EL CORREO 25/02/14
El Gobierno insiste. Ni reconoce a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) ni da por bueno su trabajo ni mucho menos admite su recomendación de dejar de detener etarras para facilitar un proceso de catalogación de arsenales y desarme. En resumidas cuentas, advirtió una vez más Jorge Fernández Díaz, el Ejecutivo no quiere mediadores porque con ETA «no se negocia», se le «derrota».
La supuesta neutralización de armas anunciada el viernes por los verificadores, lejos de hacer variar la estrategia del Ministerio del Interior, ha confirmado su convicción de considerar que la CIV es en realidad una «comparsa» a la que ETA usa como «altavoz internacional». Interior considera que la comisión ha hecho el «ridículo», sobre todo tras verse obligada a reconocer que los propios terroristas se llevaron en una caja las armas tras grabar el vídeo con la supuesta entrega.
Fernández Díaz quiso mandar un mensaje directo al grupo que dirige Ram Manikkalingam y advirtió que seguirá deteniendo activistas porque el «Estado de Derecho no está en suspenso». Y remarcó que España no necesita intervención exterior alguna para conseguir el desarme.
El ministro volvió a decir que el Gobierno jamás dará pábulo a la CIV ni a la idea de que hay que resolver un conflicto con dos frentes. «No estamos ante un proceso de paz, sino de disolución del terrorismo. Aquí no ha habido guerra». «En España nadie va a la cárcel por dónde ha nacido», recordó Fernández a los verificadores. El máximo responsable de la lucha antiterrorista no ocultó el desprecio del Ejecutivo al grupo internacional. «Si nos dan la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales, que no se preocupen, que la Policía y la Guardia Civil van a comprobar si entregan sus armas», apostilló.