El Gobierno exigirá arrepentimiento a los exetarras para cobrar el subsidio de paro

Técnicos de los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo se afanan desde hace tres semanas en el diseño de los instrumentos legales que permitan cumplir los requerimientos contenidos en una moción que mañana aprobará el pleno del Congreso con los únicos votos de Unión Progreso y Democracia (UPyD) –el grupo proponente–, del PP y del diputado de Unión del Pueblo Navarro. El resto de la Cámara, desde el PSOE hasta el Grupo Mixto, rechazarán la iniciativa por estar convencidos de que son unas medidas inconstitucionales.
La moción pactada por Rosa Díez con los populares –que, según fuentes parlamentarias, marca los objetivos que inspiran los trabajos del Ejecutivo– pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para vetar a los ex presos de ETA que no han hecho público su arrepentimiento el acceso al referido dinero, también denominado «subsidio de excarcelación». Se trata de una ayuda creada en 1994 y que puede percibir cualquier recluso que salga en libertad después de más de seis meses entre rejas y que no tenga derecho a una prestación de paro ni cuente con unos ingresos mensuales que equivalgan al 75% del salario mínimo interprofesional.
El texto demanda al gabinete de Mariano Rajoy que introduzca cambios legales que endurezcan los requisitos para que los etarras en libertad puedan cobrar este subsidio. Entre ellos, opinan que deberían figurar «la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de los delitos, la colaboración con la Justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil». Unas exigencias similares a las que el Código Penal establece para que puedan acceder a beneficios penitenciarios o la libertad condicional.
Ambos partidos piden endurecer de igual manera, con requisitos similares u «homologables», el acceso al subsidio del resto de grandes delincuentes –asesinos y violadores múltiples en su mayoría– que están saliendo de forma masiva de la cárcel junto a los miembros de ETA como consecuencia de la derogación por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la ‘doctrina Parot’.
También instan al Ejecutivo a que introduzca las reformas legales precisas para que la exigencia de estos requisitos sea condición indispensable para que los terroristas o grandes delincuentes se beneficien de cualquier otra ayuda o subvención públicas o de un trabajo en cualquiera de los niveles de la Administración.

Retroactividad
El Ejecutivo no ha desvelado cuáles serán las medidas con las que pretende lograr estos objetivos, aunque sí parece que uno de los mecanismos posibles sería la incautación de los subsidios para satisfacer las indemnizaciones. Tampoco ha aclarado si algunos cambios se podrán o no aplicar a los exreclusos que ya hayan salido de la cárcel con anterioridad a su aprobación. La oposición advierte que si lo hace será ilegal, por retroactiva, e incurrirá en el mismo error que ha denunciado el tribunal europeo con la ‘doctrina Parot’.
PSOE, IU, CiU, PNV y el Grupo Mixto anticiparon que darán un no rotundo a la moción. Los grupos opositores consideran que se trata de un reforma legal inconstitucional que solo persigue una utilización política y con fines electoralistas del dolor que embarga a la víctimas por la excarcelación de decenas de etarras y que busca minimizar su indignación con el fallo de Estrasburgo.
Todos los portavoces defendieron que los excarcelados son personas que han liquidado sus condenas y que, por lo tanto, gozan de todos los derechos que les otorgan las leyes y la Constitución como cualquier otro ciudadano, sin que se les puedan cercenar. De igual manera, los grupos opositores indicaron que la moción busca diseñar una política penitenciaria basada no en la ley sino en la venganza, que infringe el mandato constitucional de procurar la reinserción social de los reclusos.

Un mes después del fallo
Un mes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por la aplicación retroactiva de la ‘doctrina Parot’ en el caso de la etarra Inés del Río, que alargaba varios años su estancia en prisión, los tribunales siguen con el goteo de excarcelaciones de terroristas, asesinos o violadores beneficiados por el mencionado fallo.
En estos 30 días, la Audiencia Nacional ha decretado la salida de prisión de 41 reclusos terroristas, 36 de ETA y cinco del GRAPO, de los 60 afectados por la aplicación de la doctrina. También ha sido excarcelado un preso condenado por un asesinato en Bolivia, mientras que las diferentes audiencias provinciales han dejado libres al menos a cuatro presos condenados por violación o asesinato.
Los últimos incluidos en la lista de la Audiencia Nacional fueron nueve etarras y tres ‘grapos’, que ayer abandonaron sus respectivos centros penitenciarios. En el caso de los miembros de ETA, todos se encuentran en la órbita del ‘frente de makos’, el colectivo de los internos, y ninguno se había acogido al programa de arrepentidos de la ‘vía Nanclares’. Dos de ellos, además, son algunos de los terroristas más sanguinarios, con penas que suman cientos de años aunque el periodo efectivo de cumplimiento era de tres décadas con el Código Penal vigente entonces.
Se trata de Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic, en Barcelona, en 1991 en el que murieron diez personas, cinco de ellas niños, y Jesús María Zabarte, conocido como ‘el carnicero de Mondragón’, en cuyo amplio historial figuran 20 atentados y 17 asesinatos, entre ellos el del niño José María Piris. Fue condenado a 615 años y llevaba preso desde 1984.
También fueron excarcelados Javier María Goldaraz, sentenciado por el secuestro del industrial Adolfo Villoslada; Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga, condenado a 315 años por la muerte de tres militares, José Ignacio Etxeberria Pascual, Manuel González Rodríguez, Juan José Legorburu Guerediaga y Ramón Uribe Navarro.
Los tres ‘grapos’ beneficiados fueron Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara. Esta última dejó la prisión de Murcia, donde se hizo novia del etarra Oskar Cadenas
A esta tanda se sumarán en cuestión de días los recursos de los presos que estaban pendientes en el Tribunal Constitucional. El pleno de la corte de garantías abrió ayer la puerta a que la Audiencia Nacional resuelva los amparos de etarras pendientes, unos 28, después de que el caso de Ignacio Fernández de Larrinoa, beneficiado por la ‘vía Parot’, lo vaya a dilucidar la propia Audiencia. Los magistrados argumentaron que el Supremo ya dijo que cada tribunal sentenciador tenía que ver sus recursos.