EL MUNDO 26/10/13
· El PP intenta que sus dirigentes acudan juntos a la manifestación para evitar incidentes.
El tono del Gobierno y del Partido Popular frente a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido en claro crescendo. Del sorprendente «llueve mucho» de Rajoy como respuesta inicial al varapalo de Estrasburgo, al «nosotros fuimos parte en contra y ahora no podemos defender cosa distinta» que argumentó ayer, con meridiana claridad, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acompañada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El Ejecutivo ha pasado de la tentación inicial de mirar hacia otro lado a afirmar tajante su discrepancia y su disgusto con la resolución del TEDH. Con ello, el Gobierno ha dado vía libre a su partido para que hable con claridad e incluso para que acuda a la manifestación convocada por las asociaciones de víctimas aun a sabiendas de que en la misma habrá chaparrón de reproches contra un tribunal a cuya jurisdicción se somete España.
Ayer, Santamaría quiso explicar por qué el Gobierno, estricto respetuoso de las decisiones judiciales, ha aceptado hablar sin cortapisas en esta ocasión. «La Abogacía del Estado compareció ante la Gran Sala para argumentar en contra de la primera sentencia. Defendimos entonces que no es igual un asesinato que 20 y dejamos claro que no hablábamos de la pena, sino de su cumplimiento. Nosotros fuimos parte en ese recurso, la Abogacía del Estado expuso y defendió la opinión en contra del Gobierno, y ahora no podemos decir cosa distinta».
Nadie del Ejecutivo irá a la manifestación porque lo que le corresponde es acatar el fallo, pero de antemano ha aclarado que le parece «injusto» y le disgusta.Como también le incomoda la posición que mantuvo el magistrado español integrante del TEDH, Luis López Guerra. Ayer Gallardón se encargó de reprochárselo claramente. «Se opuso a la tesis de la Audiencia Nacional, a la del Tribunal Supremo y a la del Tribunal Constitucional. El Gobierno, por el contrario, las defendió. Constato pues», dijo el ministro, «que el magistrado español se puso en contra».
Y mientras tanto, los preparativos de la manifestación de las víctimas están siendo complicados en las filas del PP. Temen que se puedan producir incidentes o silbadas a sus dirigentes nacionales. Hay asociaciones, como las lideradas por José Alcaraz y Daniel Portero, que también sitúan la responsabilidad de la excarcelación de etarras en el Ejecutivo. De hecho, ven en la actitud del Gobierno una continuidad de la política pactista de Zapatero.
En esta misma línea está la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez, quien calificó de «vergonzosa» la «instrumentalización» que a su juicio está haciendo el PP de la convocatoria, ya que ella también incluye la protesta contra el Gobierno como uno de sus objetivos.
Por este motivo, desde las filas populares temen que pueda haber algún tipo de rechazo a la presencia de sus líderes. No así con los que históricamente han estado con las víctimas. Es el caso del ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Sin embargo, algunos de los nuevos dirigentes populares en el País Vasco han tenido ya más de un roce con víctimas del terrorismo al considerar estas que se han posicionado en el «buenismo» de Zapatero.
El PP intentaba ayer aglutinar en la concentración a ambos sectores para evitar silbidos a determinados dirigentes y que se escenifique la existencia de dos sensibilidades en el partido.Quien no tiene problema es el PSOE, que no acudirá a la protesta. Ayer, el secretario regional socialista, Julio Villarrubia, calificó de «impropio» e «intolerable» el apoyo de Rajoy a la manifestación en contra de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
EL MUNDO 26/10/13