En el auto con que el juez Hurtado llama a declarar al fiscal general hay un largo párrafo destinado a defender a la UCO de las insólitas críticas recibidas desde las altas instancias oficiales que teniendo el deber de ampararla la han puesto en su punto de mira. La Unidad Central Operativa es el departamento de la Guardia Civil adscrito por ley a funciones de policía judicial y encargado, por tanto, de las investigaciones que suelen fundamentar las acusaciones de la Fiscalía, cuyo titular impugna ahora su trabajo al verse él mismo en el centro de las pesquisas. El hecho excepcional de que un magistrado del Supremo tenga que respaldar de manera explícita a un cuerpo de seguridad frente a la descalificación de sus propios mandos indica hasta qué grado ha alcanzado la anomalía política de un Gobierno entregado a una abierta ofensiva obstruccionista contra el trabajo independiente de los tribunales de justicia.

Cercado por los escándalos y las sospechas, el Ejecutivo trata de convertirse en juzgador de los jueces y se permite emitir un veredicto preventivo de condena. Marlaska cuestiona el informe pericial de sus subordinados, Bolaños decide por su cuenta que la imputación del fiscal del Estado carece de pruebas y varias ministras sin currículum jurídico consideran que los sumarios en curso deben ser archivados sin más diligencias. Los casos de García Ortiz, Ábalos, Begoña Gómez o David Sánchez –el afamado director de esa extraña Oficina de Artes Escénicas, de domicilio tan fantasmal como sus tareas– amenazan la legislatura y es menester descarrilarlos por las malas o por las buenas. Y la UCO tiene la llave capaz de abrir las puertas de esos pasillos del poder donde se llevan a cabo actividades secretas presuntamente susceptibles de derivar en episodios de delincuencia. Por eso hay que cambiar teléfonos, evaporar mensajes o borrar huellas.

Parece cada vez más obvio que este ataque coordinado al poder judicial forma parte de una estrategia enfocada en la creación de un soporte argumental para denegar eventuales suplicatorios. Sólo que antes que el del presidente, por ahora remoto, podrían llegar los de algunas personas de su entorno. En la causa del novio de Ayuso, el instructor apunta a la Moncloa –es decir, a los colaboradores directos de Sánchez– como ámbito de responsabilidades en la filtración de datos confidenciales. A medida que los testimonios y las indagaciones avancen, el desfile de altos cargos por la Salesas adquiere visos de hipótesis bastante probable. En ese supuesto, el concepto de arbitrariedad con sesgo político –’lawfare’– puede convertirse, privilegio de aforados mediante, en la base de un preocupante conflicto de legitimidades: la mayoría parlamentaria frente a las exhortaciones judiciales. Un escenario poco verosímil en cualquier democracia que no hubiera asistido ya a tantos y tan graves disparates.