El nombramiento, ayer, por unanimidad de los 17 vocales y del presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial de los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional, César Tolosa (conservador) y María Luisa Segoviano (progresista) deja sin efecto y hace decaer las reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que pretendían los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos inicialmente mediante enmiendas de adición a la reforma del Código Penal y cuya tramitación detuvo el Tribunal Constitucional. 

El órgano de garantías constitucionales suspendió esas enmiendas en el pleno que celebró el pasado día 19 impidiendo que se votasen en el Senado al admitir el recurso de amparo interpuesto por el PP al entender que, por una parte, infringían el derecho de los diputados al pleno ejercicio de su función (artículo 23 de la Constitución), y, por otra, al considerar inconstitucional que dos normas orgánicas fueran modificadas mediante enmiendas en otra (el Código Penal) sin conexión ni homogeneidad con el contenido esencial de la proposición de ley que, entre otras cosas, ha suprimido el delito de sedición y rebajado determinados tipos de malversación.

Los grupos parlamentarios gubernamentales pretendían una nueva redacción del artículo 599.1.1.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer plazo al Consejo para hacer los nombramientos de magistrados del Constitucional y suprimir la mayoría cualificada de 3/5 de sus vocales para su designación. Además, en la reforma pretendida por socialistas y Unidas Podemos, se incorporaba una advertencia incluso de sanción penal a los miembros del Consejo si no cumplían el mandato de la reforma, ahora abortada. 

Los 10 vocales conservadores, en una operación fulminante, han logrado, no solo dejar sin sentido esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino, además, evitar la elección de José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, candidato de los progresistas y muy próximo al Gobierno, imponiendo a María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo, y sacando adelante a su candidato, César Tolosa, presidente de la Sala Tercera. Y todo ello por unanimidad y de acuerdo con la vigente ley orgánica que los grupos del Gobierno de coalición pretendían reformar.

El Ejecutivo se ha quedado sin razones para volver a presentar una proposición de ley con el contenido de la enmienda número 61, ya que el Consejo ha resuelto —si bien con más de tres meses de retraso— los nombramientos que permitirán de inmediato que el Tribunal Constitucional se renueve por tercios como establece la Constitución. Así, y según fuentes próximas al órgano de garantías constitucionales, su presidente, Pedro González-Trevijano, convocará “esta misma semana si está en su mano” un pleno para verificar la idoneidad de los cuatro magistrados ya designados: los dos del Gobierno —Juan Carlos Campo y Laura Díez— y los dos del Consejo —María Luisa Segoviano y César Tolosa— que tomarán posesión de sus cargos una vez se dicten los correspondientes reales decretos de nombramiento de los magistrados del Gobierno y de cese de los cuatro cuyo mandato ha vencido. 

En el momento mismo en que el pleno de verificación previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional —artículo 2.1. g) y artículo 10.1. i), que el Gobierno también quería suprimir para retirar esa facultad al TC— compruebe la idoneidad de los cuatro nuevos miembros —lo que es seguro según fuentes del órgano de garantías constitucionales—, cesarán los magistrados Pedro González-Trevijano, actual presidente; Juan Antonio Xiol Rius, actual vicepresidente; Antonio Narváez, y Santiago Martínez Vares, de tal manera que el organismo pasará de una mayoría conservadora a otra progresista.

Fuentes consultadas por El Confidencial confirman que la renovación se hará “lo más rápido posible”, advirtiendo que esta celeridad se producirá tanto porque es obligada como para evitar “la inconstitucionalidad en la que incurría la reforma de la ley del TC al permitir su renovación a sextos y no a tercios con flagrante infracción del artículo 159.3 de la Constitución”. González-Trevijano tiene el firme propósito de convocar el pleno de inmediato, una vez lleguen “los papeles a su Gabinete” y los magistrados que están fuera de España de vacaciones —Enrique Arnaldo y Concha Espejel— regresen. Juan Antonio Xiol, fuera de Madrid, estará de vuelta mañana en la capital. 

La clave de esta operación que frustra el propósito gubernamental de alterar sustancialmente las mayorías de designación de magistrados del Constitucional en el Consejo General del Poder Judicial y de cambiar la renovación del Tribunal Constitucional por tercios, retirándole la facultad de verificación de la idoneidad de los nuevos magistrados que comportaba la constatación de que la renovación del TC debía producirse de cuatro en cuatro, cada tres años y por mandatos de nueve, se encuentra en la persistencia del Consejo General del Poder Judicial de no admitir el nombramiento de José Manuel Bandrés por su cercanía con el Gobierno, hasta el punto de que el Ejecutivo dio la consigna a los vocales progresistas de ceder en favor de María Luisa Segoviano. Por otra parte, el Gobierno no calculó —sino todo lo contrario— que el Constitucional se “atrevería” (sic) a suspender la votación en el Senado de las enmiendas para reformar las dos leyes orgánicas. La campaña previa de portavoces del PSOE como Felipe Sicilia y de ministros como Félix Bolaños, lejos de amedrentar a los magistrados del TC, los afirmó en su decisión.

Cuando en la Moncloa se comprobó que el Consejo no cedía con la candidatura de Bandrés y que el Constitucional no levantaría las medidas cautelarísimas, consideró que tenía perdida la partida ante el escrutinio de la Unión Europea, muy sensible a la reducción de las mayorías cualificadas en las designaciones de cargos en los órganos jurisdiccionales y de garantías constitucionales. A todo eso se ha añadido la repulsa generalizada al procedimiento de modificación de las leyes orgánicas a través de una reforma del Código Penal, un reproche de técnica legislativa que ha sido transversal, tanto de juristas conservadores como próximos al Gobierno. 

Las recusaciones a los magistrados González-Trevijano y Antonio Narváez decaen igualmente, y, según fuentes del Constitucional, el Gobierno podría desistir formalmente de esas reformas manifestándolo en las alegaciones en la pieza separada sobre las medidas cautelares que se tramitan en el TC. Queda pendiente la elección del nuevo presidente del órgano de garantías constitucionales. 

El Gobierno desea fervientemente que los magistrados progresistas elijan para el cargo a Cándido Conde-Pumpido. Y probablemente será así, pero no con total seguridad porque también se postula María Luisa Balaguer, que recaba simpatías entre sus colegas y a la que apoyarían los magistrados conservadores. Por otra parte, la relación de María Luisa Segoviano con Conde-Pumpido se califica de “normal”, pero no “cercana”. Muy vinculada a María Teresa Fernández de la Vega —proceden ambas de la secretaría de las magistraturas de Trabajo y accedieron a la judicatura por el cuarto turno—, quienes la conocen y la han tratado hasta su reciente jubilación en el Tribunal Supremo aseguran que no habría que dar por hecho que el suyo sea un voto seguro a Conde-Pumpido.