EL MUNDO 14/12/13
· No permitirá que «la irresponsabilidad» de la Generalitat «perjudique» a los catalanes.
Un día después de que la Generalitat y sus partidos aliados desafiasen el orden constitucional haciendo pública la doble pregunta independentista que pretenden someter a consulta entre los catalanes, el Gobierno dio un paso más en su estrategia de poner las cartas boca arriba para que los ciudadanos tengan claro qué se juegan en este proceso y, más aún, qué consecuencias está teniendo ya sobre sus vidas.
La vicepresidenta repitió las claves de la declaración institucional de Rajoy del jueves, recalcando que la consulta que pretenden Artur Mas y sus socios es «inconstitucional» porque afecta a la clave de bóveda misma de la Carta Magna, y añadiendo además que sobre este asunto «no hay nada que discutir ni que negociar». En definitiva, daba un segundo portazo a cualquier intento del president de abrir un cauce que permita mantener viva la esperanza de realizar un referéndum consentido.
Y más allá de eso, la vicepresidenta se empleó a fondo en recordar a los ciudadanos de Cataluña que buena parte de los padecimientos económicos que aún soportan son consecuencia directa de la forma de gobernar de la Generalitat, embarcada exclusivamente en diseñar un proceso que no conduce a ninguna parte y cuyas consecuencias hasta la fecha han sido «la fragmentación y la división de la sociedad».
El argumento central de Santamaría giró en torno a la evidencia de que la Generalitat ni paga lo que debe ni cumple con lo comprometido. Así, la vicepresidenta insistió en que la comunidad autónoma de Cataluña tiene en la actualidad «los mercados cerrados» y «no puede financiarse», por lo que debe ser el Gobierno el que «supla» sus necesidades.
Cataluña, además, es una de las cinco comunidades autónomas que han recibido ya el requerimiento de Hacienda para que adopten acuerdos de no disponibilidad presupuestaria; que sustituyan las medidas que no pueda cumplir por otras que surtan efectos antes del cierre del ejercicio, y que aporten documentación adicional que sustente su previsión de realización de medidas concretas para alcanzar los objetivos de déficit.
En conclusión: un feo panorama económico, a la vista del cual, Santamaría afirmó que el Gobierno, «por irresponsabilidades de otros, lo que no hará será perjudicar los servicios públicos en Cataluña ni a los proveedores a los que no paga la Generalitat».
«Tenemos», añadió, «una obligación con los ciudadanos, y si otras administraciones no cumplen con ellos porque sus planes económicos no llevan a que vuelvan a abrírsele los mercados y a generar confianza, el Gobierno estará para asegurar que todos puedan seguir recibiendo servicios públicos y cobrando las nóminas».
Todo ello sin olvidar que la financiación que se suministra tiene objetivos bien definidos, entre los que no entran, por ejemplo, la celebración de simposios sobre el presunto maltrato histórico que España ha prodigado a Cataluña. Y recordando además que se trata de «un préstamo que tendrán que devolver».
Tras las palabras de la vicepresidenta llegó a perfilarse un cierto tono de advertencia, porque Cataluña en sus circunstancias económicas actuales estaría al borde de la intervención.
No obstante, la número dos de Rajoy prefirió insistir en su llamada de atención dirigida a la propia ciudadanía catalana, poniéndose además como garante de su futuro. «Otros pueden gobernar de la manera que estimen oportuna, pero este Gobierno no permitirá que, encima de la fractura y la división social, los catalanes, que tienen derecho a seguir con su vida de la manera más normal posible, se vean perjudicados con peores servicios o afectados por impagos».
También Santamaría, como Rajoy un día antes y desde la misma tribuna, apeló a la responsabilidad, especialmente, puntualizó, «del presidente de la Generalitat que asumió en el Parlament el compromiso de no hacer nada que violentara las leyes». «Le pido que reflexione», concluyó.
EL MUNDO 14/12/13