EL MUNDO 01/11/14
· Impugna la nueva consulta del 9-N y pide al TC que advierta a Mas de las «responsabilidades» que tendría no dar «debido e inmediato cumplimiento» a la suspensión
El presidente catalán, Artur Mas, anunció ayer que «completará el operativo» de la consulta alternativa del 9 de noviembre pese a la más que probable suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Además, explicó que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que «estudien acciones legales» contra el Gobierno, que se concretarán la semana que viene por «abuso de poder y de derecho».
Mas daba por segura la segunda impugnación después del informe del Consejo de Estado y, tras escuchar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, convocó a los periodistas por la tarde para anunciar su respuesta. Argumentó que las quejas del Gobierno carecen de fundamento porque la Generalitat «está haciendo una cosa que no tiene nada que ver» con el contenido del recurso: «No es un referéndum, y mucho menos encubierto; es un proceso de participación totalmente al descubierto».
El presidente de la Generalitat dijo que el operativo del 9-N «ya está prácticamente acabado», y se comprometió a «completar las pequeñas cosas» que faltan para que los catalanes «puedan pronunciarse» sobre la independencia. En cualquier caso, desveló que piensa reunir la semana que viene el Pacto por el Derecho a Decidir, que agrupa a partidos políticos y a más de 50 entidades.
Añadió que el Gobierno está «desconcertado» y que por ello «ha pasado en 15 días del escarnio a presentar un nuevo recurso ante el TC». «Han cruzado la línea del ridículo», aseguró.
En una rueda de prensa voluntariamente ambigua, Mas no quiso concretar ni qué pasará si el Gobierno decide tomar medidas más drásticas para impedir el 9-N –como por ejemplo la retirada de las urnas– ni si convocará inmediatamente unas elecciones autonómicas, como le exigen ERC e ICV. Se limitó a garantizar que «todo el dispositivo estará a punto», pero añadió: «Otras cosas que pueden pasar ya no dependen de nosotros».
El presidente catalán no escatimó en ataques al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Afirmó que «usa al TC de manera impropia», porque obliga al tribunal a inmiscuirse en un asunto en su opinión puramente político, y que es «hipócrita»: «Dicen que el 9-N no tiene garantías, pero ¿quién hace todo lo posible para que no las haya? El propio Gobierno central».
Pero su principal argumento fue que en realidad la iniciativa del 9 de noviembre no tiene nada que ver con la consulta que convocó mediante un decreto y que fue suspendida el 29 de septiembre. De hecho, la comparó con «una encuesta», como la que hizo pública ayer el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), que también incluye las dos preguntas del 9-N.
«Es un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de la gente sobre la independencia. Punto y final. ¿No se puede pedir la opinión de la gente? Es que al final no podremos hacer ni encuestas», aseguró.
Mas también quiso quitar importancia a la participación de funcionarios como voluntarios en el 9-N, aunque en un primer momento la Generalitat afirmó que necesitaba unos 3.000 trabajadores públicos para asegurar el andamiaje de la consulta alternativa. Ayer lanzó un aviso al Gobierno: «¿Hay funcionarios? Sí, como profesionales liberales, como personas que ya no están en edad de trabajar… Los que se han apuntado es porque quieren colaborar y eso no se puede suspender».
Además, relacionó el segundo recurso del Gobierno contra sus planes con la última oleada de casos de corrupción, que afecta sobre todo al PP: «No sé si es del todo ajeno que el Gobierno gesticule tanto en el tema catalán cuando en los últimos días ha pasado lo que ha pasado en Madrid, y hay informaciones de todo tipo. No sé si es del todo casual».
Y, en una última advertencia a Rajoy, que siempre subraya que Mas se ha comprometido a actuar dentro de la legalidad, avisó: «Al no ejecutar el decreto de la primera consulta la señal era que queríamos actuar dentro de las normas establecidas. Pero añado que el pueblo de Cataluña tiene derecho a una legítima defensa».
SÁENZ DE SANTAMARÍA LANZA UN PRIMER AVISO
El Gobierno impugnó ayer ante el Tribunal Constitucional la consulta alternativa organizada por la Generalitat para el 9 de noviembre. Lo hizo, como explicó la vicepresidenta del Gobierno, para defender la Constitución, la democracia y los derechos de los ciudadanos. El Gobierno, de hecho, culpa a Mas de violar con su empeño la Carta Magna, desobedecer al Tribunal Constitucional y vulnerar los derechos de los funcionarios catalanes, a quienes pretende trasladar la responsabilidad que él no quiere asumir y a los que deja en la «intemperie legal». Santamaría evitó precisar si finalmente habrá acciones legales contra el propio presidente de la Generalitat, pero sí le lanzó una primera advertencia directa: «Espero que esta vez cumpla la resolución. Debe ser muy consciente de que si con la primera consulta vulneraba la Constitución, con esta nueva fórmula vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna, y eso es un paso más en su responsabilidad».