LIBERTAD DIGITAL, 2/10/11
El responsable de la investigación Antonio Cuerda, está convencido de que estas actuaciones facilitarían la «pacificación social».
El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes con el fin de favorecer «un clima de paz social».
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha subvencionado este proyecto de investigación que, bajo el título ‘¿Qué puede aportar el Derecho Penal para el final del terrorismo de ETA?’, ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.
El equipo de investigación y sus colaboradores tiene un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador, Antonio Cuerda, ha reconocido que el comunicado de cese definitivo de la violencia anunciado por ETA obliga a «trabajar más rápido» a los expertos.
«Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad», ha explicado en declaraciones a Europa Press el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.
La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas –«ni más perjudiciales ni más beneficiosas»– al colectivo de presos de ETA. «El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza, habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo», ha añadido.
La violencia perpetrada por ETA durante más de cuatro décadas ha llevado a otorgar medidas más restrictivas de derechos fundamentales para los condenados por terrorismo así como a endurecer el Código Penal en este tipo de delitos, por lo que una disolución de la banda tendría que ir acompañado también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia.
El perdón es «discriminatorio»
Así lo piensa el responsable de la investigación Antonio Cuerda, convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción de los presos de ETA y el logro de la «pacificación social». «Son delincuentes, eso no lo discutimos, han matado y han asesinado pero tendrían que recibir el mismo trato, no hay motivos para beneficiarles ni para perjudicarles», defiende.
Preguntado sobre la mayor peligrosidad que tienen estos reclusos –que han estado sujetos a las directrices de una organización terrorista– frente a otros presos comunes, responde que las personas dedicadas individualmente al tráfico de drogas o a la trata de blancas también son «muy peligrosas y no se les pide que se arrepientan» del daño causado para obtener la libertad condicional.
«¿Por qué el violador no tiene que pedir perdón para obtener la libertad condicional?», se pregunta el catedrático, que considera que también existen «muchos motivos» para que lo manifiesten a las víctimas y cree que exigir el arrepentimiento sólo a los terroristas es «desigual» y «discriminatorio».
El proyecto también ve «injustificado» que los presuntos terroristas puedan permanecer en periodo de incomunicación hasta un máximo de cinco días o que se les prive del derecho a nombrar abogado de su elección. «Los delincuentes comunes no sufren tales limitaciones», afirma sobre las contempladas en los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos detenidos, a quienes se les designa abogado de oficio.
Eliminación de delitos
En política penitenciaria, propone aumentar la concesión de la libertad condicional para todos los reclusos que cumplan las condiciones, habida cuenta de que sólo el 9 por ciento la alcanza, y acercar a los internos a su lugar habitual de residencia con el fin de cumplir con los fines de reeducación y reinserción social previstos en la Constitución.
Aunque considera que una amnistía general –como piden los simpatizantes de ETA– es una «línea roja» que el Estado de Derecho no debe cruzar, sí piensa que cabría la posibilidad de conceder indultos individuales en función del recorrido y el comportamiento de cada interno.
Por otra parte, Cuerda también se muestra favorable a eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. «Celebrar un atentado es una barbaridad pero no añade gravedad al hecho delictivo», indica, para explicar que si este ilícito pretende evitar una incitación al delito se podría castigar como una forma de proposición o provocación; mientras que si se trata de proteger el honor a las víctimas podrían castigarse como un delito de injurias.
Entre otras medidas, plantea modificar la legislación vigente para poner fin a la no prescripción de estos delitos y considera conveniente revisar la ‘doctrina Parot’ porque puede ser «un obstáculo de cara a la reinserción».
Las víctimas: «ni juez ni parte»
Es consciente de que las asociaciones de víctimas pueden pensar que estas medidas son contrapartidas al final de ETA pero hace hincapié en que sólo defiende la concesión de un trato «igualitario», «ni mejor ni peor» que el de otros reclusos. Las posturas de los afectados por el terrorismo son «legítimas y entendibles» pero, ha dicho, «no pueden dictar las líneas de la política legislativa» porque «no van a ser imparciales». «No pueden ser juez y parte».
El equipo investigador pretende dar a conocer sus conclusiones a los partidos políticos y hacerlas públicas en un libro y en un congreso que reuniría a representantes de la Fiscalía y de la Judicatura.
Al ser preguntado sobre su confianza en que el Gobierno que salga de las urnas las lleve al Parlamento, el catedrático ha señalado que los mandatarios políticos «no pueden no hacer nada ni mirar hacia otro lado» ante el fin de la banda terrorista, sino que tienen que gestionar este fin.
LIBERTAD DIGITAL, 2/10/11
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