Por eso, fuentes de la Moncloa transmiten su profunda indignación por el fallo, aunque públicamente el Ejecutivo intente ser más comedido con su reacción.

Así, la declaración institucional leída por el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado clara su discrepancia con el fallo y ha respaldado al fiscal general, pero se ha cuidado de incluir también un llamamiento a la confianza en la Justicia.

En privado, el mensaje es mucho más duro en el Gobierno.

Su tesis es que no se trata de una persecución a García Ortiz, sino contra el Gobierno y, más concretamente, contra Sánchez: lo que siempre han caracterizado desde hace casi dos años como la «persecución de la derecha política, mediática y judicial».

Fuentes del Gobierno descartan que Sánchez valore dimitir, convocar elecciones o cualquier otra medida de ese tipo, porque consideran que sería mostrar debilidad y que parezca que se entrega y cede en ese pulso.

De hecho, consideran que «les saldrá el tiro por la culata» a quienes piden eso. «La ola de indignación por lo que es una injusticia cometida a plena luz del día es grande, y los que van a por Pedro desde hace nueve años no han aprendido nada», añaden, en referencia a una movilización que entienden que se producirá en la izquierda como respuesta.

«La ola de solidaridad que genera la maldad y la injusticia siempre se la envían a él», explica un destacado miembro del Gobierno.

En el Gobierno extienden esa acusación a otros procedimientos de la Justicia que afectan directamente al presidente del Gobierno, como el dirigido contra su esposa y contra su hermano. Son los que le llevaron en abril de 2024 a dedicar un fin de semana a reflexionar sobre su continuidad.

Aquel episodio le sirvió para construir el argumentario y el mensaje electoral de la persecución y la injusticia.

No creen posible extender esa sospecha a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, porque según ha admitido el propio Bolaños las pruebas que muestra el informe de la UCO son contundentes.

El indulto

En ese clima de indignación por el fallo del Supremo, miembros del Gobierno se pronuncian a favor de promover un indulto que deje clara la posición del Ejecutivo y, aunque sea imposible reponer a Álvaro García Ortiz en el cargo, al menos le permita volver a la carrera judicial.

Ese indulto, no obstante, debe ser solicitado y tramitado con informes no vinculantes del tribunal sentenciador, es decir, el Supremo y la Fiscalía. El tiempo medio de tramitación de la medida de gracia es de unos seis meses.

La petición y tramitación, así como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no paraliza la ejecución de sentencia, salvo decisión no habitual.

Fuentes del Gobierno se acogen también a la existencia de dos votos particulares, a la espera de su contenido, y así lo expresarán públicamente.

El propio Sánchez ya actuó así con el voto particular de un magistrado a la resolución que avalaba que Álvaro García fuera llevado al banquillo.

Mucho más duros que el Gobierno han sido sus socios de coalición y del Parlamento, que claramente hablan de persecución política por parte del Tribunal Supremo.

De hecho, esa posición de los socios puede servir, como en ocasiones similares, para compactar el bloque de investidura, que en este momento estaba disperso, por asuntos como el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Algunas quinielas apuntan a que Sánchez podría buscar un sustituto o sustituta de perfil duro para hacer frente a la difícil situación en la que entra la Fiscalía General del Estado.

Reacciones

Las reacciones en el partido del Gobierno y entre sus socios parlamentarios han sido muy duras contra la Justicia.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, calificó la sentencia del Supremo de «auténtica vergüenza». «Viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado es una auténtica vergüenza», manifestó a los periodistas.

La eurodiputada y secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, se expresó en los mismos términos en las redes sociales: «Qué vergüenza».

Por su parte, la ministra de Juventud, Sira Rego, de Izquierda Unida, dijo que la condena dictada por el tribunal es un «mensaje de poder» al país «por parte de los militantes con toga», y enmarcó la sentencia dentro de la «ofensiva ultra» contra el Gobierno.

La también ministra Mónica García, de Sumar, escribió en X: «La condena del FGE a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado».

Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, habló directamente de «golpismo». «Hay una parte del poder judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo, porque los golpes de Estado se hacen desde un plató y en sede judicial, es así de duro», señaló. «Más allá de condenar al fiscal general del Estado, el mensaje es claro: Ayuso no se toca», añadió.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, calificó la condena al fiscal de «asesinato civil». «La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?», escribió en redes sociales.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, escribió en Twitter: «La condena al fiscal general es puro golpismo para mandar un mensaje a la gente: que mandan ellos y que les da igual la democracia. El fascismo es el traje de la derecha para frenar las transformaciones. Necesitamos una izquierda valiente para hacerles frente».

Pablo Iglesias, por su parte, escribió: «Después de lo que le ha pasado al fiscal general ¿qué juez o qué fiscal se va a atrever a actuar contra los jefes del PP o sus familiares? A partir de aquí, quien tiene que mover ficha es el gobierno ¿Tendrá agallas Pedro Sánchez para hacerlo? Ojalá me equivoque pero lo dudo».

Y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, se limitó a recordar una frase del expresidente del Gobierno Jose María Aznar: «El que pueda hacer, que haga».