ABC – 08/11/14
· La Fiscalía vigilará el cumplimiento de la suspensión de la consulta secesionista.
El Gobierno de Mariano Rajoy afronta con absoluta tranquilidad la jornada del 9-N, día elegido por los nacionalistas catalanes para organizar una consulta sobre la independencia de su Comunidad Autónoma. Moncloa no prevé ningún dispositivo especial para velar por el cumplimiento estricto de la ley ese día, ni tampoco habrá un seguimiento especial del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sí aprovechó ayer su última comparecencia previa al 9-N para recordar a Artur Mas que debe cumplir la ley, y para exigirle que no fuerce a los funcionarios y a los ciudadanos a situarse fuera de ella.
El Gobierno cree que el objetivo principal, el bloqueo del referéndum independentista, se ha conseguido. Cuando Artur Mas admitió la renuncia a su celebración, Rajoy calificó de «excelente» la noticia. A partir de ahí, el proceso alternativo que ha promovido la Generalitat de Cataluña se ha impugnado y suspendido también, porque supera el marco legal, pero su relevancia en todo caso es considerablemente menor.
Para empezar, como recordó Santamaría, carece de las mínimas garantías democráticas, pues no hay censo, no está claro quién puede votar, si los que lo hagan pueden hacerlo varias veces, no hay mesas con interventores y apoderados que garanticen la limpieza del proceso y un resultado verídico y no hay una administración electoral.
Generar incertidumbre
Ante esta situación, Santamaría volvió a pedir a Mas una última reflexión y le afeó que no quiera asumir la responsabilidad sobre la celebración, ni siquiera se atrevió a firmar un decreto, y la trate de delegar en cambio a funcionarios y voluntarios.
«En estos días muchos ciudadanos están muy intranquilos», advirtió. No se trata solo de que Mas cumpla o no la ley, sino de que coloque a otros en una situación de incertidumbre que no tendrían por qué soportar. «La prudencia no es mala consejera», apuntó.
A estas alturas, el Gobierno pide ya a Mas que «al menos» respete a los catalanes, y que si él se considera «por encima del bien y del mal», no obligue a funcionarios, voluntarios y ciudadanos en general a tomar unas decisiones que estén fuera de la ley. Santamaría recordó que tanto el Tribunal Constitucional, a instancias del Ejecutivo, como el Tribunal Supremo, a instancias de la Generalitat, se han pronunciado en el mismo sentido sobre la suspensión de la consulta independentista.
Mientras tanto, la Fiscalía estará atenta a un posible incumplimiento de la ley, aunque tampoco establecerá un dispositivo especial para el 9-N. Fuentes del ministerio público recordaron que está vigente una suspensión del TC, que prohíbe a la Generalitat la celebración del referéndum. Con lo cual, siempre que la Generalitat se implique en este proceso se estaría ante un delito de desobediencia; en caso contrario, no. Ante ciudadanos anónimos que se pronuncien en la calle no podría hacer nada. Las mismas fuentes señalaron que la Fiscalía General no ha recibido ninguna queja de ningún fiscal por falta de órdenes. Entre otras cosas, el derecho penal se aplica a posteriori, y la Fiscalía no puede dar una orden preventiva.
ABC – 08/11/14