ABC 22/12/12
Tributo sobre depósitos «Es necesario garantizar una cierta unidad de mercado entre todas las comunidades».
En una semana, el Gobierno de Mariano Rajoy ha parado dos normas impulsadas por Artur Mas. Si el pasado día 14 anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el euro por receta médica, al entender que rompía la igualdad entre los españoles, ayer el Consejo de Ministros acordó interponer otro recurso, en este caso contra el Decreto Ley de Cataluña, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades bancarias. El Gobierno ha tardado solo tres días en frenar en seco el último desafío de los nacionalistas catalanes, ya que se trata de un impuesto que chocaba de frente con otro de ámbito nacional, incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, y que entra en vigor el 1 de enero.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó las tres razones por las que se interpone el recurso contra ese decreto, sobre el que ha pedido la suspensión. En primer lugar, un Gobierno en funciones, como el de Artur Mas (aún no está formado) no puede crear impuestos; además, no se pueden aprobar nuevos tributos por decreto ley, y por último es el Estado el que tiene reservada la regulación de este tributo, ya que se debe preservar la «unidad de mercado» en todo el territorio nacional.
El Gobierno explica que aunque la ley autonómica catalana que regula el Ejecutivo establece que puede aprobar decretos leyes mientras esté en funciones, en este caso lo hace sobre una materia que modifica el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña, lo cual sí está prohibido por esa misma ley.
Pero el principal punto de fricción se debe a la falta de «lealtad institucional» que deben guardar las administraciones, según Moncloa. La Generalitat se adelanta a regular un aspecto que ya está incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, con efecto desde el 1 de enero, y con una tasa cero. Al coincidir ambos hechos imponibles, el estatal y el autonómico, debe aplicarse la Ley de Financiación Autonómica, que prohíbe esa duplicidad, una vez que la ley estatal entre en vigor.
La Generalitat esperaba recaudar 500 millones de euros con este nuevo impuesto. Al ser desactivado por el Gobierno podría pedir una indemnización por la pérdida de ingresos. Toda una treta legal para plantar cara al Ejecutivo nacional.
Santamaría envió un mensaje al resto de Comunidades que estén pensando aprobar algo parecido. Y en concreto se refirió al Gobierno del Principado de Asturias. «El procedimiento será el mismo que en este supuesto», advirtió. El Gobierno ha solicitado ya el pertinente dictamen del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en tres días hábiles.
Más estabilidad
El mismo día de la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, la vicepresidenta del Gobierno volvía a hacer un llamamiento, desde el Palacio de la Moncloa, a la estabilidad y a trabajar juntos para la salida de la crisis. Cuando fue preguntada si el Ejecutivo podía garantizar a los ciudadanos que no habría referéndum en el año 2014 sobre la independencia de Cataluña, respondió así: «El Gobierno garantiza que cumplirá y hará cumplir la ley».
Santamaría insistió en que éste es un momento «para construir y no para abrir debates que solo generan división entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles en un momento en que, por las circunstancias económicas y sociales que vivimos, deberíamos estar todos muy centrados en salir de la crisis». «Vamos a trabajar para que los catalanes padezcan lo menos posible la crisis», subrayó.
ABC 22/12/12