Pocas imágenes resumen mejor lo esperpéntico de la jornada que la de los Mossos d’Esquadra abriendo infructuosamente los maleteros de los coches que intentaban salir de Barcelona este jueves al mediodía, a la búsqueda de Carles Puigdemont.
Un Carles Puigdemont que sólo unos minutos antes había aparecido tal y como había anunciado previamente, a la hora prevista, bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, en pleno centro de Barcelona, a sólo unos cientos de metros del Parlamento catalán, y rodeado por cientos de agentes de policía, para dar un mitin frente a sus seguidores.
La huida de Carles Puigdemont, la segunda en siete años, obliga al Gobierno a dar explicaciones públicas, formales e inmediatas por el fracaso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un fracaso que no puede ser sólo atribuido a la incompetencia, sino también a algún grado de complicidad tácita o explícita con el prófugo.
¿Cómo se explica si no que Puigdemont haya aparecido puntual donde había anunciado que comparecería y que haya podido lanzar una arenga frente a sus seguidores sin que nadie haya hecho siquiera el amago de detenerle? ¿Habría ocurrido lo mismo si se hubiera tratado de un islamista radical, de un agresor sexual o de cualquier otro tipo de delincuente? ¿Qué explicación hay para la pasividad de los Mossos?
Si la intención de Carles Puigdemont era reventar la investidura de Salvador Illa, el objetivo se ha conseguido con creces. Aunque el pleno del Parlamento no se ha suspendido, sí se ha conseguido que este pase a un segundo plano frente a lo caricaturesco de una evasión que obliga a depurar responsabilidades. En primer lugar, en los Mossos d’Esquadra. En segundo lugar, en el Ministerio del Interior. Y en tercer lugar, en el propio Gobierno central. El responsable último del fracaso.
Carles Puigdemont sigue en paradero desconocido a la hora de escribir este editorial. Tres son las opciones que se barajan en estos momentos. O ha salido ya de España, o está escondido en algún lugar de Barcelona, o prevé aparecer en el Parlamento autonómico en algún momento de esta tarde. Sea cual sea la realidad, el Gobierno es responsable, por negligencia o por incompetencia, de lo sucedido este jueves.
El simple hecho de que Puigdemont haya podido dar un mitin a unos metros del Parlamento autonómico, con una orden de detención del Tribunal Supremo sobre su cabeza, y que luego haya desaparecido sin dejar rastro, tras llamar prevaricadores a los jueces y poner en solfa la democracia española, no puede ser amortizado con el argumento de que lo importante era la investidura de Salvador Illa.
El Gobierno se ha puesto de perfil, ha obviado la evidencia de que la Guardia Civil y la Policía Nacional se han desentendido de la búsqueda y captura de Carles Puigdemont, evidentemente por decisión del Ministerio del Interior, y ha descargado toda la responsabilidad en los Mossos d’Esquadra.
En circunstancias normales, este diario pediría una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto nacionales como autonómicas. Pero esa petición sería absurda cuando lo que ha ocurrido no parece deberse tanto a la falta de coordinación como, precisamente, a un exceso de coordinación.
Los Mossos, por su parte, han escenificado una operación de búsqueda destinada a fracasar (la ridículamente bautizada como ‘operación jaula’) y han dado sucesivas excusas para su naufragio, a cual más grotesca. La principal de ellas, que la detención provocaría una batalla campal.
Pero lo cierto es que Carles Puigdemont se ha paseado por varias calles solitarias del centro de Barcelona antes de llegar al punto donde le esperaban sus seguidores. La detención podría haberse producido por tanto sin problema alguno en los momentos previos a su mitin.
La huida de Puigdemont, tan conveniente a los intereses del prófugo, pero también a los de Junts, ERC, PSC y PSOE, es doblemente grave si se tiene en cuenta que el expresidente no es un delincuente común, sino la persona que ha hecho presidente a Pedro Sánchez y del que depende que este pueda seguir en la Moncloa.
En cualquier otro país democrático, una fuga como la de este jueves habría provocado ya dimisiones en los más altos niveles. Recordemos además que Sánchez le reprochó una y otra vez al PP haber permitido que Puigdemont se fugara. Ahora que el expresidente se ha fugado de nuevo, pero esta vez con el PSOE en el Gobierno, ¿asumirá Sánchez las responsabilidades que le exigió en su momento a Mariano Rajoy y Pablo Casado?
También es muestra de lo surrealista de la jornada el hecho de que el partido que se dispone a hacer presidente a Salvador Illa es el mismo que ocupa el Gobierno que ha organizado el fallido despliegue policial contra Carles Puigdemont. ¿Cómo no pensar que ambos hechos están conectados por los intereses de unos y otros?
La fuga de Luis Roldán, el corrupto director general de la Guardia Civil, obligó en 1994 a la dimisión de Antoni Asunción, ministro del Interior con Felipe González. La de Carles Puigdemont supera con creces la gravedad de aquella porque de él depende la estabilidad del Gobierno y la supervivencia política de Pedro Sánchez. Las responsabilidades, por tanto, deben corresponderse con la gravedad de lo ocurrido.