LIBERTAD DIGITAL 01/05/17
El senador de EHBildu, Jon Iñarritu, preguntó al Gobierno por la política penitenciaria sin hacer referencia explícita a los presos etarras.
El Gobierno considera que para poder excarcelar a presos muy enfermos la «razonable certeza de fallecimiento del interno» debe situarse en un plazo inferior a los dos meses de vida.
Es la respuesta del Ejecutivo al senador de EHBildu Jon Iñarritu, que había preguntado por una instrucción de Instituciones Penitenciarias en la que se fijaba que los internos enfermos (sin hacer referencias explícitas a los presos etarras) sólo podrían ser excarcelados «si su fallecimiento se prevé con razonable certeza a muy corto plazo, o bien si cumplen los requisitos para acceder al tercer grado o la libertad condicional».
El Ejecutivo, en una respuesta enviada esta pasada semana, ha explicado que la instrucción trata de adaptarse a la nueva regulación del Código penal, que fija que «aquellos penados cuya enfermedad sea un peligro patente para su vida salgan de la cárcel de forma inmediata, a través de una decisión judicial adoptada a la vista de los informes médicos».
Así, para adaptarse al Código, el Gobierno ha fijado que «en el supuesto de penados en los que la enfermedad o la avanzada edad constituya un peligro patente para la vida, bastarían los informes médicos correspondientes y una valoración de la falta de peligrosidad», además de la autorización judicial. Y precisa que «cabe indicar que existe peligro patente para la vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es de un plazo inferior a los dos meses».
El Gobierno también ha recordado en su respuesta que «las circunstancias de cada penado se tratan, en todo momento, de forma individualizada«, y que los criterios que se aplican a los enfermos se basan en certificados médicos, y «en ningún caso, en criterios subjetivos».
Tras recibir la respuesta, el senador de EHBildu ha criticado la fijación de un plazo de dos meses de vida, lo que ha calificado de «sadismo«.
El caso Bolinaga
Aunque EHBildu no haga referencia a los presos etarras, parece obvio que su pregunta vaya dirigida hacia ellos y no hacia los demás encarcelados que poblan las cárceles españolas. Hay que recordar que esto que dice ahora el Gobierno habría evitado muchos quebraderos de cabeza a las víctimas de ETA cuando se excarceló al secuestrador de José Antonio Ortega Lara.
Por aquel entonces, con el informe contrario de la Fiscalía General del Estado, cuatro magistrados de la Audiencia Nacional concedieron la libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga por «razones humanitarias». Se dijo que le quedaban entre 6 y 12 meses de vida por un cáncer terminal y acabó viviendo en libertad casi tres años y medio, para escarnio y vergüenza de las víctimas.