ABC – 27/08/15
· Cataluña es la región donde más ha invertido el ell Estado en los llos últimos 20 años.
· Goza de mayor autonomía institucional que el resto de las comunidades.
La campaña de las elecciones catalanas, que se celebrarán justo dentro de un mes, van a convertirse en una extensión de los agravios denunciados reiteradamente por el independentismo catalán respecto al Gobierno de España. De hecho, el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, piensa dedicar su comparecencia en el Parlamento catalán el próximo 2 de septiembre a justificar la convocatoria del 27 de septiembre y su supuesto carácter «plebiscitario» en esos «ataques» del Estado. Según los partidos de la oposición, Mas utilizará la Cámara catalana para hacer su primer «mitin», ya que el protagonismo oficial lo tendrá en días sucesivos Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí.
Nada se sabe del programa electoral de Junts pel Sí, a cuyos candidatos solo les une el secesionismo.
Sin programa electoral
Como se sabe, el líder de Convergència aparece de número 4 en esa lista transversal, seguido del presidente de ERC, Oriol Junqueras. La candidatura independentista, que todavía no ha presentado su programa electoral ni ha dado pistas al respecto, pretende centrar el debate en la necesidad de romper con España. Y aunque el decreto de convocatoria cumple escrupulosamente con la ley electoral española –Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene norma electoral propia–, el Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que se trata de unas elecciones muy importantes, que tendrán lugar a las puertas de las generales y que plantean el mayor conflicto institucional desde la restauración de la democracia. Por ello, fuentes del PP catalán aseguran a ABC que la implicación del Ejecutivo en esta campaña será especialmente intensa. Empezando por la del propio Rajoy, que multiplicará su presencia en Cataluña para apoyar al candidato del PPC, Xavier García Albiol.
Por tanto, la contienda entre la lista de Mas y el PP tendrá tintes de enfrentamiento institucional. Pero según ha podido saber este diario, la réplica del Gobierno quiere ajustarse a «cifras y datos reales», es decir, que frente a la queja de los secesionistas y sus promesas de una Cataluña independentista más próspera, los populares disponen de una estrategia conla que desmontarán esos agravios denunciados por la Generalitat. Ni recentralización, ni asfixia fiscal ni discriminación presupuestaria, alegarán los dirigentes nacionales del PP durante la campaña.
Mientras el presidente Mas volverá a usar y abusar de la tesis de la «ofensiva premeditada» que incluso denunció en una carta enviada a la Moncloa, los populares recordarán que el sistema de financiación actual proporcionó a Cataluña una inyección de recursos adicionales por encima de la media. Y que el déficit fiscal denunciado por los secesionistas se basa en el método de flujo monetario, frente al criterio carga-beneficio, y que en ingún caso superaría los 1.300 millones.
En base al principio de solidaridad interterritorial, se sostiene desde el PP, es lógico que las comunidades con mayor poder económico tengan déficit fiscal. Asimismo, Cataluña ha sido la más beneficiada de las ayudas a la liquidez autonómica, con un total de 49.377 millones en esta legislatura. Respecto a la «ruptura del diálogo» que Mas reprocha al Gobierno, este recuerda que es Cataluña la que pospuso «sine die» la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado. Y que Artur Mas, además de preparar sus «estructuras de estado», plantea una declaración unilateral de independencia.
Fondos europeos
Respecto a la supuesta falta de inversiones en Cataluña –en Cercanías, corredor del Mediterráneo, accesos a los puertos, gestión aeroportuaria o carreteras– y la deuda de 3.967 millones por incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, el Gobierno sostiene que, entre 1996 y 2015, Cataluña ha sido la comunidad con mayor inversión en infraestructuras, con más de 33.000 millones. También ha mejorado su participación en la asignación de Fondos Estructurales Europeos, con un incremento del 55% en el período 2014-2020.
Según el Gobierno de Mas, el Ejecutivo de España ha demostrado un desprecio continuado a la lengua catalana mediante leyes y decretos, así como una cierta «pasividad» ante posicionamientos «catalanófobos». Por contra, el Gobierno afirma que las leyes aprobadas, como por ejemplo la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), reconocen las lenguas cooficiales en paridad con la lengua castellana. Y que es la Generalitat la que incumple las sentencias judiciales favorables al bilingüismo.
El próximo día 2 tendrá lugar, por tanto, el pistoletazo de salida de ese choque de trenes institucional con la comparecencia de Mas en la Diputación Permanente del Parlamento catalán a petición propia. Esta iniciativa ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición, que acusan al presidente en funciones de utilizar la Cámara catalana con fines partidistas. El PP catalán ya ha anunciado que no asistirá, mientras que Unió –que todavía convive con CDC en el grupo parlamentario a pesar de su ruptura oficial– quiere intervenir por separado. La diputada del PSC, Eva Granados, advirtió de que «el Parlamento no es un plató de televisión», mientras que el portavoz de los populares, Enric Millo, acusó al presidente de la Generalitat de «menospreciar» y «faltar al respeto» a la Cámara autonómica.
El coordinador de ICV-EUiA, Joan Herrera, criticó que Mas debata en el Parlamento sobre el 27 de septiembre cuando, paralelamente, no tiene previsto hacerlo en campaña, ya que el cabeza de lista de Junts pel Sí es Raül Romeva. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también criticó que Mas use la sede parlamentaria para hacer precampaña.
Esa comparecencia tendrá lugar una semana antes de que arranque la campaña oficial de las elecciones del 27-S, cuyo primer día coincide con la Diada del 11 de septiembre. Para ese día, y como en los tres últimos años, está prevista una gran manifestación secesionista. La Junta Electoral estará atenta a cualquier atisbo de injerencia por parte del Gobierno de Mas.