EL CORREO 24/11/14
· Estima que carecen de potestad para decidir dónde deben cumplir condena los reclusos de ETA
El Gobierno de Mariano Rajoy contempla con absoluta tranquilidad las solicitudes que medio centenar de reclusos de ETA han dirigido al juez de Vigilancia Penitenciaria reclamando el fin de la dispersión y su traslado a la cárcel alavesa de Zaballa. El Ejecutivo está convencido de que ni el juez José Luis de Castro ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dirige Grande Marlaska, respaldarán las peticiones porque a su juicio la potestad de decidir la cárcel donde un preso cumplirá condena corresponde solo a Instituciones Penitenciarias. El Ejecutivo cree que los tribunales no tienen potestad para decidir dónde deben cumplir su condena los reclusos de ETA
Tranquilidad absoluta y confianza plena en los tribunales. El Gobierno de Mariano Rajoy está convencido de que los escritos de queja que ha presentado medio centenar de presos de ETA quedarán en agua de borrajas. Está seguro de que ni el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dirige Fernando Grande Marlaska respaldarán la solicitud de los reclusos, que piden que se les acerque al País Vasco. En concreto, quieren que se les traslade al centro penitenciario de Zaballa, en Álava.
Los abogados de este colectivo anunciaron hace unos días que cincuenta internos –aquellos enfermos, con más de 70 años de edad o que llevan recluidos más de dos décadas– han comenzado a remitir al juez de Vigilancia Penitenciaria sendos escritos en los que piden que se ponga fin a la dispersión, unas misivas que, según fuentes judiciales, no han llegado aún al juzgado. Los textos, de unos catorce folios de extensión, tienen forma de formulario, con huecos en blanco para que los reclusos de ETA pongan su nombre –siempre después de la expresión «preso político»– y den detalles de su trayectoria carcelaria: prisiones en las que han estado internos, los kilómetros que tienen que hacer sus familiares para visitarles e, incluso, los accidentes de tráfico que sus allegados han sufrido, pérdidas de vidas incluidas. El EPPK, el colectivo que reúne a la ortodoxia de los presos de la banda terrorista, da así el segundo paso en su anunciada campaña de asumir las vías legales y judiciales para favorecer la puesta en libertad de todos ellos de una manera escalonada en el tiempo.
El movimiento de los etarras encarcelados es visto por el Ejecutivo central sin preocupación alguna. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que el Gobierno no va a variar ni una pizca la posición que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifiesta de forma habitual cada vez que se le interroga sobre este asunto. «La dispersión es un instrumento de política penitenciaria para luchar contra el terrorismo y los grupos de crimen organizado. Se ha aplicado con éxito y se seguirá aplicando mientras ETA exista. La forma de introducir cambios en la política de dispersión es únicamente la disolución de ETA», sostiene una fuente autorizada.
El argumento de que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, tiene a su cargo la función de definir dónde se cumple exactamente una condena es, precisamente, lo que convence a los dirigentes del PP de que la vía judicial que han emprendido los presos «tendrá muy poco recorrido». El Gobierno cree que el objetivo de los abogados de los reos es apurar la vía judicial hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero da por seguro que no se repetirá lo sucedido con la ‘doctrina Parot’.
Las autoridades del PP entienden, en este sentido, que decidir dónde está recluido un interno no es competencia del juez de Vigilancia Penitenciaria sino «potestad discrecional» de Instituciones Penitenciarias. Y dan por seguro que el recurso que se pudiera presentar ante la Sala de lo Penal de Marlaska en la Audiencia Nacional «tampoco tendrá ningún recorrido».
El camino procesal será, en todo caso, largo. De años. Los que necesiten los sucesivos recursos que irán recorriendo la Audiencia Nacional, el Supremo y hasta el Constitucional, para dar el salto, si fuera necesario, hasta el tribunal de Estrasburgo. Todo ese itinerario lo tienen asumido los letrados que defienden a los antiguos militantes de ETA en prisión y también la izquierda abertzale. De hecho, los dirigentes de EH Bildu, sin perder de vista esta vía, miran más a los resultados que puedan arrojar las elecciones generales previstas para finales del próximo año.
Relevo tras las elecciones
Los líderes abertzales confían en que la crisis pase factura al PP, de tal forma que este partido no gane los comicios y se produzca un relevo en La Moncloa. Lo más factible sería, según sus cálculos, una victoria del PSOE, aunque un triunfo sorpresivo de Podemos tampoco sería mal visto por los independentistas, en lo que a los presos hace referencia. Porque tanto el partido de Pedro Sánchez como el de Pablo Iglesias se han mostrado favorables a «otro tipo» de política penitenciaria y a acercar a los reclusos de la banda a cárceles del País Vasco.
Las dimensiones de la nueva prisión de Álava, que reemplaza a las antiguas instalaciones de Nanclares, permitiría fácilmente que todo el colectivo, incluidos los exetarras internos en Francia, pudiera cumplir sus condenas en el centro penintenciario vasco.
La izquierda abertzale confía en que los socialistas, en caso de llegar al Gobierno, favorecerían un cumplimiento de las penas menos duro que el actual y asumirían que la situación política, una vez que ETA ha subrayado su voluntad de desaparecer, es distinta a cuando se instauró la dispersión. Además, entiende que los propios presos han asumido que no habrá amnistía para todos ellos y que irán abandonando la cárcel de forma escalonada.
Algunos informes que maneja el Gobierno vasco sostienen que en 2020 quedarán apenas 200 reclusos de la banda en prisión, porque el resto ya habrá obtenido la libertad. El verdadero problema para Sortu está en los 150 internos condenados con el último Código Penal y que se exponen a largas penas, con la obligatoriedad, además, de tener que permanecer entre rejas al menos entre 30 ó 40 años.