Según la famosa fórmula de Ortega, ningún político debería hacer ni el jabalí ni el payaso. Por desgracia últimamente hay mucho de lo uno y de lo otro.
Lo inaudito es ver a tres miembros del Gobierno en ambos papeles a la vez.
Lo ocurrido en las últimas horas no tiene ya remedio. Ni siquiera si María Jesús Montero, Pilar Alegría —la ministra que habla en nombre de la institución— y Óscar López pidieran disculpas al capitán Bonilla.
Deberían hacerlo con sayal de penitentes. Le han acusado falsamente nada menos que de «amenazar con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del Gobierno» o incluso de «fantasear con asesinar al presidente del Gobierno». Jamás se había escuchado algo así a nadie de su rango.
De hecho, aunque no le pidan perdón, el honor del capitán Bonilla va a quedar restablecido. Al menos ante cualquiera que compruebe que el sentido del chat en el que iba dando hilo a la cometa de un confidente es exactamente el contrario que estos tres ministros le han atribuido.
Pero ¿y el honor del Gobierno?
No el honor del gobierno del PSOE. El honor del Gobierno de España.
Será imposible que la dignidad del poder ejecutivo, es decir, de un Gobierno parlamentario emanado de la voluntad popular, se restablezca mientras en su seno haya personas capaces de comportarse a la vez con tal nivel de fanatismo e ineptitud.
Al menos los periodistas dignos de tal nombre, cuando cometen un error tienen la madurez y la entereza de reconocerlo. El director de informativos de La Sexta, Rodrigo Blázquez, lo hizo ayer paladinamente: «Nuestra información sobre la bomba lapa es incorrecta… Fue un error incomprensible. Pero fue un error. Un error de comprensión lectora que no fue corregido por nuestros filtros internos. Es una mierda».
No, un error periodístico al interpretar mal una fuente, nunca es eso, si se reconoce sin tapujos. Cuestión distinta es la manipulación flagrante de un documento al omitir la frase clave que lo contextualiza.
Si el primero en publicar el diálogo no hubiera eliminado la sugerencia del confidente de que al capitán Bonilla podrían darle la «Laureada de San Fernando», todos habrían reparado en que lo de la «bomba lapa» era una referencia, más o menos irónica, a los problemas que podría depararle su investigación.
Y esa omisión, obviamente deliberada, sí que es, además de lo que dice Blázquez, una infamia como una catedral.
¡Cómo nos vamos a reír cada vez que Sánchez vuelva a hablar de «pseudomedios» sin entonar antes el mea culpa!
¡Menudo corte de mangas habrá que hacerle a la reforma de la Ley de Protección del Honor si este asunto no ha quedado contundentemente saldado antes de presentarla!
Porque todos tenemos derecho a que se proteja nuestro honor frente a la prensa, pero mucho más a que se proteja nuestro honor frente al Gobierno. Y lo único peor que la maldad de quien domina los resortes del Estado es su estulticia.
Todos tenemos derecho a que se proteja nuestro honor frente a la prensa, pero mucho más a que se proteja nuestro honor frente al Gobierno
¿Cómo es posible que a estos tres ministros hayan podido meterles un gol de esta magnitud? ¿Tan ansiosos estaban de que se lo colaran? ¿No disponen acaso de cientos de funcionarios monitorizando las noticias, filtrándolas y sintetizándolas para ellos?
A Oscar López ya lo conocemos hace tiempo y de sobra sabemos para qué le han hecho ministro.
¿Pero qué Gobierno es este en el que toda una vicepresidenta y toda una ministra portavoz pueden seguir aireando un bulo siniestro contra un militar honorable, horas después de que quedara documentalmente desmentido por The Objective?
La encrucijada de Sánchez es bien clara. Si la próxima semana el Consejo de Ministros sigue manteniendo su actual composición, que todas las cartas queden boca arriba.
Es decir, que Ábalos recupere su cartera junto a María Jesús Montero, que Santos Cerdán acompañe a Oscar López como ministro, aunque sea de Marina, y sobre todo que Leire Díez ejerza la portavocía en días alternos con Pilar Alegría.
Puesto que los más estrechos colaboradores del presidente se han prestado con igual furia que torpeza a seguir la hoja de ruta de la coordinadora del trust de los corruptos, llamemos a las cosas por su nombre. He aquí al Gobierno de Leire Díez.
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Hace unos meses, en la sala de reuniones de EL ESPAÑOL, la «fontanera» abrió su ordenador y nos mostró a Arturo Criado y a mí unas imágenes de una persona realizando actos sexuales ante una cámara mientras conversaba con otra. Nos quedamos atónitos.
Y volvemos a lo de antes: al 50% por su falta de escrúpulos y al 50% por su atolondramiento.
Por mucho que hubieran pasado 28 años, esa mujer debía ser consciente de que, entre todos los directores de periódico —y ahora mismo hay unos cuantos—, estaba proponiendo ser cómplice de un posible delito contra la intimidad precisamente a quien había sido víctima de un infame montaje de esa índole.
Leire identificaba al protagonista de este vídeo como el fiscal anticorrupción José Grinda y alegaba, como motivo para difundirlo, el supuesto archivo en falso de una denuncia presentada contra él.
Esa mujer debía ser consciente de que estaba proponiendo ser cómplice de un posible delito contra la intimidad precisamente a quien había sido víctima de un infame montaje de esa índole
Según ella, se trataba de la prueba de que existía una red mafiosa, documentada por el comisario Villarejo, que manipulaba los procedimientos judiciales. En ese caso, el que había afectado a Grinda.
Si alguien dice que ella quería demostrar que el fiscal actuaba bajo chantaje, miente. Yo estaba allí. Leire quería que se diera a conocer el vídeo.
Ni siquiera prestamos atención al argumento ni a las imágenes. Ningún fin justificaba esos medios. Le dijimos que jamás publicaríamos ese tipo de contenidos y la acompañamos a la puerta con frialdad.
Nunca hicimos la menor pesquisa ni sobre la grabación ni sobre el relato de Leire. Aquello era el fruto venenoso de un árbol prohibido con el que no queríamos ni rozarnos.
Fue al escuchar el audio difundido por El Confidencial entre Leire Díez, su aliado Pérez Dolset y el empresario Hamlyn, residente en Dubái, cuando atamos cabos.
Lo más impactante era el señalamiento del teniente coronel Balas, responsable de las investigaciones que más afectan al PSOE, y de su hasta hace poco subordinado el capitán Bonilla.
Es evidente que el hecho de que este oficial haya sido contratado por la Comunidad de Madrid como responsable de Seguridad de la Consejería de Sanidad ha servido de catapulta al Gobierno para lanzar la furibunda y disparatada ofensiva contra él.
Pero había un tercer objetivo. Porque en un momento dado Pérez Dolset, imputado en una grave estafa, incluye a Grinda, junto a los dos mandos de la UCO, entre los «sujetos que interesan». Es decir, entre aquellos de los que se recaba información comprometedora.
No en vano se trata del fiscal que consiguió su ingreso en prisión y de los agentes que vienen empujándole camino del banquillo. A la ofensiva política se unía pues la vendetta personal. Para conspiración, esta.
Porque entonces interviene Leire pidiendo a Hamlyn que, a cambio de beneficios procesales, le proporcione «lo que tengas que tener de Grinda, en un papel y un boli, ¿vale?». Y a continuación añade: «Que no sea lo que yo ya sé y ya tengo».
Blanco y en botella. Jamás en mi vida he hablado con Grinda. Al menos que yo recuerde. Pero si recurre a los tribunales, puede contar con este testimonio en sede judicial.
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Cuando previamente nuestros colegas José María Olmo y Alejandro Requeijo habían fotografiado a Leire Díez entrando en la sede del PSOE, acreditando así su identificación como «fontanera de Santos Cerdán», la memoria también me había hecho viajar en el túnel del tiempo.
Nada menos que hasta 1988 cuando Melchor Miralles y el fotógrafo Daniel Gluckman habían seguido a Francisco Paesa hasta inmortalizarle en la portada de Diario 16 entrando en el Ministerio del Interior, con el que decía no tener relación alguna.
La coartada del PSOE de Sánchez de que Leire Díez nunca ha estado en la «nómina» de Ferraz también es idéntica a la del PSOE de González cuando alegó que Paesa jamás tuvo cargo alguno en Interior.
La coartada del PSOE de Sánchez de que Leire Díez nunca ha estado en la «nómina» de Ferraz es idéntica a la del PSOE de González cuando alegó que Paesa jamás tuvo cargo alguno en Interior
Pero hacía casi un lustro que ya tenía constancia de la órbita en la que se movía esta aparente paracaidista que ha resultado ser más sanchista que Sánchez, hasta el extremo de marcar el paso de carga del Gobierno.
Leire Díez había venido a EL ESPAÑOL en septiembre de 2020 de la mano de un amigo muy del PSOE. Ella había sido colocada por el partido en una empresa de la SEPI y tenía como empeño —o encargo— la rehabilitación de su expresidente Vicente Fernández Guerrero.
El artista en cuestión se había visto obligado a dimitir por su imputación en la adjudicación de las minas de Aznalcóllar al consorcio México Minorbis, cuando era secretario general de Industria de la Junta.
A primera vista, el planteamiento de Leire nos pareció de aurora boreal. Alegaba que si desde los medios de comunicación se instaba a la Justicia a actuar con diligencia, Fernández sería desimputado y restablecido en su puesto al frente de la SEPI.
Era impensable que los tiempos de la Justicia se adaptaran a tales urgencias políticas y menos con la juez Alaya como instructora. Y la prueba de que la inocencia de Fernández estaba menos clara de lo que proclamaba la «fontanera» es que precisamente ahora está siendo juzgado en la Audiencia de Sevilla, bajo la espada de Damocles de una petición de 19 años de cárcel.
Se daba, sin embargo, una circunstancia inaudita que parecía avalar la tesis de Leire. La ministra de Hacienda, mentora de Fernández durante su etapa en Andalucía y artífice de su nombramiento en Madrid, mantenía vacante la presidencia del holding público desde su dimisión año y medio atrás.
Se trataba de un alivio de luto sin precedentes que, entre otros efectos, conllevaba que fuera el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien ejerciera de interlocutor de Ábalos en el rescate de Air Europa, bajo la supervisión de Montero.
Todo ello sucedía mientras el asesor del uno, Koldo García, y el jefe de gabinete de la otra, Carlos Moreno, se reunían una y otra vez, para ejercer de sherpas al servicio de la trama de comisionistas de Aldama.
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Cabe preguntarse si la declaración de Montero, poniendo «la mano en el fuego» por Santos Cerdán, aparente controller de Leire Díez, viene a cerrar el círculo de las complicidades o es sólo un peldaño más hacia el pináculo que ocupa Pedro El Indispensable.
Yo más bien creo que esa escalada requerirá de una ardua investigación policial, judicial y periodística. Faltan todavía unos cuantos endecasílabos para completar el poema de la corrupción de la era Sánchez y la subsiguiente guerra sucia para su encubrimiento.
De hecho, hoy ponemos el foco en otro hilo que ayudará a tirar del ovillo. Me refiero a Antxon Alonso Egurola, el propietario de Servinabar, esa pequeña constructora que pasó de patrocinar las rodilleras de aizkolari de Koldo a conseguir contratos por más de cien millones, formando UTE con un gigante como Acciona.
Resulta que, según los testimonios recogidos entre dirigentes del PSOE de Navarra, no sólo era el empresario al que tutelaba Santos Cerdán, sino también uno de sus agentes políticos a la hora de tender puentes con Bildu y el PNV.
Al parecer fue su condición de vecino de Otegi en el pueblo natal de ambos —Elgoibar— la que le ayudó a impulsar el apoyo de Bildu a la moción de censura de Sánchez, hace justo siete años. Y en sintonía ya con el Gobierno foral de Chivite, habría cumplido idéntico papel en el pacto para hacer alcalde de Pamplona al abertzale Asirón.
Emerge pues otro «conseguidor» tan hábil como Aldama.
Para sí —y tal vez para Cerdán— conseguía contratos; para Bildu, cuotas de poder político; y para los dirigentes del PNV, fruslerías tales como entradas para acontecimientos deportivos fuera del País Vasco.
¿Existía un reparto de territorios al modo de las familias de la mafia, de forma que la intromisión del clan de Ábalos en una adjudicación correspondiente al «cupo vasco» requería de una compensación económica como los 15.000 euros que Koldo habría entregado a Santos Cerdán?
El episodio parece hoy mucho más verosímil que cuando Aldama lo describió ante el juez.
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Una vez más la prensa está cumpliendo con su obligación, impertérrita ante los improperios y represalias del poder. Cada uno merece sus medallas pero las aportaciones de media docena de cabeceras integran ya una labor coral.
En cuestión de días se han divulgado los mensajes con los que Ábalos pretendía coaccionar a Sánchez, se ha reproducido el audio sobre el pago de 500.000 euros a Koldo por el rescate de Air Europa que el miércoles empezará a investigar el Supremo, se ha divulgado este revelador vídeo sobre las actividades de la «fontanera» de Ferraz y se ha desmontado el bulo contra el capitán Bonilla inscrito su guion.
Leire, como Koldo y su hermano Joseba, como Jessica y Miss Asturias, como los constructores Alonso Egurola y Ruz, no son en realidad sino síntomas que, a modo del canario en el mina, nos avisan del nivel de concentración de los humores fétidos que emanan de las cloacas del sistema y nos envuelven por doquier.
Pero lo que ha ocurrido este fin de semana con los tres ministros embistiendo frenéticamente a un toro de madera marca un punto de no retorno. Pueden durar dos meses o dos años, pero hemos entrado ya en lo que en los partidos de baloncesto se denominan «minutos de la basura». Y lo peor es que no es una metáfora.