel Rufián, han facilitado los trabajos, siempre entre el mutismo. En esas conversaciones, se habló de cómo exponer la medida ante el Congreso, sobre todo a raíz de que la número uno del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, avanzara en la reunión semanal con la Mesa y los demás portavoces que su grupo iba a pedir la comparecencia del presidente ante el pleno. Fue el martes pasado cuando en la Mesa y en la Junta vieron que esa posibilidad estaba a punto de hacerse realidad. Si bien no fue materia de discusión con todos los partidos, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y la propia Lastra dejaron entrever que las explicaciones de Sánchez se producirían.

Explicaciones ante el Congreso

Juntar en un mismo punto del orden del día dos debates de enjundia no es habitual en la práctica parlamentaria. No gusta a los defensores de la ortodoxia. Sin embargo, se ha hecho más veces, sobre todo desde que Pedro Sánchez es presidente. La portavoz del PSOE en el Congreso confirmó el martes pasado que el jefe del Ejecutivo acudiría al pleno después de la cumbre europea del 24 para contar los resultados de ese y del anterior Consejo de la UE, y que aprovecharía la ocasión para abordar cuestiones de actualidad política nacional. Evitó pronunciar la palabra ‘indultos’. Tampoco hacía falta. 

Fuentes de la dirección socialista apuntaron al 7 de julio como fecha más probable de la comparecencia de Sánchez, aunque otras fuentes parlamentarias perfilaron otra: el 30 de junio, el último día del periodo ordinario de sesiones. Ya entonces, estas últimas fuentes comentaron a El Confidencial que la aprobación de los indultos podría no efectuarse el día 22 y alargarse una semana más.

Este sábado, vía Telegram, la Secretaría de Estado de Comunicación anunció que Sánchez iría al Congreso el 30 de junio, lo que, en opinión de las fuentes, alimenta la opción de que los indultos pasen por el Consejo de Ministros en sesión posterior a la de este martes. Como quiera que el presidente tiene decidido que expondrá las razones a favor de los indultos ante el Congreso una vez recaben el plácet de su Gobierno, es lógico que quiera unir las dos fechas y no dejar muchos días entre ambas. Tendría más fácil, en ese caso, llevar la iniciativa del mensaje y asumir el control de los tiempos. Las fuentes que están al tanto de la cocina de los indultos ponen la mirada también en el Consejo de Ministros extraordinario fijado para el 24. Sánchez, en esta hipótesis, acabaría con la obligación de llevar mascarillas por la calle, concedería las medidas de gracia y viajaría a Bruselas, a la cumbre europea.