El Gobierno aseguró ayer, por boca de su delegado en Cataluña, Enric Millo, que ya se están produciendo contactos secretos «a todos los niveles» con la Generalitat. El anuncio de Carles Puigdemont de que va a convocar antes de septiembre un referéndum de independencia en la comunidad no ha impedido que, según el Ejecutivo central, haya conversaciones para tratar de buscar una salida al conflicto que eluda esa votación. Desde el Govern catalán, sin embargo, niegan con rotundidad esas conversaciones.
Millo afirmó ayer en la televisión pública catalana que existen encuentros «constantes», y que muchos de ellos no se hacen públicos «para que las cosas se puedan hablar con la serenidad que requieren». El delegado del Gobierno en Cataluña añadió que ha habido reuniones en las cuatro capitales de provincia catalanas.
Fuentes de la Delegación del Gobierno confirman esta versión, e insisten en que ministros y consejeros de la Generalitat «hablan cada dos por tres». Y apuntan un motivo por el que la anunciada reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont no ha tenido todavía lugar: en La Moncloa temen que el presidente catalán pueda utilizar la reunión, como en 2012 hizo Artur Mas cuando exigió el pacto fiscal para Cataluña, sólo como excusa para adelantar sus planes.
Puigdemont ha prometido que convocará el referéndum de independencia antes de septiembre, pero sectores tanto del PDeCAT –el nuevo nombre de Convergència– como de la CUP insisten en que la presión judicial sobre dirigentes soberanistas aconseja adelantarlo. En ese caso, la votación se programaría para antes del verano.
Uno de esos dirigentes amenazados por la Justicia es el propio Mas, por desobedecer al Tribunal Constitucional durante la organización de la consulta del 9-N de 2014. Todo indica que el ex presidente catalán prepara un retorno a la primera línea de la política, y la semana pasada pronunció varias conferencias en las que pidió al Gobierno que concrete una oferta para reabrir el diálogo con la Generalitat.
El Gobierno insiste en que está abierto a debatir los 45 puntos de la propuesta que Puigdemont presentó a Rajoy en abril de 2016, pero también en dejar fuera el punto 46, el referéndum, de una negociación. Millo insistió ayer en esa idea cuando dijo: «El diálogo existe y estamos trabajando para encontrar un camino de salida, que no es el referéndum».
El Gobierno cree que un plebiscito «no resuelve nunca un problema entre dos partes». El delegado del Ejecutivo en Cataluña añadió que las actuales mayorías en el Congreso de los Diputados no hacen posible modificar la ley para permitir una votación de esas características. A la vez, Millo dejó la puerta abierta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía.
La Generalitat dedicó ayer grandes esfuerzos a negar las declaraciones de Millo, que no casan con la idea de un Gobierno ensimismado y paralizado que pretenden transmitir. La portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que no han recibido «ninguna oferta de diálogo ni ninguna propuesta de sentarse y hablar como personas civilizadas como en un estado democrático tiene que ser».
«Lo único que recibimos son amenazas de inhabilitación y que el diálogo se tiene que limitar a hablar de lo que ellos quieren», añadió, tras afirmar que la Generalitat quiere una negociación «bilateral» que aborde la celebración de un referéndum.
El desmentido del presidente de la Generalitat fue todavía más contundente. «No hay ninguna negociación ni privada ni oficial. Y créanme, nos gustaría», afirmó desde Narbona (Francia), donde se reunió con la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga.
«Sería hora de que si el Gobierno tiene ganas de hablar sobre alguna propuesta concreta la ponga sobre la mesa», añadió Puigdemont. Y, sobre la voluntad de diálogo de Rajoy, bromeó sobre su similitud con el Espíritu Santo: «Todo el mundo habla de él pero nadie lo ha visto».
Puigdemont también enfrió las expectativas en torno a los 46 puntos que llevó a Rajoy cuando recordó que, excepto el referéndum, forman parte de reivindicaciones previamente negociadas y pactadas entre administraciones. Si el Gobierno pretende ofrecer sólo su cumplimiento, dijo, es que «no ha entendido nada».