Ignacio Camacho-ABC

• El debate sobre la monarquía es un clamor del pueblo. Incluso en el tarot demoscópico de Tezanos preocupa a… un 1%

Hasta el tarot demoscópico de Tezanos reflejó la semana pasada que el «evidente debate sobre la utilidad de la monarquía» -Irene Montero dixit- preocupa a la friolera de un 1,1 por ciento de españoles. Es decir, alrededor de una séptima parte de los votantes de Podemos. Esto contando a los que mencionaban a la Corona entre los tres principales problemas del país; los que la ponen en primer lugar son… el 0,01%. Un verdadero clamor del pueblo.

Siempre según el último barómetro del CIS, las cuestiones que más desasosiegan a los ciudadanos son la crisis económica, el coronavirus y el paro, vinculados por la estrecha relación que suponen los estragos de la pandemia. Después, la política y los políticos, que ocuparían el primer lugar si la inevitable trampa tezanista no hubiese desglosado las respuestas sobre el mismo tema en epígrafes distintos: la falta de acuerdos, la crispación entre los partidos, la acción del Gobierno, etc. A continuación, la corrupción y el fraude, el conflicto independentista de Cataluña, la crisis de valores en general, la desigualdad social, el desbarajuste autonómico -la formulación literal no lo dice así, pero de eso se trata a fin de cuentas- y la vivienda. Hay que bajar mucho para encontrar la mención a la forma de Estado, o sea, la monarquía parlamentaria; concretamente hasta el puesto número 21.

Bien. Pues aparte del presupuesto, que es una obligación constitucional del calendario político, y del Covid, en el que sólo parece implicarse el Ministerio de Sanidad -y no mucho porque ha dejado el marrón a las autonomías-, la actividad actual del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se centra en los siguientes asuntos: una proposición de ley para nombrar a los vocales del Poder Judicial por mayoría en vez de por consenso; un proyecto para que la instrucción penal la dirijan los fiscales; otro llamado de Memoria Democrática destinado a establecer una verdad oficial que permita a la izquierda ganar la guerra civil con ochenta años de retraso; y un decreto para que los estudiantes de ESO y de Bachillerato puedan recibir el título sin límite de suspensos. Además, por supuesto, de la campaña contra el Rey auspiciada por Podemos con el visto bueno del presidente, que no desperdicia ocasión de estrecharle el campo a la actividad institucional de Felipe VI.

En resumen: meterle mano a la Justicia para asegurarse el control de la iniciativa procesal y de los nombramientos de altos magistrados; la reescritura de la Historia con sesgo ideológico y censura legal; el acoso al símbolo de la convivencia y la unidad de la nación y el desmontaje definitivo de toda noción de enseñanza vinculada al esfuerzo, el mérito o el simple conocimiento. Nótese el intenso parecido de estas prioridades con los resultados del propio estudio sociológico gubernamental respecto a las inquietudes populares.

¿El «Gobierno de la gente»? Venga ya…