En ninguno de los tres puntos hay acuerdo con los agentes sociales. Todo está algo más que verde. Y ese es, precisamente, el problema del Gobierno, que no tiene asegurada una mayoría suficiente para sacar adelante las reformas que llevará a los socios europeos. En particular, la reforma de pensiones y la reforma laboral, que, por distintos motivos, cuentan con posiciones abiertamente enfrentadas entre sindicatos y empresarios. Y sin el concurso de los primeros, peligra incluso una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlas, lo que en la práctica supondría bloquear las reformas que Calviño tendrá que elevar a Bruselas “en un único documento integrado”, como obliga el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, antes del 30 de abril.

Ese documento es el Plan Nacional de Reformas, que es una especie de compromisos del Reino de España ante la UE, habitualmente incumplido, aunque ahora con una diferencia. En esta ocasión, la zanahoria son los 140.000 millones del fondo Next Generation. Su ritmo de distribución dependerá tanto del avance y calidad de los proyectos como de las reformas que se hagan. El palo, por el contrario, es una negociación larga y compleja sobre cada uno de los proyectos presentados por España.

Y aquí está el problema. Sindicatos y CEOE le han hecho un auténtico sándwich político al Gobierno. Los primeros no aceptan una reforma laboral de mínimos puramente cosmética para contentar a Bruselas. Aunque el discurso en público pase por derogar la reforma laboral, en realidad lo que se pretende es tumbar los puntos que consideran más lesivos (prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales, ultractividad o condiciones de la subcontratación); mientras que, en sentido contrario, los segundos quieren dejar básicamente las cosas como están, como ha declarado hace pocos días su presidente, Antonio Garamendi.

El calendario político

Nada indica que puede haber acuerdo a corto plazo. Entre otras razones, porque el calendario político, como sostiene un veterano dirigente sindical que prefiere hablar en privado, lo condiciona todo.

En las próximas semanas se celebrarán elecciones en Madrid, se decidirá quién gobierna en Cataluña o si hay de nuevo elecciones, y, aunque parezca que está todavía muy lejos, deben comenzar a articularse los Presupuestos de 2022, que, en teoría, deben incorporar el grueso de las ayudas europeas. Y todo eso en un contexto de creciente polarización que condiciona la estabilidad del Gobierno central, ya con Pablo Iglesias fuera del Ejecutivo y muy pendiente de lo que pase en Madrid el 4-M.En medio, una decisión que puede contaminar todas las negociaciones, más por su valor simbólico que por sus efectos reales sobre la economía. El Ejecutivo, antes de que acabe este semestre, debe decidir qué hacer con el salario mínimo, si lo eleva a 1.000 euros mensuales por 14 pagas o lo deja en los 950 actuales. La comisión de expertos que se creó hace algunos meses aún no ha dado resultados, pero no hay duda de que lo que se decida influirá de forma relevante en el diálogo social, y hoy nada indica que CEOE acepte un nuevo incremento, que sería muy criticado por su junta directiva.

Este escenario es el que obliga al Gobierno a negociar en una cuádruple dirección. Por un lado, con sindicatos y empresarios las cuestiones sociales; por otro, con sus socios parlamentarios, que tienen la vista puesta en lo que pase en Cataluña y en Madrid, y, en tercer lugar, en el seno del propio Ejecutivo. Hay pocas dudas de que las posiciones de las vicepresidentas Calviño y Díaz son antagónicas tanto en pensiones como en la reforma laboral, y es probable que ahí esté la primera colisión pública de envergadura (al margen del SMI). La cuarta dirección tiene que ver con Bruselas, que espera resultados concretos de lo que pase en España para obrar en consecuencia.

Jubilaciones anticipadas

Para que no falte de nada, el ministro Escrivá ha puesto ya sobre la mesa su propia reforma de las pensiones, que hoy por hoy choca con la posición de los sindicatos, que no quieren oír nada de endurecer las jubilaciones anticipadas. Sobre todo en un contexto como el actual, en el que muchas grandes empresas están ajustando plantillas, no solo en banca sino en muchos sectores industriales.

Esta discrepancia es lo que puede explicar que ayer el ministro Escrivá desgranara algunas propuestas que tienen un carácter más quirúrgico que global. Es decir, actúa a modo de intervención sectorial, pero sin abordar una reforma paramétrica, como sucedió en las reformas de 2011 (retraso en la edad de jubilación) y 2013 (factor de sostenibilidad y nuevo cálculo a la hora de actualizar las pensiones).

Está por ver cuál es la respuesta de los sindicatos a la propuesta de hacer un pago único de hasta 12.000 euros (con carreras muy largas de cotización) para quienes retrasen un año su jubilación. O, incluso, su idea de subir las pensiones de acuerdo al IPC del año anterior, y si es negativo, compensarlo durante los tres años siguientes. Es decir, los pensionistas (excluidas las mínimas) tendrían que devolver ‘a plazos’ lo cobrado de más.

Aunque es verdad que el Pacto de Toledo, aprobado por casi todos los partidos, es el marco de referencia, ese documento es demasiado genérico, lo que significa que prácticamente hay que empezar desde cero, salvo asuntos como el trasladar a la Administración central los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, que servirían para aliviar su tesorería. En definitiva, muchos frentes abiertos en un clima político permanentemente preelectoral.