Cuando un Gobierno está desconcertado, perpetra ocurrencias como la de celebrar dos consejos de ministros a la semana tratando así de proyectar una especial intensidad en el ejercicio de sus funciones. Es una decisión delatora de lo que el pasado domingo diagnosticaba Gabriel Rufián en ‘El País’. 

El portavoz de ERC sostenía que “somos conscientes de que la alternativa es terrible [en referencia al PP y Vox], pero este Gobierno no puede sustentarse en el miedo a esa alternativa”. Y añadía: “Creo que [al Gobierno] le queda poca gasolina”. Quizá por ambas razones —temor y depósito de combustible en reserva—, los presupuestos generales del Estado de 2022 están siendo los del miedo para el Ejecutivo y los del botín para sus socios independentistas y nacionalistas. Todos son conscientes de que estas cuentas son las últimas de Pedro Sánchez y no han dejado el cuenco sin rebañar.

De ahí que los republicanos exijan, con un maximalismo arbitrario que atenta contra la directiva europea audiovisual, que el Gobierno legisle sobre la cuota lingüística de catalán, gallego y euskera (6%) en las producciones de las plataformas globales, cuando no puede imponerla respecto de aquellas que no tengan su sede central en España. 

Aquí hay gato encerrado: o los socialistas jugaron al engaño y los republicanos desconocían las reglas o a la inversa, y en el más benigno de los supuestos, se trata de un episodio de improvisación e ignorancia inaceptable. Es posible que el entuerto se arregle, pero la componenda no ha dejado de ser una chapuza impresentable. En todo caso, demuestra que unos por concesivos y los otros por codiciosos han convertido las cuentas públicas de 2022 en un adefesio político.

El presidente tiene ante sí un panorama nigérrimo: la inflación ha alcanzado el 5,6% y no parece un fenómeno temporal; el crecimiento previsto de nuestro PIB está siendo rebajado por todos los observatorios técnicos y el mazazo de ayer de la OCDE fue especialmente contundente porque nos deja con un incremento del 4,5%, dos puntos por debajo de la previsión gubernamental; la adjudicación de los fondos europeos ya transferidos se ejecuta en muy baja proporción y los que deben abonarse dependerán de dos reformas controvertidas (la laboral y la del sistema de pensiones), y, entre otras variables negativas, la pandemia presenta una prolongación imprevista que afecta seriamente a sectores tractores de nuestra economía como el turismo. Sin olvidar que el recibo de la luz no disminuirá, como prometió Sánchez, al nivel de diciembre de 2018. Los precios energéticos siguen disparados. Las cifras del paro que se conocen hoy son para Sánchez una suerte de respiración asistida. 

A estas alturas, además, el Ejecutivo quizás haya llegado a la conclusión de que la sobreexposición de sus socios nacionalistas e independentistas alardeando de las contrapartidas obtenidas en la negociación presupuestaria podría resultar hiriente para las sociedades que albergan a la España vaciada, que se están movilizando para presentarse en plataformas ciudadanas en unas próximas elecciones generales.

El presidente tendrá que determinar si el tiempo corre a su favor o en su contra. Más parece lo segundo que lo primero, así que no le queda otra que buscar una ventana de oportunidad para convocar elecciones. Las excusas para no hacerlo —los fondos europeos, la recuperación— podía haberlas esgrimido António Costa en Portugal y no lo ha hecho, seguramente con buen criterio. Aquí, si Moreno Bonilla aprieta el botón rojo de las elecciones adelantadas en Andalucía —lo que parece seguro— y logra unos resultados como Ayuso el 4 de mayo pasado, las posibilidades electorales del PSOE quedarían seriamente comprometidas, más aún si sigue creciendo en el seno del Consejo de Ministros la ideación por Yolanda Díaz de un proyecto alternativo al de Unidas Podemos que ahora está en caída libre. 

El PP va a tratar de arreglar el desaguisado entre Casado y Ayuso intentando alguna fórmula salomónica que rescate al uno y a la otra del fracaso. Habrá tablas como ha predicho un Mariano Rajoy que ayer ha presentado nuevo libro (“Política para adultos”) y que parece olfatear que es el momento de reivindicarse acaso porque observa señales de que el PP —con Vox— podría recuperar el poder que perdió en junio de 2018, cuando Sánchez le censuró con éxito en el Congreso por primera vez en democracia.

En este panorama los populares van a un proceso urgente de reagrupamiento que quizás alcance su culminación en el apoyo sin fisuras a su partido en Andalucía. Mientras, en Madrid, Ayuso logra acordar el presupuesto con Vox. A saber, si a Sánchez la gasolina le da para llegar hasta primavera y coincidir con Moreno Bonilla, o si debe parar y convocar antes porque el combustible se le ha acabado o si tiene capacidad para repostar y continuar el viaje hasta donde repite sin cesar: el fin natural de la legislatura en 2023. 

El presidente tendrá en cuenta, sin duda, que el Gobierno que formó en julio pasado se ha quedado ya viejo. Las tres vicepresidentas son tres problemas por razones distintas: la primera, porque es una solvente tecnócrata con lógicas aspiraciones a un comisariado en la Unión Europea; la segunda, porque es una rival que se prepara contra la opción que él representa y la tercera porque ha cuajado una gestión contradictoria con la crisis energética y a la que le falta empatía. Carmen Calvo hacía una función que el presidente necesitaba y que Félix Bolaños —con el Ministerio de la Presidencia, pero sin ser vicepresidente— cubre de manera desigual.

En política como en la vida, lo que mal empieza suele acabar mal. Esta legislatura necesitó dos elecciones para arrancar, lo hizo tras el fracaso del 10-N, con socios que no se trabajaron el programa de la coalición como el Gobierno ‘semáforo’ de Alemania y con una dependencia insensata de los nacionalistas e independentistas. 

Todo ello ha reactivado las posibilidades de la derecha como alternativa. En cierto modo, la heterodoxia política de Pedro Sánchez y de sus políticas y acuerdos cooperan activamente a que, pese a sus errores, la oposición que representa PP-Vox se perfile como un recambio que amedrenta a los políticos en el poder y a sus socios. La cuestión es saber si también lo hace a los electores. Esa es harina de otro costal.